El 6 de abril de 2009, un terremoto de magnitud 6.3 sacudió la ciudad de L’Aquila, Italia, causando 309 muertes, más de 1.500 heridos y decenas de miles de damnificados. El evento se convirtió en un caso paradigmático no solo por sus consecuencias físicas y sociales, sino también por las implicaciones legales y comunicacionales que derivaron en el juicio contra científicos y funcionarios del Departamento de Protección Civil (DPC).
Los antecedentes muestran que desde enero de 2009 se registraba un enjambre sísmico que generó alarma en la población y fue amplificado por predicciones no oficiales basadas en mediciones de radón. Frente a ello, las autoridades convocaron a la Comisión de Grandes Riesgos (CGR) el 31 de marzo, con el objetivo explícito de “tranquilizar a la población”. Sin embargo, las declaraciones públicas minimizaron el riesgo y transmitieron un mensaje de falsa seguridad, lo que influyó en las decisiones de los habitantes y derivó en pérdidas humanas evitables.