En el Juicio ordinario existen plazos específicos para la presentación de documentos, pruebas, y demás actuaciones procesales, que deben ser respetados para garantizar la validez del proceso.
Por ejemplo, el demandante puede tener un plazo de 30 días para presentar pruebas después de la contestación, y el juez debe emitir sentencia dentro de un plazo razonable, a menudo 30 días después de concluido el juicio.
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