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Modelo Jurídico Político del Estado Ecuatoriano (Artículo 1), Deberes…
Modelo Jurídico Político del Estado Ecuatoriano (Artículo 1)
Este artículo establece que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, con un modelo social y democrático. Esto implica que:
La Constitución es la base fundamental de la organización del Estado y todas sus instituciones.
La justicia y el respeto a los derechos humanos son ejes centrales en la actuación del Estado.
Se promueve la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y en el control de los actos de la administración pública.
La organización política está orientada a garantizar el bienestar y la igualdad de todos los ciudadanos, favoreciendo la equidad y la inclusión social.
Deberes Primordiales del Estado (Artículo 3)
Este artículo define los deberes básicos que el Estado ecuatoriano debe cumplir, que incluyen:
Garantizar el respeto y ejercicio de los derechos de los ciudadanos, lo cual implica establecer mecanismos para proteger derechos fundamentales como la salud, educación, y seguridad.
Promover el desarrollo sostenible a nivel económico, social, y ambiental, asegurando que los recursos se utilicen de manera responsable y sostenible.
Mantener la paz y la seguridad dentro del territorio ecuatoriano, protegiendo a los ciudadanos y manteniendo el orden social.
Titulares de los Derechos (Artículo 10)
Aquí se especifica quiénes son los beneficiarios de los derechos consagrados en la Constitución:
Los derechos son universales y aplican a todas las personas en el territorio ecuatoriano, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.
Se prioriza la inclusividad y la igualdad, reforzando que todos los ciudadanos y personas dentro del territorio tienen el mismo derecho a ser protegidos y beneficiarse de los derechos constitucionales.
Principios de Aplicación de los Derechos (Artículo 11)
Este artículo define los principios para la implementación de los derechos, asegurando que:
Los derechos se apliquen de manera eficaz y progresiva, es decir, el Estado debe garantizar que cada vez más personas puedan acceder a sus derechos, mejorando continuamente el alcance y la calidad de estos.
Existe una prohibición de discriminación en la aplicación de derechos, reafirmando la igualdad como principio rector.
Cualquier restricción a los derechos debe estar justificada y enmarcada dentro de la ley, lo cual garantiza que los derechos no sean vulnerados arbitrariamente.