En 2013, una paciente en un hospital del ISSSTE fue informada de un embarazo de alto riesgo debido a su edad, cirugía previa de bypass gástrico y sobrepeso. Tras una amenaza de aborto, se le diagnosticó al feto síndrome de Klinefelter, una condición que no afecta la viabilidad, pero puede causar problemas genitales en la pubertad. La paciente solicitó un aborto por riesgo para su salud física y emocional, pero fue denegado por el hospital. Tras presentar evidencia médica, fue al sector privado para realizar el aborto. Posteriormente, demandó a varias autoridades y legisladores por negar su derecho a un aborto terapéutico. Aunque la demanda inicial fue desestimada, tras una apelación, se admitió el caso. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que la negativa al aborto terapéutico fue discriminatoria y ordenó medidas para restituir el derecho a la salud de la paciente.