La Constitución de 1998 se centra en la estabilidad macroeconómica, la eficiencia y la sostenibilidad fiscal, con un Banco Central autónomo y un enfoque limitado en la participación ciudadana. Por otro lado, la Constitución de 2008 prioriza el gasto social y la redistribución de la riqueza, promueve la descentralización y la participación ciudadana en la formulación del presupuesto, y permite una mayor flexibilidad fiscal, con un Banco Central bajo la dirección del gobierno central.