Regulación (Leyes) que existen para penalizar los
delitos informáticos.
Ley de Derechos de Autor:
Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión:
Ley Federal de Delitos Informáticos:
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares:
Código Penal Federal:
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La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República y
tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, c
regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad
la autodeterminación informativa de las persona
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- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del .
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa
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. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento
explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones
infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite
servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión
éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre
estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos
artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto
salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores
los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos
radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones
interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones,
Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.