*La estrategia para la primera infancia debe ser vista como una prioridad política y social, no solo por ser una responsabilidad ética y moral, sino también por ser una inversión estratégica que asegura un futuro prometedor para nuestras sociedades.
*Al vincular esta estrategia con un sólido marco legal y política pública, se establecen las bases para proteger y promover los derechos de la infancia, alineando acciones con los compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Es esencial que los diferentes actores involucrados -gobierno, sociedad civil, sector privado y comunidades- trabajen de manera coordinada y colaborativa para maximizar el impacto de las intervenciones y asegurar resultados sostenibles a largo plazo.
