Durante el Conflicto Armado Interno, se perpetraron innumerables asesinatos mediante ejecuciones individuales, colectivas y masivas, con el propósito de eliminar a quienes eran considerados enemigos, sin que se llevara a cabo un proceso judicial en favor de las víctimas. La Comisión de Esclarecimiento Histórico registró 626 masacres cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, destacando que 420 de ellas ocurrieron en un lapso de 18 meses (1981-1983). La violencia desencadenó el desplazamiento forzado de entre 500 mil y un millón y medio de personas en los años 80. Además, se documentaron 45,000 desapariciones, perpetradas mayormente por el Estado, sembrando terror a través de la tortura y violencia sexual, siendo el 99% de los casos dirigidos contra mujeres, especialmente por miembros del Ejército. Las ejecuciones, destacando el ajusticiamiento, eran comunes, especialmente dirigidas a personas vinculadas al ejército, gobierno y finqueros.