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Protección Animal, HECHOS …

- - - - Una vez ubicado el oso Chucho en el Zoológico de Barranquilla, el señor Luis Domingo Maldonado presentó una acción de habeas corpus en favor de Chucho, al considerar que su permanencia en dicha institución generaría su cautiverio indefinido, permanente e irreversible, situación esta que resultaría incompatible con el derecho del oso a vivir en su medio ambiente y en condiciones propias de su especie. Como fundamento de su requerimiento invocó el artículo 30 de la Constitución Política.
        
        ¿Por qué es considerado un caso dificil?
        
        1-No puede ser determinada por los estandares juridicos existentes, no es un caso rutinario
        Se sostuvo que el debate trasciende lo meramente jurídico, -la procedencia de una acción de habeas corpus para la protección del derecho a la libertad de un animal, la existencia o no de una vía de hecho-; pues la decisión que se adopte tendrá efectos en un ser vivo, “y es deber de la Corte garantizar que, más allá de la herramienta jurídica adelantada para su protección (…), el sujeto que se pretende proteger efectivamente sea amparado
        
        2-Se pueden encontrar más de un punto de equilibrio entre las exigencias contrapuestas
        En este sentido, se consideró que es necesario evaluar cuál es el lugar más apropiado que garantice la rehabilitación de la fauna silvestre reproducida en cautiverio o extraída de su hábitat, para determinar en dónde debe permanecer Chucho y evitar condenarlo a vivir en condiciones indignas por la negligencia humana.
        
        3-Mayor labor interpretativa que la simple
        La sentencia muestra la complejidad de aplicar y debatir entre los magistrados los instrumentos legales tradicionales, como el hábeas corpus, a situaciones relacionadas con animales.
        
        4-Se precisa la utilización de mecanismos como la proporcionalidad,y ponderación El deber de protección animal tiene un contenido normativo vinculante indiscutible, cuya aplicación, tanto para el Legislador como para los jueces, exige de ejercicios de valoración de la razonabilidad y proporcionalidad. Se recalcó que al aceptar la procedencia de mecanismos constitucionales como la acción de tutela o el habeas corpus debe recordarse que ningún derecho es absoluto, y que siempre media una ponderación de carácter judicial para resolver cada caso concreto.
        
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        Dice la teoria de Atienza que los casos dificiles existen cuando la cuestión en litigio no puede ser determinada por los estándares jurídicos existentes (Atienza, 1997).Son casos en los que se puede encontrar más de un punto de equilibrio entre exigencias contrapuestas, motivo por el cual se exige labor interpretativa aún mayor que la simple subsunción de una norma, haciéndose inevitable la utilización de mecanismos como la ponderación
- - - - El profesor Atienza (1991) acertadamente señala que “la práctica del Derecho consiste de manera fundamental en argumentar”
        
        Propone 3 tipos de decisiones juridicas 1. Las razonables pero no estrictamente racionales 2.Las razonables y estrictamente racionales 3.Las no razonables
        
        Racional : tiene que ver con la cuestion procedimental y la Razonable con lo que es aceptable moral y socialmente en la sociedad
- - - - El alcalde de Bogotá realizo una consulta popular, en la que se decidiría si los ciudadanos estaban de acuerdo o no en que se realizaran corridas de toros y novilladas en Bogotá, posteriormente el concejo de Bogotá rindió concepto favorable a la iniciativa del alcalde y remitió dicho concepto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que efectuara el estudio de constitucionalidad de la convocatoria popular. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determino que si se ajustaba a la constitución política y en consecuencia el alcalde profirió el decreto 334 de 2015 por medio del cual se convocaba a los ciudadanos a participar en una consulta popular en el distrito capital.
        El 23 de septiembre de 2015, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tuteló los derechos fundamentales invocados y dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El Consejo de Estado consideró que la providencia atacada había incurrido en un desconocimiento del debido proceso por violación del precedente judicial especificado en las providencias A-025 de 2015, T-296 de 2013, C-889 de 2012 y C-666 de 2010 de esta Corte Constitucional.
        En razón a que el Alcalde de Bogotá se extralimitó en el ejercicio de su competencia e invadió la esfera reservada al Congreso de la República. : :
        
        En segunda instancia, el 22 de octubre de 2015 la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia.
        En cumplimiento de los fallos de primera y segunda instancia, el 6 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, profirió fallo de reemplazo en el que declaró “inconstitucional la iniciativa del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., de someter al mecanismo de participación democrática de Consulta Popular la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo, Si o No, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá – Distrito Capital?”
        En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 2591 de 1991, el expediente fue remitido a esta Corporación para su eventual revisión. Así, el 11 de marzo de 2016, la Sala de Selección Número Tres seleccionó este asunto y lo asignó para su trámite a la Sala Octava de Revisión.
      - Los casos trágicos o también denominados por Lariguet (2005) como dilemas morales o conflictos irresolubles, se refieren a supuestos en los que se encuentran en colisión con derechos fundamentales de la misma categoría, cuya solución implica el sacrificio total de uno de ellos, es decir, un elemento esencial considerado fundamental desde el punto de vista jurídico o moral. En ellos el balance de razones no permite llegar a una situación satisfactoria, por lo que no tienen ninguna respuesta correcta.
        
        ¿Por que es considerado un caso tragico?
        
        1. Encontramos colisión de derechos: Encontramos dos derechos fundamentales en conflicto que son el DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBRE EXPRESION ARTISTICA Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PARTICIPACION POLITICA.
        
        DERECHO FUNDAMENTAL A LA PARTICIPACION POLITICA: en la sentencia T-121-17 la corte concluyo que la participación ciudadana por medio de la consulta popular es la expresión de un derecho fundamental y resaltó que “la protección legal que recibe el toreo es una decisión del Congreso, que puede ser derogada, y en tal caso, dicha determinación sería constitucional, dado que se trata de una práctica problemática.”
        
        DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBRE EXPRESION ARTISTICA: La corte en la sentencia T-121-17, desconoció el precedente de la sentencia T-296 de 2013 que declaro la constitucionalidad de la expresión: Los espectáculos taurinos son considerados como una expresión artística del ser humano.
        Argumento la corte que a su juicio, era un precedente equivocado. Por lo tanto, no compartia la consideración de que la tauromaquia es una práctica constitucionalmente protegida en tanto expresión del derecho fundamental a la libre expresión artística, “toda vez que las Sentencias de Sala Plena y con efectos erga omnes C-1192 de 2005, C-666 de 2010 y C-889 de 2012 reiteradamente han precisado que el toreo sí puede ser prohibido por el Legislador, lo cual tiene como consecuencia que el toreo cuente con una protección (i) legal, no constitucional; y (ii) no fue sustraído de las mayorías parlamentarias por la Carta Política al constituir una práctica constitucionalmente problemática”.
        
        SACRIFICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL:
        Por lo que la corte determinó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento de la parte resolutiva de las sentencias C-666 de 2010 y C-889 de 2012, puesto que “el Congreso de la República es exclusivo titular de la facultad de prohibir de manera general las corridas de toros; no obstante, los condicionamientos introducidos en la parte resolutiva de la Sentencia C-666 de 2010, llevan a que algunos de ellos sean resueltos a escala local y territorial. Esto se concluye de una lectura integral tanto de la ratio decidendi de la Sentencia mencionada, como de su acápite resolutivo”. Consideró que la parte resolutiva de la Sentencia C-666 de 2010 no sólo puede ser desarrollada por el Congreso de la República, pues dicha providencia debe ser entendida como “una orden para emprender un proceso permanente y progresivo de armonización de las prácticas culturales como las corridas de toros y las novilladas, con las obligaciones constitucionales de protección a los animales.”
        Por último, resaltó la importancia de la consulta popular objeto de revisión en dos aspectos: “i) es un mecanismo político por el cual los habitantes de la capital de la República pueden expresar su sentir acerca del tema e influenciar las decisiones que se tomen en el legislativo, en ejercicio de su derecho fundamental a la participación política y ii) puede otorgar una pauta para las actuaciones de la administración en el ámbito local mientras se espera a la legislación nacional e, incluso, luego de la expedición de la misma dependiendo del sentido de esa regulación.”
        
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        RESOLVIO
        ORDENAR al Alcalde Mayor de Bogotá o a quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a adelantar todos los trámites pertinentes para llevar a cabo la consulta popular autorizada por el cabildo de la ciudad.
- - - - En cuando a las consideraciones de fondo, se manifestó que el primate es una especie silvestre que pertenece a la Nación y que su propiedad sólo puede predicarse de los particulares cuando se haga por medio de zoo-criaderos o de caza en las zonas permitidas, previa expedición de un permiso, autorización o licencia. Dado que ninguna de las anteriores hipótesis se presentó en el caso bajo examen, debe darse aplicación al precedente consagrado en la Sentencia T-760 de 2007, que avaló la decisión de la CAR de no entregar a una señora una lora que pertenecía a la fauna silvestre