Una pequeña empresa enfrenta dificultades financieras que le impiden cumplir con los pagos a sus acreedores debido a una situación de liquidez muy débil. Ante esta circunstancia, uno de los acreedores solicita al tribunal la liquidación de la empresa, y dicha orden es concedida.En este caso, la entidad deja de considerarse un negocio en marcha, ya que existe evidencia suficiente para concluir que no podrá continuar con sus operaciones en el futuro. Por lo tanto, la información financiera deberá presentarse bajo la premisa de liquidación, y no bajo la suposición de continuidad operativa.