Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, y en gran medida debido al acelerado proceso de industrialización en los países occidentales y a la transformación de las economías agrícolas tradicionales —lo que provocó la desaparición de muchas construcciones vinculadas a ellas— comenzó a surgir en Europa una preocupación creciente por la valoración y protección del patrimonio etnográfico. Las Cartas Internacionales, que habían iniciado una nueva visión sobre la conservación del patrimonio desde la Carta de Atenas (1931), ampliaron progresivamente su alcance. La Carta de Venecia (1964) introdujo el concepto de “sitio histórico” y subrayó la importancia de entender los monumentos dentro de su contexto, especialmente en las ciudades históricas. Más tarde, la Carta de París (1972) definió nociones fundamentales como “patrimonio natural” y “patrimonio cultural”. Posteriormente, la Carta de Amsterdam (1975) reconoció por primera vez la relevancia de la llamada “arquitectura menor”, incorporando la protección de arquitecturas vernáculas, populares y del patrimonio preindustrial. La Carta de Toledo (1985) puso énfasis en la conservación de los centros históricos y de las arquitecturas anónimas que los conforman, mientras que la Carta de México (1999) abordó la relación entre patrimonio y turismo cultural, destacando la necesidad de una gestión sostenible. Finalmente, la Carta de Cracovia (2000) resaltó la importancia de la investigación sistemática, la diversidad cultural y la conservación de los oficios y técnicas tradicionales de construcción. Estas ideas influyeron en documentos posteriores como la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001) y la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), que consolidaron el reconocimiento del patrimonio inmaterial. (Maldonado, L., Vela, F., 2011).