Las normas del derecho no están dispuestas de manera azarosa, sino que se encuentran ordenadas e imbricadas, para funcionar como un sistema jurídico. Para que eso sea posible, las leyes deben tener un rango y una prelación, o sea, deben tener una jerarquía, un alcance determinado y un mecanismo para resolver sus eventuales conflictos con otras ramas del derecho. Las leyes no pueden violentarse o contradecirse entre sí, y, en caso de que eso suceda, debe haber una instancia capaz de resolver el inconveniente.