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Las garantías a nivel internacional y nacional - Coggle Diagram

- - - - Garantías genéricas
        
        Son aquellos mecanismos que atienden, en abstracto, a evitar que la actuación,también general y abstracta de los poderes públicos pueda redundar en un desconocimiento o vulneración de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, o en un menoscabo del contenido mínimo que la norma constitucional atribuye a dichos derechos. En razón de ese carácter general y abstracto, se ha denominado a estos mecanismos garantías genéricas.
        
        Su objeto fundamental es evitar que las normas de rango inferior a la Constitución que desarrollen derechos fundamentales despojen a éstos del contenido y la eficacia con que la Constitución pretende dotarlos. El destinatario de estas garantías, pues, no es tanto el ciudadano individual como la colectividad.
    - - El reconocimiento de los derechos fundamentales en la Constitución es una primera garantía de su protección. El artículo 68 hace énfasis en la vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales,pero es igualmente cierto que todos debemos velar por su respeto y protección.
    - - La Constitución encomienda al legislador el desarrollo del contenido y la fijación de los límites delos derechos fundamentales. En consecuencia, el Poder Ejecutivo
        no puede regular estas materias de manera directa. Interviene, ciertamente, a través de reglamentos, pero siempre dentro del marco legal correspondiente. En otras palabras, solo una norma con rango de ley emanada del Congreso Nacional puede regular el ejercicio de los derechos fundamentales, mientras que a colaboración reglamentaria debe darse de conformidad con la ley.
    - - El legislador no puede regular los derechos fundamentales a su antojo, sino que se sujeto a ciertos límites. Uno de ellos es el respeto de su contenido esencial. Con esto se pretende garantizar que en los derechos fundamentales exista un contenido material intangible. En definitiva, aunque el legislador dispone de cierto margen de actuación en la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales, debe hacerlo respetando su contenido esencial.
    - - La razonabilidad implica que para que una medida sea constitucional es preciso un cierto contenido de justicia.A la hora de regular los derechos y las garantías fundamentales, el legislador debe respetar también el principio de razonabilidad, como ordena el artículo 74.2 de la Constitución. El principio de razonabilidad está unido a la idea de justicia. La ley «sólo puede ordenar lo que es justo y útil parala comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica» (artículo 40.15).
    - - La modificación de cualquier artículo o disposición constitucional está sujeta a un procedimiento especial y distinto del que se aplica para la adopción de las leyes. Sin esta garantía, la Constitución sería una ley más porque su carácter de norma suprema del ordenamiento jurídico tendría valor meramente formal.
  - - - El Defensor del Pueblo «es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria». Desempeña un rol de gran relevancia en la protección de los derechos fundamentales e intereses colectivos y difusos, «en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos» (artículo 191).
    - - La Constitución también le asigna las tareas de defender el interés público tutelado por la ley y de disponer la protección de víctimas y testigos a el Ministerio Público en el sistema de justicia y le asigna como responsabilidades formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Además,dirige el funcionamiento del sistema penitenciario y ofrece a la ciudadanía algunos servicios jurídicos administrativos, como, por ejemplo, la emisión de certificaciones de no antecedentes penales.
    - - La Defensa Pública es otra de las instituciones del sistema de justicia provista de autonomía administrativa y funcional. Se encarga de brindar servicios de defensa legal gratuita a través de un cuerpo de abogados que se denominan defensores públicos. En principio, este servicio está dirigido a personas privadas de libertad o vinculadas a un proceso judicial en materia penal que carecen de un abogado privado por no contar con los recursos económicos necesarios o por cualquier otra causa.
  - - - La tutela judicial efectiva se vincula al derecho fundamental que tienen las personas de dirigirse a los tribunales para que protejan los derechos que les corresponden. Los tribunales, a su vez, están llamados a resolver los conflictos sometidos a su consideración dentro del ámbito de competencias que les confieren la Constitución y las leyes.
    - - El control de constitucionalidad es una garantía esencial de la Constitución porque permite verificarla compatibilidad entre ella y las normas infra constitucionales.Representa una herramienta imprescindible para garantizar la supremacía de la Constitución Existen dos sistemas tradicionales de control de constitucionalidad: el difuso y el concentrado. En nuestro país ambos coexisten.
        
        El control difuso está a cargo de los tribunales que conforman el Poder Judicial y también es ejercido por el Tribunal Superior Electoral en el marco de sus competencias. Permite a los jueces de estos órdenes declarar inaplicable una norma en un caso concreto por entender que la misma es contraria a la Constitución. Puede ejercerse de oficio o a petición de parte. La decisión tomada solo tendrá consecuencias para el caso en cuestión. Por tanto, si estamos en un proceso judicial y entendemos que una norma involucrada en el caso es
        inconstitucional, así podemos invocarlo ante el juez.
        
        El control concentrado reside exclusivamente en el Tribunal Constitucional. Permite que este pueda declarar inconstitucional una norma de rango inferior a la Constitución que es contraria a ella. A diferencia de lo que sucede en el control difuso, cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una norma, su decisión tiene efectos para para todo el mundo y la norma deja de formar parte del ordenamiento jurídico.
    - - Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.
        
        Amparos especiales
        
        El hábeas data
        
        El hábeas data protege el derecho a la autodeterminación informativa,referido
        en el artículo 44.2 de la Constitución. Muchos de nuestros datos constan en registros y bancos de datos públicos o privados. Pues bien, tenemos derecho a conocer su existencia y a acceder a los mismos. Y, en el caso de que sean falsos o afecten ilegítimamente a nuestros derechos, podemos interponer una acción de hábeas data.A través de esta acción, podemos solicitar ante el tribunal correspondiente la actualización, suspensión, oposición al tratamiento, rectificación, confidencialidad o destrucción de las informaciones que incidan sobre nuestros derechos de manera ilegítima.
        
        El hábeas corpus
        
        La Constitución indica en su artículo 71 que esta acción judicial puede ser
        interpuesta por cualquier persona «privada de su libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable». Y el artículo 63 de la Ley 137-11 impone al juez o tribunal competente la obligación de conocer y decidir sobre la reclamación de manera sencilla, efectiva, rápida y sumaria. Según ese mismo artículo 63, la acción de hábeas corpus se rige por el Código procesal penal y «no puede ser limitada o restringida cuando no exista otra vía procesal igualmente expedita para la tutela de los derechos garantizados por esta vía procesal».
    - - Los procesos y procedimientos jurisdiccionales en materia constitucional deben caracterizarse por su accesibilidad e informalidad. Esto significa la ausencia de obstáculos y formalismos innecesarios que incidan irrazonablemente sobre el acceso y la oportunidad de la justicia o la tutela judicial efectiva (artículos 7.1 y 7.9). Asimismo, la celeridad implica que estos procesos deben resolverse dentro de los plazos previstos y sin demora innecesaria (artículo7.2).
        
        El principio de gratuidad, tiene una relevancia particular. Supone que «la justicia constitucional no está condicionada a sellos, fianzas o gastos de cualquier naturaleza que dificulten su acceso o efectividad y no está sujeta al pago de costas, salvo la excepción de inconstitucionalidad cuando aplique» (artículo 7.6.).
        
        Otro de los principios clave en la justicia constitucional es la oficiosidad. En este sentido, los jueces están obligados a adoptar de oficio las medidas que
        permitan garantizar la supremacía de la Constitución y el pleno goce de los derechos fundamentales. Ello a pesar de que «no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente» (artículo 7.11).
        
        Otro de los principios es el de favorabilidad. Implica que los derechos
        fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se garantice su máxima efectividad para proteger al titular del derecho. Si existe conflicto entre las normas del bloque de constitucionalidad, entonces debe prevalecer aquella que resulte más favorable a quien se ha vulnerado el derecho. Más aún, en caso de que la más favorable sea una norma jerárquicamente inferior a la Constitución, es esta la que debe ser considerada y aplicada.
        
        El principio de interdependencia significa que la validez de las normas
        infra constitucionales está sujeta a su compatibilidad con el bloque de constitucionalidad. Por ello, el control de constitucionalidad ha de realizarse tomando como referencia dicho bloque.
        
        El principio de vinculatoriedad, por su parte, implica que las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que realicen los tribunales internacionales en materia de derechos humanos son vinculantes para los poderes públicos y órganos del Estado dominicano (artículo 7.13).
        
        La infracción de la Constitución se encuentra sancionada con la nulidady que está prohibida su subsanación o convalidación. Es el principio de inconvalidabilidad (artículo7.7).
  - - - En este acuerdo internacional los Estados se comprometieron a respetar y hacer efectivos los derechos humanos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Los principales órganos de las Naciones Unidas son: La Asamblea General,el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Estos
        órganos son esenciales para que la organización pueda cumplir sus propósitos.
    - - Esta organización internacional (de ámbito regional) tiene como propósitos alcanzar un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad y defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados americanos. La Organización de los Estados Americanos también desempeña un papel muy importante en la promoción y protección de los derechos humanos.