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Acto Administrativo (10 Gutiérrez) - Coggle Diagram

- - - - Es unilateral, de manera que se distingue del contrato administrativo. El acto administrativo —la resolución— se emite y se impone sin necesidad de que su destinatario manifieste su conformidad con el mismo.
      - Se hace referencia al sujeto que ejerce poder público o a una autoridad administrativa, cuestión que es mucho más específica que la sola referencia a un acto de la Administración.
      - Debe tenerse en cuenta que dentro de una Administración Pública existen autoridades que tienen poder especial para una actuación o una clase de éstas, pero no para todas las que competen al órgano en particular.
      - El AA resuelve un caso concreto, por lo que se distingue de otras actuaciones como las de tipo normativo (reglamento), que regulan un número indeterminado de casos, o de otro tipo de actuaciones que no resuelven, sino que certifican, interpretan, manifiestan, una opinión, pero que no deciden nada en particular. En palabras de Otto Mayer: "El AA es un acto de autoridad que emana de la Administración y que determina frente al súbdito lo que para él debe ser de Derecho en un caso concreto”
        
        En resumen, el concepto de acto-resolución administrativa permite aislar, dentro del conjunto de actuaciones de la Administración, unas medidas específicas y típicas, tanto frente a disposiciones y reglamentos, como frente a los actos de trámite, propuestas, informes, como frente a los contratos, así como frente a las actuaciones materiales o actos reales (derribo de un edificio declarado ruinoso; enseñanza en la Universidad, etc.)
        
        En consecuencia, el acto administrativo puede ser definido como la decisión de la Administración Pública con la que concluye el procedimiento administrativo, y que resuelve, con carácter imperativo y unilateral sobre la aplicación del ordenamiento jurídico respecto de uno o varios casos concretos.
- - - - Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública.
        
        Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones.
        
        El decreto supremo es la orden escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro "Por orden del Presidente de la República", sobre asuntos propios de su competencia.
        
        Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.
        
        Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente.
        
        Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.
        
        Las resoluciones son los actos de análoga naturaleza que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión.
- - - - Esta posición tan particular, pero no por eso carente de fundamento, va en contra del cuasi dogma de distinguir entre acto reglado y discrecional. En efecto, a partir de esta clasificación se señala que existen actos en que la toma de decisiones se ha entregado a la Administración del Estado en forma más amplia, pudiendo ésta optar entre un número de soluciones, todas ellas legales.
      - El punto es que no existiría una categoría de actos discrecionales o reglados 100% puros, sino actos más o menos reglados y actos más o menos discrecionales. O más aún, si la Administración Pública cuenta con un abanico de posibilidades para resolver, siendo ellas válidas bajo el prisma de la norma legal, deberá razonar respecto de los motivos y los fines del acto, los que permitirán que los elementos no reglados del acto y que se tuvieron en cuenta para la dictación del mismo, fueron los que mejor se adecuaban a la situación fáctica a la que se aplica la resolución administrativa.
  - - - Se trata de la resolución que pone fin al procedimiento administrativo y en la que se contiene la decisión de las cuestiones planteadas por los interesados o por la propia Administración Pública (cfr. art. 41 LBPA).
      - La importancia de esta clasificación está dada por la LBPA, puesto que la principal característica de los actos trámite es que no son impugnables, salvo cuando supongan la imposibilidad de continuar con el procedimiento administrativo o produzcan indefensión (art. 15 inc. 2º LBPA). De esta forma y desde la perspectiva de los medios de impugnación, como se puede colegir, sólo son impugnables, en principio, los actos decisorios.
  - - - ØLa importancia principal que en la actualidad se aprecia respecto de esta clasificación se refiere a la procedencia de la revocación como medio de extinción anormal del acto administrativo. Así, el artículo 61 inciso 2º letra a) LBPA establece: "La revocación no procederá en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente "
  - - - Ø Los actos generales deben publicarse (art. 48 LBPA), mientras que los singulares y plurales deben ser notificados personalmente o por carta certificada (art. 45 LBPA).
  - - - Dichas modalidades pueden ser de carácter accesorio, es decir, impuestas por la Administración que resuelve y que son necesarias para no rechazar la solicitud, o para autorizar la actuación sin vulnerar un bien jurídico superior o el principio de legalidad, o modalidades legales, que son aquellas señaladas en la ley e incorporadas expresamente entre las cláusulas de la resolución, sin perjuicio de que ellas puedan regir directamente.
- - - - Competencia : un elemento fundamental radica en que el órgano administrativo tenga atribuida por la ley la competencia para actuar. No obstante, más que elemento propio del acto, este es un presupuesto para la producción del mismo. En cualquier caso, el peso de la doctrina nos hace considerarlo como un elemento del acto administrativo —incluso para muchos el principal, para otros, un elemento de carácter formal— de la resolución administrativa.
        
        Lo anterior se desprende del artículo 7º inciso 1º CPR. Dicha competencia (que es más bien el poder público, la medida de éste es la competencia, haciendo un símil con el Derecho Procesal) es ejercida por una persona que está investida para ejercer dicho poder público, es decir, un funcionario legalmente nombrado.
        
        Para determinar si un órgano administrativo es competente o no para llevar a cabo una determinada actuación, es necesario también considerar los distintos factores que representan los límites de la competencia:
        
        Materia: corresponde al conjunto de ámbitos de actuación que le han sido asignados a un órgano administrativo dentro de la Administración.
        
        Territorio: se refiere al ámbito espacial dentro del cual un órgano determinado puede desarrollar sus funciones y ejercer sus atribuciones.
        
        Grado: es la posición que tiene un órgano administrativo dentro de la cadena jerárquica de la Administración.
      - Contenido: corresponde al elemento objetivo propiamente tal.
        
        El contenido lo podemos entender como la resolución o decisión en sí mismas consideradas y que en la redacción del acto administrativo se encuentra en la parte relativa al "decreto" o "resuelvo". Dicho contenido o elemento objetivo puede ser:
        
        Contenido esencial: sin el cual el acto no existiría.
        
        Además, para que el objeto o contenido del acto administrativo pueda operar como tal, debe ser lícito, posible, determinado o determinable e idóneo o proporcionado.
        
        Contenido natural: se entiende contenido en el acto aunque nada se diga, es propio del acto administrativo en cuanto está en la regulación del Derecho positivo.
        
        Contenido accidental: cláusulas accesorias del acto, que normalmente se traducen en modalidades del mismo, como plazos o condiciones.
  - - - La causa o motivo se puede definir como la razón que justifica cada acto administrativo emanado de la Administración Pública. En ella están incorporados los elementos de hecho que se tuvieron para su dictación (ejemplo: para superar una emergencia sanitaria, se resuelve la destrucción de alimentos contaminados, en tal caso el antecedente de hecho será la aparición de una enfermedad causada por un alimento o de contaminación en los alimentos) como, asimismo, la causa legal justificatoria del acto administrativo (ejemplo: las disposiciones del Código Sanitario que admiten la medida de destrucción de los alimentos).
        
        De acuerdo con el artículo 11 inciso 2º LBPA: " Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos ".
        
        Asimismo, debe tenerse en cuenta que en toda actuación la Administración Pública debe actuar razonable, proporcionada y legalmente habilitada, por lo que la causa o motivo es un elemento que debe expresarse en toda clase de acto administrativo. ( Art. 53, Ley 18.575)
        
        Los motivos en el acto administrativo pueden ser de dos tipos:
        
        — Jurídicos (de Derecho) . Corresponde al conjunto de disposiciones legales y reglamentarias, así como a los principios generales del Derecho Administrativo que aplica la Administración Pública al tomar la decisión y que la apoyan. Desde que la resolución es una decisión de aplicación del ordenamiento jurídico abstracto, la resolución debe contener todas aquellas normas generales y abstractas que aplica.
        
        Frente a la inexistencia o error en los motivos del acto administrativo, en particular de los motivos de hecho, la resolución adolecerá de un vicio de abuso o exceso de poder y podrá ser tachada de arbitraria.
        
        — Fácticos (de hecho) . El conjunto de elementos de hecho que se ha tenido en cuenta en la resolución. Entre éstos se deben considerar las circunstancias que el acto administrativo pretende resolver, llenar o desarrollar. Por ejemplo, un cargo vacante, la resolución de nombramiento de un funcionario, tiene como elemento motivacional fáctico el hecho de que el cargo no se encuentre ocupado por funcionario alguno.
        
        Esta disposición permite sacar múltiples conclusiones a propósito del elemento causal, por lo pronto se debe señalar simplemente que no sólo los actos de contenido negativo o gravamen deben ser motivados, sino que también los de contenido favorable, toda vez que por exigencia del artículo 41 inciso 4º LBPA: Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada .
  - - - La inexistencia o error en este elemento, esto es, dictar el acto administrativo con una finalidad distinta de la perseguida por la ley, conlleva el vicio de desviación de poder. Habrá desviación de poder en los siguientes casos :
        
        Cuando el funcionario actúa con una finalidad personal. Por ejemplo, cuando actúa movido por la venganza, un afán partidista o su lucro personal.
        
        Cuando el funcionario actúa con la finalidad de beneficiar a un tercero. Por ejemplo, si estando habilitado para contratar directamente la prestación de un servicio (sin licitación directa) contrata la empresa de un amigo. O bien, si aplica una sanción administrativa en toda su extensión movido sólo por el afán de perjudicar al competidor de un familiar o amigo.
        
        Cuando actúa con la finalidad de beneficiar a la propia Administración Pública. En principio, este caso de desviación de poder puede parecer extraño, no obstante es exigible a la Administración del Estado que actúe siempre con objetividad (art. 11 LBPA).
  - - - — Forma de producción : el acto debe ser expedido a través de un procedimiento administrativo. Asimismo, deben considerarse las formas en que se manifiesta el acto, como asimismo en que es puesto en conocimiento del interesado, sea por su notificación por carta certificada o su publicación en el Diario Oficial.
      - — Motivación : consiste en la exteriorización de las razones que han llevado a la Administración Pública a dictar un acto. Con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho (arts. 11 inc. 2º y 41 inc. 4º LBPA).
        
        La carga de la motivación corresponde a la Administración que actúa, es a ella a quien corresponde señalar las razones por las cuales adopta una determinada decisión, pero el legislador no le exige que señale todas las razones por las que lo hace, ni que haga un desarrollo extenso de tales razones, basta con que ésta sea sucinta o resumida.
        
        La motivación debe realizarse con referencia a hechos y fundamentos de Derecho. En todo acto administrativo, los hechos, es decir, la realidad en virtud de la cual actúa la Administración Pública, constituyen un dato objetivo no susceptible de ser modificado por la Administración sin caer en una arbitrariedad. Con lo cual siempre la Administración deberá fundar su actuación remitiéndose de modo fidedigno a los hechos en que se apoya.
        
        La motivación debe realizarse con referencia a hechos y fundamentos de Derecho. En todo acto administrativo — incluyendo los discrecionales—, los hechos, es decir, la realidad en virtud de la cual actúa la Administración Pública, constituyen un dato objetivo no susceptible de ser modificado por la Administración sin caer en una arbitrariedad. Con lo cual siempre la Administración deberá fundar su actuación remitiéndose de modo fidedigno a los hechos en que se apoya.
        
        La Administración debe contar con razones de fondo que demuestren que la decisión no se funda en la sola voluntariedad de quien la adopta. Evidentemente será deseable que la Administración señale en la motivación formal las razones técnicas, políticas, económicas o de cualquier índole que la llevaren a tomar esa determinada decisión, sin que la sola circunstancia de su omisión permita afirmar que la decisión es inmotivada y por tanto susceptible de ser anulada.
        
        Lo que ocurrirá en ese caso será que se pondrá de cargo de la Administración el peso de demostrar que el acto cuenta con una motivación sustantiva que justifique la actuación.
        
        La Administración debe contar con razones de fondo que demuestren que la decisión no se funda en la sola voluntariedad de quien la adopta. Evidentemente será deseable que la Administración señale en la motivación formal las razones técnicas, políticas, económicas o de cualquier índole que la llevaren a tomar esa determinada decisión, sin que la sola circunstancia de su omisión permita afirmar que la decisión es inmotivada y por tanto susceptible de ser anulada.
        
        Lo que ocurrirá en ese caso será que se pondrá de cargo de la Administración el peso de demostrar que el acto cuenta con una motivación sustantiva que justifique la actuación.
      - — Impugnación : de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 inciso 4º LBPA, las resoluciones: "Expresarán además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que debieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno "