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NORMATIVAS BOLIVIANAS - Coggle Diagram
NORMATIVAS BOLIVIANAS
LEY Nº 2137 DE 23 DE OCTUBRE DE 2000 LEY DE MODIFICACIONES A LA LEY Nº 2042 (ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA)
La ley modifica el artículo 28 de la Ley Nº 2042 para establecer que la contabilidad pública se llevará en forma centralizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La ley modifica los artículos 42, 43 y 44 de la Ley Nº 2042 para establecer que los estados financieros de la Administración Central serán presentados al Presidente de la República dentro de los 180 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal.
La ley modifica el artículo 44 de la Ley Nº 2042 para establecer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) transferirá íntegra y oportunamente sus recursos a su cuenta corriente, previa presentación de la documentación requerida por normas legales.
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Función
Modificar la Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria, de 21 de diciembre de 1999.
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DECRETO SUPREMO N° 4848 LUIS ALBERTO ARCE CATACORA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ayuda a garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y eficaz para el beneficio de la población.
Objetivos
Este decreto supremo establece las normas y procedimientos para la ejecución del presupuesto público en Bolivia.
Tiene como objetivo garantizar la transparencia, la eficiencia y la eficacia en la gestión pública.Para ello, establece los siguientes mecanismos:
La obligación de los órganos responsables de la ejecución del presupuesto público de informar sobre su gestión a la población.
La creación de mecanismos de control interno y externo para supervisar la ejecución del presupuesto público.
Funciones
Establecer las normas para la programación, aprobación, ejecución y control del presupuesto público.
Regular las transferencias público-privadas, las contrataciones públicas y otras disposiciones finales.
Garantizar la transparencia, la eficiencia y la eficacia en la gestión pública.
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Regula las transferencias público-privadas, las contrataciones públicas y otras disposiciones finales.
Tiene como objetivo garantizar la transparencia, la eficiencia y la eficacia en la gestión pública.