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Ley 30364 FAM (P4) - Coggle Diagram

- - - - IMPEDIMENTO DE ACERCAMIENTO O PROXIMIDAD A LA VÍCTIMA EN CUALQUIER FORMA. Esto incluye a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios, lugar de esparcimiento u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas de habitual concurrencia, a una distancia idónea, determinada por la autoridad judicial, para garantizar su seguridad e integridad.
      - EL RETIRO DEL AGRESOR DEL DOMICILIO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA VÍCTIMA.
      - PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN CONTRA LA VÍCTIMA VÍA EPISTOLAR, TELEFÓNICA, ELECTRÓNICA; ASIMISMO, VÍA CHAT, REDES SOCIALES, RED INSTITUCIONAL, INTRANET U OTRAS REDES O FORMAS DE COMUNICACIÓN.
    - - LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas. Para lo cual debe tener un mapa gráfico y georeferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas.
      - La Policía Nacional del Perú u otras entidades encargadas de ejecutar la medida de protección remiten al Juzgado de Familia un informe sobre la ejecución de la medida, dentro de los QUINCE (15) DÍAS CONTADOS DESDE LA FECHA EN QUE FUE NOTIFICADA.
      - En casos de riesgo severo, dicho informe debe ser remitido dentro de los CINCO (5) DÍAS CONTADOS DESDE LA FECHA EN QUE FUE NOTIFICADA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN.
    - - El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete DELITO DE RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD PREVISTO EN EL CÓDIGO PENAL.
      - También comete delito quien REHÚSA O RETARDA ALGÚN ACTO A SU CARGO en los procesos originados por estos hechos.
- - - - Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y respetados y a estar libre de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de INFERIORIDAD Y SUBORDINACIÓN.
    - - La JUSTIFICACIÓN DE LAS INASISTENCIAS Y TARDANZAS AL CENTRO DE TRABAJO derivadas de dichos actos de violencia, constituye derechos laborales.
      - Para tal efecto, se consideran documentos justificatorios la denuncia que presente ante la dependencia policial o ante el MINISTERIO PÚBLICO.
      - El Juez a cargo del proceso puede, a pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, CONCEDER HASTA UN MÁXIMO DE 5 MESES CONSECUTIVOS DE SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES.
    - - El Estado debe brindar ASISTENCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN SU PROPIA LENGUA de manera gratuita e inmediata.
      - Si una víctima de violencia requiere hospitalización y medicamentos, estos servicios deben ser cubiertos por el Estado: SÍ, DE MANERA GRATUITA EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL.
      - La atención a víctimas de violencia en programas sociales está condicionada al CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE Y CRITERIOS ESTABLECIDOS.
      - La persona víctima de la violencia tiene derecho a la ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DE LAS SECUELAS DE LA VIOLENCIA, DE MODO QUE EL SERVICIO EDUCATIVO RESPONDA A SUS NECESIDADES SIN DESMEDRO DE LA CALIDAD DEL MISMO.
- - - - Estas entidades están obligadas a informar, bajo responsabilidad, a las víctimas sobre sus derechos y mecanismos de denuncia.
    - - Es obligación de LOS GOBIERNOS LOCALES IMPLEMENTAR, EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, SERVICIOS DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN PARA VARONES Y PERSONAS AGRESORAS.
    - - En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, los juzgados penales deben pronunciarse en la sentencia condenatoria acerca del tratamiento especializado para el agresor que no cumpla pena PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.
    - - El CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, BAJO LA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES, tiene como objetivo contribuir a la intervención articulada y multidisciplinaria a través de un sistema integral continuo de especialización y perfeccionamiento de los operadores en el rol que le compete en la lucha integral contra la violencia.