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Ejecución de sentencias contra el Estado - Coggle Diagram

- - - - Luego del precedente Pietranera, la cantidad de sentencias contra el estado aumentó año tras año. Por lo cual surgieron medidas restrictivas
        
        Decreto 679/88 restringió las ejecuciones contra el estado. Dejaba un amplio margen de discrecionalidad a la AP para dar cumplimiento a las sentencias segun su conveniencia. Sirvió de antecedente para la Ley de Emergencia 23.696, que suspendió por dos años la ejecución de sentencias contra el estado
        
        Decretos 34/91 y 53/91 suspendieron el tramite de todos los procesos judiciales contra el estado
        
        Ley 23982, instauró un regimen de consolidación del pasivo estatal y sentó las bases legislativas para obtener el cobro de creditos segun se encuentren o no consolidados
        
        Ley 24447, estableció la caducidad de las demandas contra el estado que no cumplieren con requisitos especificos
  - - - Debe ser una sentencia de condena
      - Debe ser firme y consentida
        
        Se encuentra consentida cuando la resolución no fue recurrida por las partes o cuyo recurso resulto ineficaz
        
        Resulta ejecutoriada cuando, habiendose interpuesto y resuelto el recurso, fue confirmada en la instancia superior y no median remedios procesales para impugnarla
        
        Excepción: supuestos donde se puede recurrir una sentencia que no este firme y consentida
        
        Se autoriza la ejecución parcial de la sentencia pendiente de recurso ordinario y/o extraordinario, en la que quedó firme
        
        Se habilita a quien interpone un recurso extraordinario ante la CSJN a solicitar la ejecución de la sentencia de segunda instancia, si es que se resolvió confirmar la dictada en primera instancia
- - - - El PJ no puede sustituir a la AP en el ejercicio de sus funciones. Por ende se encuentra limitado a la hora de imponerle una condena que no sea dar una suma de dinero
        
        Condena de hacer, rige el principio del art 7 de la ley 3952. Una vez firme la sentencia, a solicitud del administrado, la AP debe indicar el plazo en que la cumplirá, sino lo hiciere, el juez podrá fijarle un plazo razonable. En caso de incumplimiento de la sentencia se aplicarán sentencias conminatorias o la posibilidad de obtener la ejecución por un 3ero, a costas del Estado. La condena muta en una obligación de dar dinero
        
        Condena de no hacer, en caso de incumplimiento el particular podrá solicitar la restitución de las cosas a su estado anterior. Muta en la obligación de hacer
  - - - Ley 23982: art 22.A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo.
      - Ley 24624, art 19. Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Publico, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos.
      - Ley 11672, art 132. En el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las jurisdicciones y entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo incorporar en sus respectivos anteproyectos de presupuesto el requerimiento financiero total correspondiente a las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos que anualmente la Secretaría de Hacienda establezca para la elaboración del proyecto de presupuesto de la administración nacional.