Todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos (federal y locales) tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una consideración primordial en sus decisiones, y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de este sector de la población, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
