Las repercusiones de la Revolución Francesa se reflejaron en cambios significativos en el sistema legal y procesal. Inspirada en las ideas de filósofos como John Locke, Voltaire y Rousseau, la Revolución llevó a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que abolió los privilegios feudales y promovió la libertad, igualdad y fraternidad. Esta declaración también incluyó disposiciones procesales penales que enfatizaban la justicia universal, los derechos de los acusados y el respeto a la dignidad humana. Estas ideas influyeron en el Código de Instrucción Criminal Francés de 1808, conocido como el Código Napoleónico, que luego inspiró a los legisladores bolivianos en la redacción de su antiguo Código de Procedimiento Criminal. Este código francés fusionó elementos de los sistemas procesales inquisitivo y acusatorio, estableciendo una etapa preparatoria escrita y contradictoria con cierto grado de secreto, seguida de un juicio ante un tribunal de acusación y, finalmente, una Corte de Assises encargada de juzgar y sentenciar.