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- - - - Presupuesto que fundamenta a la norma constitucional, señala los valores sociales y económicos, políticos y jurídicos que inspiran la acción del Estado.
      - Recoge
        
        una proclamación filosófica y política de los ideales y valores más sentidos
        
        postulados doctrinarios, principios y valores
    - - Contiene Leyes que van a promulgarse en un período relativamente breve, para ser aplicadas las nuevas normas que establece la Constitución y se encuentran en la parte final de ésta. La Constitución de 1999 destina 18 normas que proponen el cambio político-administrativo del país.
    - - Establece los Principios Constitucionales que deben guiar a las autoridades definidas en la parte orgánica
    - - Trata la organización política del Estado, de la formación de su gobierno, de cómo se elige, de las competencias de cada uno de sus departamentos.
    - - Son imprescindibles para la ordenación gradada de las normas y exponen lo fundamental o básico para formar la cadena de normatividad que regula la relación Estado-ciudadano, y de los ciudadanos consigo mismos.
        
        Principio de Supremacía Constitucional y de la Aplicación Directa de la Constitución
        
        Según el art. 7 de la CRBV establece que la Constitución es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, a los cuales los órganos del Estado deben someter su actuación.
        
        Principio de Legalidad
        
        Implica la necesaria sumisión de todas las actuaciones de los órganos del Estado al ordenamiento jurídico establecido, compuesto no sólo por la Constitución y las leyes, sino por el conjunto de reglamentos y normas dictadas por las autoridades competentes
        
        Principio de la Formación del Derecho por Grados
        
        Las normas regulan la actividad de los Poderes Públicos, son siempre de ejecución directa e inmediata de la Constitución
        
        Principio de la Primacía y Progresividad de los Derechos Constitucionales
        
        Incorporado en la parte dogmática de la Constitución de 1999
        
        Justicia Administrativa
        
        Control de la constitucionalidad y de legalidad de los actos administrativos
        
        Principio de la progresividad y la no discriminación
        
        El Estado garantiza a todas las personas, conforme a este principio el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos
        
        Principio de la Personalidad Jurídica del Estado y las Personas Jurídicas Estatales
        
        El Estado como tal no es una persona jurídica, sino un conjunto de personas jurídicas (personas jurídicas estatales).
        
        Principio de la Universalidad del Control Judicial sobre los Actos Estatales
        
        Todos los actos dictados en ejercicio del Poder Público se encuentran sometidos al control judicial por parte del Poder Judicial
        
        Obligación del Estado de garantizar el respeto de los Derechos Humanos
        
        Los funcionarios tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos
        
        Jerarquía Constitucional de los Tratados
        
        Otorga rango constitucional a los Tratados que versan sobre los derechos humanos
        
        Principio de los Fines Democráticos, Sociales y de Justicia del Estado
        
        Art. 2 de la CRBV define al Estado venezolano como un Estado de Derecho, como un Estado Democrático, Social y de Justicia que promulga valores superiores y de su actuación a la vida.
        
        Justicia Constitucional
        
        Es un sistema de carácter mixto de control constitucional.
        
        Tiene dos tipos de control:
        
        Control Concentrado
        
        Reservado a las leyes dictadas por la Asamblea Nacional (nivel nacional) y a las Ordenanzas Municipales dictadas por los Concejos Municipales (nivel estadal).
        
        Control Difuso
        
        Art. 334 de la CRBV 9 dispone que todos los jueces de la República deben asegurar la integridad de la misma, y en caso de incompatibilidad entre una ley y la carta magna, los jueces aplicaran las disposiciones constitucionales, correspondiéndole a los tribunales decidir lo conducente.