DIAGNOSTICO: Las políticas públicas que se establecen en este nuevo régimen de gobierno para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, se orientan desde una perspectiva integral, a la atención de todas las formas de inclusión, con la finalidad de que los derechos de los grupos vulnerables como: la población indígena, de comunidades rurales, las niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, con discapacidad, en situación de calle, sean considerados dentro de todas sus dimensiones como sujetos de derechos en cuanto a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la atención a la violencia por asunto de género o de otra naturaleza.
RESPONSABLE: Con esta visión transversal el Gobierno del Estado contribuye a establecer condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos y al mismo tiempo se avanza en el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030.
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Establecer la cohesión social en localidades con población indígena, para estrechar vínculos de colaboración e impulsar la gestión y ejecución exitosa de obras y proyectos