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EL CONTROL JUDICIAL DE LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA - Coggle Diagram

- - - - Todos los elementos de la conducta administrativa hayan sido prefijados por la norma jurídica, de tal manera que ante un presupuesto jurídico o de hecho claramente establecido en la norma (motivo), estará dispuesta una decisión o actuación también definida (contenido), con el objetivo de alcanzar un resultado predeterminado por el propio Ordenamiento (fin)133.
    - - cuando esos elementos no están bien definidos, o lo están de manera imprecisa, puede decirse que hay un margen de elección o de valoración para concretar laconducta específica, y en ese sentido , hay discrecionalidad, sin perjuicio de lo que adelante se
        dirá de manera más detallada.
  - - - discrecionalidad legislativa
        
        El poder legislativo, al elaborar la ley, es posiblemente el que goza de mayor margen de maniobra en este aspecto. La discrecionalidad legislativa está limitada únicamente por las normas positivas supralegales, encabezadas por la Constitución, y por aquellas reglas que, aunque no estén codificadas, son fundamentales para el Estado de Derecho y los derechos humanos, así como los principios generales del Derecho.
      - discrecionalidad jurisdiccional
        
        La discrecionalidad juridiccional, en contraste, está sujeta a márgenes específicos de ejercicio, determinados no solo por los aplicables al legislador, sino también por todos los límites dentro del ámbito de la legalidad, y por ende, del pleno Ordenamiento Jurídico. Sin embargo, paradójicamente, aunque se enmarque al poder judicial dentro de un conjunto predeterminado de normas legales, es necesario reconocer que dentro de este marco, disfruta de amplios criterios interpretativos igualmente válidos, que son simplemente manifestaciones de su discrecionalidad.
      - Discrecionalidad administrativa
        
        Nos encontramos con lo que podríamos llamar discrecionalidad administrativa, el tema específico de nuestra discusión. En este ámbito, el Juez de lo Contencioso Administrativo ejerce su poder de supervisión judicial, ya que esta discrecionalidad es parte inherente de la función administrativa y, por lo tanto, está sujeta a control. Es importante destacar que discrecionalidad y arbitrariedad no son conceptos equivalentes; de hecho, toda acción legal o autorizada por el derecho se opone a la arbitrariedad.
  - - - Ejemplos de esto incluyen la libre designación y remoción de ministros por el Presidente de la República, así como la separación de funcionarios durante procesos de reestructuración administrativa.
    - - Diversos niveles de intensidad
        
        Instrumentales, o si se quiere débiles
        
        Discrecionalidad administrativa de carácter jurídico:
        
        Conferir administrativamente un plazo no establecido en la ley.
        
        Establecer condiciones o garantías en un cartel.
        
        Fijar requisitos legales para el otorgamiento de una autorización o licencia.
        
        Estipulación reglamentaria de bandas jurídicas dispuestas en forma genérica en la ley.
        
        Concreción de un concepto jurídico indeterminado esencial para la correcta aplicación de una regla jurídica predeterminada.
        
        Discrecionalidad técnica:
        
        Ponderación de factores en campos regidos por la ciencia o técnica (por ejemplo, medicina, ingeniería, química, economía).
        
        Componente imprescindible para la toma de decisiones, aunque se elija bajo parámetros auxiliares del Derecho.
        
        Ponderación política
        
        Discrecionalidad administrativa con elevada ponderación política.
        
        Criterios técnico-jurídicos o de cualquier otra categoría relegados.
        
        Decisiones vinculadas con política-programática.
        
        Amplio margen de libertad para el funcionario o representante.
        
        Decisión de primer orden, alcanzando aspectos primarios.
        
        Ejemplos: estructuración y dotación de recursos financieros, identificación de necesidades públicas y diseño de políticas.
        
        Decisiones primarias o globales en reestructuración institucional.
        
        Jurisprudencia mayoritaria centrada en revisión de requisitos formales.
- - - - Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa, como función del Poder Judicial y con el objeto de proteger a toda persona en el ejercicio de sus derechos administrativos, cuando éstos fueren lesionados por disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder Ejecutivo o sus funcionarios, las Municipalidades y toda institución autónoma o semiautónoma del Estado, actuado como persona de derecho público y en uso de facultades regladas”
      - Restricciones fundamentale
        
        a) se limitaba la protección a “los derechos administrativos” sin que se definiera nunca el alcance del giro en cuestión, a mas de que se excluían los derechos no administrativos, nacidos en el seno del Derecho Privado y los intereses legítimos
        
        b) Se dejaba de lado la función administrativa
        ejercida por los otros Poderes que no fuera el Ejecutivo y por los entes públicos no estatales.
        
        c) Se excluía el control de la conducta administrativa ajena a las disposiciones administrativas, es decir, los actos concretos, los servicios públicos, las actuaciones materiales, y particularmente la inactividad administrativa.
        
        . d) Por último, se excluía el control de la discrecionalidad administrativa, pues aquél se restringía al “uso de facultades regladas”, restricción esencial, que como dijo don Eduardo, “reducía a nada la jurisdicción contenciosa”.
      - “Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público. La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados”
        
        Se introduce un nuevo modelo de justicia contencioso administrativa. Mantiene la base objetiva en la legalidad de la función administrativa. Se orienta hacia criterios subjetivos, enfocándose en la protección de derechos subjetivos e intereses legítimos. Construye un modelo mixto o predominantemente subjetivo.
        
        Implementa un control universal sobre todas las acciones de la Administración Pública.Incluye actos concretos, disposiciones generales, actuaciones materiales y omisiones administrativas. Toda conducta administrativa está sujeta al control del Juez de lo Contencioso.
        
        Incluye a toda la Administración Pública, cualquier o ente público está cubierto por el alo de lo contencioso
        
        Amplía la protección a cualquier derecho lesionado, no solo administrativo. Se extiende a cualquier persona, sea pública o privada, física o jurídica, nacional o extranjera. Ordena la protección del interés legítimo sin condiciones adicionales. Otorga un carácter sustantivo y material a la protección de los intereses legítimos. Implica repercusiones procesales y de fondo significativas, como la posibilidad de indemnización por conducta antijurídica.
        
        El nuevo proceso contencioso-administrativo garantiza y protege contra cualquier función administrativa sin restricciones. Cubre el control de las potestades regladas y discrecionales. Se elimina conscientemente la frase "uso de facultades regladas" del artículo original 49.
        
        La jurisdicción es un atributo del Poder Judicial, consagrado constitucionalmente. También se le confiere un núcleo competencial exclusivo: garantizar la legalidad de la función administrativa.
    - - artículos 15 y 16 de LGAP
        
        la discrecionalidad no implica arbitrariedad, y que por ende está sometida al Derecho, por
        lo que es plenamente susceptible del control jurisdiccional
        
        “Artículo 15.- 1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. 2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto discrecional implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. 2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto discrecional y sobre la observancia de sus límites.
        
        Artículo 16.- 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad” (el subrayado no es del original).
    - - Control amplio de la discrecionalidad administrativa:
        
        Artículos relevantes del Código: 20, 36.b), 42.f), 122.f), 127 y 128.
      - Función del Juez:
        
        No limitado a fiscalización superficial.
        
        Garantía de la legalidad de las acciones públicas.
      - Obligación del Juez:
        
        Garantizar y hacer cumplir mandatos en resguardo de derechos e intereses legítimos lesionados.
      - Enclave de inmunidad para la Administración frente al Derecho:
        
        Ejemplo de infracciones legales en un conflicto entre individuo y administración.
      - Intervención del Juez:
        
        Establecimiento de conducta debida, según fallo jurisdiccional firme.
        
        No sustituye a la administración, sino que ejecuta o vela por el cumplimiento del derecho declarado en sentencia firme.
      - Ratificación del sometimiento de la Administración al Derecho mediante un control intenso.
      - Ineficacia de la tutela judicial efectiva:
        
        Implicaciones de dejar al lesionado sin protección legal efectiva.
        
        Interrogante sobre la necesidad de la jurisdicción contenciosa.
        
        Argumentos contra la incursión judicial en la discrecionalidad administrativa:
        
        Posible violación de la separación de poderes.
        
        Crítica de "suplantación" o "sustitución" indebida, creando un "Gobierno de Jueces".
        
        Obligaciones y facultades del Juez:
        
        Último contralor del Derecho, encargado de interpretar y aplicar la ley.
        
        Obligación de proteger a toda persona frente a lesiones por conducta pública.
        
        Garantía y ejecución de fallos y derechos declarados, según la Constitución.
        
        Control de la discrecionalidad administrativa:
        
        No infringe la distribución de funciones.
        
        Intervención del Juez solo en caso de conflicto llevado a los tribunales.
        
        Fiscalización dentro del marco de la juricidad, con proceso previo iniciado por parte afectada.
        
        Importancia del control judicial de la discrecionalidad:
        
        Necesidad de precisar los diversos fenómenos relacionados con este instituto.
- - - - Posibilidad de que una demanda inicialmente discrecional se vuelva reglada por circunstancias y pruebas presentadas durante el proceso.
    - - Capacidad para emitir la declaración jurídica requerida cuando desaparece la discrecionalidad.
      - Ejemplo: imposibilidad de sustituir un acto administrativo final cuando el procedimiento aún está en curso.
    - - Pérdida de la discrecionalidad al finalizar el proceso cuando la solución para la controversia es única.
      - Relevancia para los poderes del Juez en caso de condena a una conducta concreta.
    - - Autorización al Juez para imponer la conducta debida cuando la discrecionalidad desaparece durante el proceso.
      - Habilitación para prohibir la reiteración de la conducta invalidada en el caso específico.
    - - Evita futuros incumplimientos por parte de la Administración.
  - - - Descripción del margen residual de discrecionalidad conservado por la Administración después de la sentencia.
      - Posibilidad del juez para fijar límites y reglas para el ejercicio de esta discrecionalidad residual.
    - - Descripción de la opcionalidad como un residuo de discrecionalidad que permite a la Administración diversas opciones para el cumplimiento de la sentencia.
      - Condicionalidad de la opcionalidad respecto al incumplimiento de la sentencia por parte de la Administración.
    - - Posibilidad del juez de intervenir directamente si la Administración se niega a ejercer la discrecionalidad ordenada por el fallo judicial.
      - Implicaciones legales de la renuencia de la Administración en el ejercicio de su discrecionalidad.
    - - Poder del juez para imponer o ejecutar directamente una conducta administrativa específica y debida en casos de:
      - a) Ejercicio de potestades regladas.
      - b) Reducción de la discrecionalidad a cero durante el proceso.
      - c) Renuencia reiterada para la adopción de la conducta debida.
      - d) Renuencia reiterada para dictar o realizar la conducta correcta, incluso dentro de los plazos, límites y mandatos establecidos por el juez.
- - - - Eficiencia: Implica que las decisiones administrativas deben buscar el logro de los objetivos de manera óptima, utilizando los recursos disponibles de la mejor manera posible para alcanzar los resultados deseados.
      - Razonabilidad: Las acciones administrativas deben basarse en la lógica y el sentido común, evitando actuaciones que carezcan de justificación o que sean excesivamente arbitrarias.
      - Racionalidad: Similar a la razonabilidad, se refiere a que las decisiones deben estar fundamentadas en argumentos sólidos y coherentes, evitando arbitrariedades o decisiones sin justificación.
      - Lógica: Las actuaciones administrativas deben ser coherentes y seguir un razonamiento lógico, evitando contradicciones internas o decisiones que no estén respaldadas por una secuencia lógica de ideas.
      - Justicia: Implica que las decisiones administrativas deben ser equitativas y respetar los derechos de todas las partes involucradas, evitando discriminaciones o tratos injustos.
      - Reglas unívocas de la ciencia o de la técnica: Se refiere a que las decisiones administrativas deben basarse en principios científicos o técnicos reconocidos y aceptados, asegurando que estén respaldadas por conocimientos sólidos y verificables.
      - Derechos del particular frente a la administración: Las decisiones administrativas no deben vulnerar los derechos de los individuos o entidades afectadas por dichas decisiones, garantizando un trato justo y respetuoso hacia ellos.
      - Conveniencia: Aunque hay cierta controversia sobre este límite, se refiere a que las decisiones administrativas deben tener en cuenta aspectos de conveniencia pública, aunque esto puede ser subjetivo y difícil de definir de manera objetiva.