Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Función y alcance de la lex mercatoria en la conformidad material de las…

- - - - El vacío legal existente respecto de los contratos internacionales de inspección de mercancías viene siendo colmado a través de las condiciones generales que las sociedades certificadoras emplean en la contratación de sus servicios.
        
        Son en su práctica totalidad, contratos de adhesión, en los que el principal se encuentra ante la consabida tesitura de “tomar o dejar” la contratación en los términos establecidos por la sociedad certificadora, sin poder negociar las condiciones.
      - Sólo cuando se requieren determinados servicios que las certificadoras entienden no “básicos” o “estándar”, éstos podrán ser objeto de una contratación desarrollada sobre la base de términos y condiciones negociadas de forma más o menos individual.
        
        Estas condiciones generales elaboradas por las sociedades certificadoras son la primera y principal fuente para la determinación de las obligaciones de las partes en el contrato de inspección.
      - Son consideradas instrumentos integrantes de una lex mercatoria particular del sector. En efecto, esta organización, que agrupa a las compañías inspectoras de mayor relevancia y proyección, cuenta con unas guías (guidelines) que son empleadas por las certificadoras asociadas para la elaboración de las propias condiciones generales, cuando no son incorporadas expresamente en ellas.
      - La coincidencia en muchos de los extremos de las condiciones generales de todas las certificadoras coadyuva, de este modo, a la conformación de una normativa cuasi-uniforme que contribuye a facilitar el régimen jurídico de los intercambios comerciales internacionales.
      - En el marco del contrato internacional de inspección las condiciones generales cumplen con la totalidad de las funciones que tradicionalmente desempeñan en el tráfico jurídico. A diferencia de otras, no se dirigen de manera principal a proporcionar una regulación diferente a la contenida en un ordenamiento estatal que pueda carecer de respuestas adecuadas, sino que pretenden remediar la absoluta carencia de regulación, imprimiendo la necesaria seguridad jurídica al contrato.
      - Debe tenerse presente que en las relaciones actuales del comercio internacional resulta incompatible con una mínima racionalización de las actividades de sociedades exigir que desarrollen una negociación particularizada de cada uno de los contratos que celebren; y las sociedades certificadoras no constituyen una excepción.
        
        La contratación en masa obliga a asumir cierta uniformización, abstracción y despersonalización contractual, para dotar de la debida eficiencia económica a las relaciones con los clientes, y el establecimiento de normas materiales (aunque sean de carácter privado) procura una delimitación precisa de las obligaciones y los derechos de los contratantes, que resulta beneficiosa para ambas partes.
      - La lex mercatoria desempeña una función conformadora del Derecho material uniforme, aquí bajo la forma de condiciones generales que se articulan para un determinado contrato internacional, donde la inexistencia de normas materiales internacionales puede empañar el buen funcionamiento de las relaciones comerciales transnacionales.
        
        Condiciones generales de las sociedades certificadoras, junto con los usos y prácticas del sector, constituirán las normas materiales (cuasi-) uniformes aplicables al contrato internacional de inspección de mercancías.
      - Existe una diferencia fundamental entre las normas materiales uniformes internacionales y la normas materiales uniformes privadas extraestatales, mientras aquéllas operan al margen de las normas estatales en su ámbito de aplicación, a salvo de la intervención de éstas en la integración de sus lagunas y en su interpretación, así como en la posible aplicación de las normas internacionalmente imperativas, éstas, en tanto expresión particular de la autonomía de las voluntad, han de desenvolverse en el marco de la ley aplicable al contrato que regulan.
        
        Los límites de la autonomía de la voluntad vienen siempre marcados por la lex contractus (o, en su caso, de otras leyes). Al igual que la admisibilidad y licitud de la “cláusula inspección” final and binding vendrá determinada por la ley aplicable al contrato de compraventa internacional en el que se inserta.
        
        La determinación de la eficacia válida incorporación y validez sustancial de las condiciones generales de las sociedades certificadoras se determinarán en aplicación de la ley rectora del contrato internacional de inspección de mercancías.
      - Es en esta sede en la que los Principios UNIDROIT pueden dotar a los contratos regulados por normas materiales privadas de un tratamiento muy similar al que reciben los contratos regidos por normas materiales internacionales, en la medida en que permiten confinar a las mencionadas funciones supletiva e imperativa a los Derechos estatales. Y se verá, el alcance de dichas normativas estatales también podrá reducirse en aplicación de estos instrumentos transnacionales.
    - - La importancia de los usos, costumbres y prácticas del sector de la inspección y certificación de mercancías se hace patente en el hecho de que las propias condiciones generales de los contratos de inspección se refieran a ellos de forma expresa, en relación con determinados aspectos del cumplimiento de las obligaciones.
      - En primer lugar, respecto de la forma en que la sociedad certificadora ha de realizar la inspección de las mercancías en caso de que el principal no haya dado instrucciones precisas al respecto.
        
        Así
        
        Al efecto pueden hallarse desde referencias genéricas a los usos, prácticas y costumbres, o, de forma más concreta, a los usos o estándares del sector; hasta remisiones precisas a determinadas guías o normativas estandarizadas establecidas por asociaciones profesionales.
      - En segundo término, suelen incluirse en lo que respecta a las conclusiones que dicha sociedad alcance en orden a la emisión del correspondiente certificado.
        
        Además, también puede aparecer expresamente recogida la posibilidad de que los usos sean tomados en consideración cuando demandan que una determinada información o el propio informe o certificado se trasladen a un tercero.
        
        En los casos en que el certificado se incluye entre los documentos que se establecen en el condicionado de un crédito documentario.
        
        Aunque
        
        El principal sea el comprador, ordenante en el marco de tal operación de pago, el certificado se entrega a un tercero respecto del contrato de inspección, esto es, al beneficiario del crédito (normalmente, el propio vendedor en la compraventa).
      - En todos estos casos, las prácticas, usos y costumbres, que, conformarían la lex mercatoria propia del sector, junto con las condiciones generales de las sociedades certificadoras, contribuyen a integrar los aspectos que éstas no regulan de forma expresa.
        
        Pueden desempeñar una función actualizadora en la regulación de determinados aspectos en relación con la forma de realizar la inspección, en la medida en que permiten que la prestación del servicio se efectúe con arreglo a las técnicas y los medios más actuales.
      - La penetración en el contrato de inspección de los usos que desempeñan una función eminentemente ordenadora, esto es, la de los usos “objetivamente aplicables” al margen de la autonomía de la voluntad de los contratantes, sólo puede tener lugar a través de lo dispuesto en la ley aplicable al contrato.
      - La inexistencia de una norma que disponga la aplicabilidad “objetiva” de determinados usos, con base en una ficticia voluntad tácita de las partes, como la presente en la Convención de Viena de 1980 (art. 9.2), impide que tales usos sean integrados en el contrato de inspección, si no es porque así lo dispone la lex contractus, u otra ley aplicable, como ocurre en relación con la lex loci executionis.
      - Las referencias que las condiciones generales efectúan a los usos, antes expuestas, no permiten derivar el sometimiento del contrato a la lex mercatoria con carácter general, o a instrumentos tales como los Principios UNIDROIT, en particular.
        
        El hecho de que, entre las condiciones generales dispuestas por las sociedades certificadoras suela hallarse una cláusula de elección de ley estatal como tal lex contractus lo corroboraría.
        
        De este modo, a tenor de lo previsto en las condiciones generales, en la actualidad no cabe entender aplicables a los contratos internacionales de inspección los Principios UNIDROIT.
        
        Que sí dispondrían la aplicabilidad al contrato de esos usos “objetivamente aplicables”, salvo que su aplicación, en el caso en concreto, resulte irrazonable (art. 1.9).
      - Si las partes acordasen de forma expresa la aplicabilidad de los Principios UNIDROIT al contrato de inspección, no sólo se integrarían los “usos objetivos” con carácter general, sino que, además, determinadas cuestiones no reguladas por las condiciones generales de las sociedades certificadoras serían también objeto de tratamiento por normas materiales especiales (las de los propios Principios).
        
        Limitando
        
        La intervención de normas estatales y dotando de una mejor regulación a la situación transnacional, en ocasiones precisamente por mor de la toma en consideración de dichos “usos objetivos”.
- - - - El Derecho uniforme internacional convencional o transnacional privado presenta lógicas limitaciones que la lex mercatoria no es capaz de superar, y respecto de las cuales han de intervenir necesariamente los Derechos estatales.
      - La aplicación más importante de las normas estatales tiene lugar en lo que respecta a la integración de las lagunas que presentan las normas materiales, ya sean de fuente convencional, ya privadas, entendiendo el término “laguna” en un sentido amplio.
      - En realidad, las lagunas intra legem, no son sino “falsas lagunas”, pues se refieren a aspectos no regulados por las normas materiales, porque quedan fuera del ámbito de aplicación de éstas, existen necesariamente porque ninguna normativa puede mantener con seriedad la pretensión de ofrecer una respuesta jurídica completa al conjunto de una relación.
        
        Siempre hay aspectos sobre los que los negociadores convencionales no alcanzan un acuerdo, o aspectos que, de entrada, éstos o los operadores del tráfico, en su faceta normativa, renuncian a regular.
      - Ello comporta un inevitable fraccionamiento del régimen jurídico de la relación: determinadas cuestiones estarán sujetas a las normas materiales uniformes, y otras, al Derecho estatal o a los Derechos estatales cuya aplicación reclamen las normas de conflicto.
      - Una diferencia que se advierte entre el tratamiento de las relaciones reguladas por normas uniformes internacionales (compraventa) y el propio de las relaciones regidas por normas uniformes transnacionales (contrato de inspección).
        
        Suelen adolecer de disposiciones que procuran delimitar de forma precisa las cuestiones reguladas y las cuestiones cuya regulación se deja a los Derechos estatales.
      - Lo que se encuentra en las sociedades inspectoras es una posible excepción a la aplicabilidad de las condiciones generales a través de una referencia a las leyes del lugar donde se celebra el contrato y del lugar donde tiene que ser ejecutado, o una excepción a favor de las normas imperativas de la ley local, otorgando prioridad a dichas normas frente a lo dispuesto en las propias condiciones generales.
        
        Las sociedades certificadoras no pretenden excluir a partes concretas del contrato de su regulación por las condiciones generales o por la lex contractus, sino que sencillamente advertirían de la posibilidad de que se apliquen normas de terceros Estados, incluso contra legem, a una cuestión fundamental en el cumplimiento de las obligaciones, cual es su forma de ejecución.
      - A la hora de delimitar el Derecho aplicable a las lagunas intra legem, las normas convencionales no pueden sino efectuar una remisión genérica a las “normas de DIPr”; pero en ello no cabe ver una peculiaridad sustancial de algunas normas materiales extraestatales, como las condiciones generales de las sociedades inspectoras, cuando incluyen cláusulas de designación de la lex contractus.
      - En primer lugar, porque aunque el contrato se regule a través de normas materiales convencionales, nada impide a las partes que designen el ordenamiento jurídico conforme al cual colmar dichas falsas lagunas; no en vano, las normas de conflicto, que ampararán la elección de ley, no varían en función del tipo de contrato internacional del que se trate.
      - Pero, además, en segundo término, aunque exista una previsión expresa en el contrato sobre cuál haya de ser la lex contractus, ésta tampoco regulará todas las “falsas” lagunas que presenten las normas materiales uniformes. Se someterá en ambos casos a las normas estatales aplicables a tenor de lo que dispongan las normas de DIPr, aunque las normas materiales privadas no lo dispongan de forma expresa.
      - Una última cuestión en la que importa detenerse es la relativa a la función que pueden desempeñar los Principios UNIDROIT desplazando a los Derechos estatales en la integración de estas lagunas en relación con los contratos que no se sujetan, como es el caso de los contratos de inspección, a una normativa internacional uniforme.
        
        Antes ya se puso de relieve que la inclusión de estos Principios en un contrato de inspección puede comportar una mejora sustancial de la ordenación del aspecto no regulado por las condiciones generales de las sociedades certificadoras.
        
        Ocurre, por ejemplo, con la formación del contrato de inspección.
      - Las condiciones generales no contienen normas sobre su propia inclusión en el contrato, aunque al respecto se sostiene, como particularidad de estos contratos, que tales condiciones vinculan a las partes, salvo que sean excluidas de forma expresa, porque habrían pasado a formar parte de los usos del sector, de forma tal que sólo será precisa una declaración expresa de las partes en los casos en que se desea descartar su aplicación.
      - Pero la posibilidad de tal incorporación implícita, si no resultan de aplicación los Principios, estará sujeta a lo que determine la lex contractus y ésta, como sería el caso de la ley española, podría negar toda forma de incorporación de las condiciones que no sea la establecida por la propia ley.
      - Sin embargo, la aplicación de los Principios sí permitiría entender que las condiciones generales se incorporan implícitamente al contrato, si tal incorporación representa un uso difundido y regularmente observado por las partes en el sector económico concernido (art. 2.19).
      - La aplicación de este instrumento de lex mercatoria puede salvar, de esta manera, una aplicación de la ley estatal que resulta claramente contraria al sentido que adopta la respuesta a la inclusión tácita de las condiciones generales en otras transacciones comerciales internacionales.
      - B. Interpretación de las normas materiales e integración de las lagunas praeter legem
        
        Como ya se ha advertido, la CV de 1980, en su artículo 7.1, dispone una interpretación internacional y uniforme de las normas convencionales, que además tenga en cuenta la necesidad de observar la buena fe en el comercio internacional; y en el artículo 7.2 reconoce la necesidad de que intervengan las normas estatales en las cuestiones que sí regula, aunque no de forma expresa (lagunas praeter legem).
        
        Las disposiciones conflictuales al hecho de que las lagunas no puedan ser resueltas a través de los medios específicamente dispuestos en la Convención, entre los que se encuentran, además de la analogía, los “principios generales” que se extraen de la propia Convención.
        
        La interpretación uniforme de qué vicios del consentimiento están regulados por las normas nacionales en aplicación del art. 4. a) exige que no se consideren como tales los referentes al error en las mercancías entregadas: semejante error también ha de considerarse falta de conformidad.
        
        En consecuencia
        
        No puede considerarse “cuestión de validez” a los efectos de acudir a las acciones dispuestas en los ordenamientos internos para la anulación del contrato; únicamente será posible el recurso a los remedios dispuestos para la falta de conformidad en la propia Convención.
        
        El sometimiento del contrato de inspección a los Principios UNIDROIT también comportaría una limitación de la intervención de las normas estatales, al disponer, al margen de una interpretación uniforme e internacional de los propios Principios en su artículo 1.6, todo un catálogo de reglas sobre la interpretación de los términos contractuales (art. 4), entre las que se hallan normas específicas para la interpretación de condiciones generales (art. 4.6)
- - - - A interpretar los términos de las mencionadas normas (internacionales o pertenecientes a la lex mercatoria); que también van a ver limitado su alcance a través de la aplicación de las disposiciones materiales estatales que tengan carácter imperativo.
- - - - Concebida como uso del comercio en determinados sectores de la compraventa de mercaderías, la intervención de terceros especializados en el examen de las mercancías, en orden a determinar su conformidad, también constituye un ejemplo de la capacidad de la lex mercatoria para dar resolución a los problemas que la práctica comercial internacional encuentra.
        
        Tal intervención comporta la conformación de otra relación jurídica, independiente de la compraventa en términos jurídicos, pero funcionalmente vinculada a ella: el contrato internacional de inspección de mercancías.
        
        Además, el contrato de inspección de mercancías, en tanto que contrato atípico (desde el punto de vista interno e internacional) se regula, fundamentalmente, por condiciones generales estandarizadas, esto es, por normas materiales privadas que las partes introducen en el contrato.
        
        En este contrato, así, la lex mercatoria suple la inexistencia de normativa material uniforme de fuente internacional, además de desempeñar también un papel importante en la precisión de las propias condiciones generales.
  - - - Ciertamente, cuando las normas materiales uniformes son de carácter privado, el alcance del Derecho estatal es superior, puesto que la propia validez de esas normas, y su correcta inclusión en el contrato, están en función de lo que al respecto establezca una ley estatal, la lex contractus.
        
        Esta intervención, que puede obstaculizar un tratamiento del contrato adecuado a su internacionalidad, empero, puede reducirse al máximo si se refuerza la función de la lex mercatoria a través de la inclusión en el contrato de los Principios UNIDROIT.
        
        Habilitar la “autonomía conflictual mercatoria” comportará, con ello, la posibilidad de concebir en los términos antes referidos las relaciones entre las leyes estatales y el Derecho uniforme, también cuando éste sea de origen privado.