La Ley 594 de 2000, conocida como la Ley General de Archivos, tiene como objeto establecer los principios y normas que regulan la función archivística del Estado colombiano, asegurando la correcta administración de los documentos públicos y privados con valor institucional o histórico.
En cuanto a su ámbito de aplicación, esta ley cobija a todas las entidades de la administración pública en los niveles nacional, departamental, distrital, municipal y local así como a las entidades privadas que cumplen funciones públicas, garantizando una gestión documental uniforme y eficiente en todo el país.