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Silencio Administrativo - Coggle Diagram

- - - - La Administración debe actuar conforme a la ley y al derecho.
    - - La Administración está obligada a resolver en tiempo determinado para evitar indefensión.
    - - Artículo 259 de la Constitución, que establece la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para anular actos administrativos contrarios a derecho, incluyendo la falta de respuesta.
    - - Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que regulan el procedimiento y control judicial de actos administrativos
  - - - Se produce cuando la falta de respuesta de la Administración se interpreta como una resolución desfavorable para el solicitante.
      - Efecto: Rechazo tácito de la solicitud.
    - - Se produce cuando la falta de respuesta se entiende como una aceptación o aprobación tácita de la solicitud.
      - Efecto: La solicitud se considera aprobada o concedida por el mero transcurso del plazo sin respuesta.
        
        Ejemplos legislativos
        
        Leyes que establecen expresamente que el silencio administrativo será positivo en ciertos procedimientos, como en materia de licencias, permisos o autorizaciones específicas, para garantizar agilidad y seguridad jurídica.
        
        Normativas sectoriales que regulan el silencio positivo para fomentar la inversión o simplificar trámites administrativos.
  - - - La Constitución establece que la Administración Pública está obligada a decidir en los procedimientos que se le plantean, dentro de los plazos legales, para garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta.
        
        La falta de decisión puede ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa por contrariedad a derecho (ilegalidad o inconstitucionalidad).
    - - Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: establece plazos y procedimientos para que la Administración emita decisiones.
        
        Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: regula el control judicial de la omisión o silencio administrativo.