Enumera los derechos de los administrados, como la precedencia en la atención del servicio público, el acceso a la información contenida en los expedientes, y la participación responsable en la prestación y control de los servicios públicos, entre otros. Asimismo, establece los deberes generales de los administrados, como colaborar en el esclarecimiento de los hechos y abstenerse de formular pretensiones ilegales