Este artículo se refiere a los servidores públicos o personas que actúen en virtud de una potestad estatal que, abusando de su cargo o funciones, ordenen o exijan la entrega de donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o económicos indebidos u otro bien de orden material. Las sanciones incluyen penas de prisión de tres a cinco años. Si la conducta se realiza mediante violencias o amenazas, la pena aumenta a entre cinco y siete años.