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MAPA CONCEPTUAL UNIDAD 3 - Coggle Diagram

- - - - Cronograma de actividades 1
        
        Unidad 3. Actividad de aprendizaje 1:
        En esta actividad de aprendizaje, tendrás la oportunidad de abordar un tema de tu preferencia relacionado con la unidad 3. Analizarás y comprenderás los instrumentos de política ambiental y la responsabilidad civil y administrativa en casos de daños al medio ambiente. Algunos de los temas que puedes elegir para la elaboración de tu artículo incluyen:
        Instrumentos culturales, educativos, regulatorios, jurídicos, de concertación y participación, financieros e de inversión, económicos. El Código de Recursos Naturales Renovables y la normativa sobre agua, suelo, aire, flora y fauna. Participación ciudadana en la gestión ambiental. Las Licencias Ambientales. Políticas ambientales. Instrumentos jurídicos de planificación y ordenación del territorio. A través de este ejercicio, ampliarás tus conocimientos sobre estos temas y podrás profundizar en el enfoque seleccionado.
- - - - 1.2. Instrumentos administrativos:
        Los instrumentos administrativos se refieren al otorgamiento de licencias, permisos y otros mecanismos para obtener el derecho de utilizar los recursos naturales según las leyes. La licencia ambiental es el instrumento más común en esta categoría.
        
        1.3. Instrumentos económicos:
        Los instrumentos económicos utilizan la economía para incentivar comportamientos económicos y ambientales. Aunque tienen un papel secundario en la regulación de emisiones y conservación ambiental, se han implementado avances como la regulación de calidad ambiental y multas para el incumplimiento. Estos instrumentos buscan internalizar los costos ambientales y asignar un valor monetario a los daños. Además, se utilizan mecanismos de recaudación de capital para financiar proyectos ambientales, como la participación en impuestos a la propiedad inmueble, transferencias del sector eléctrico, el Fondo Nacional de Regalías y tasas retributivas o de descontaminación.
        
        1.4. La información, educación e investigación en el área ambiental:
        El conocimiento y la información son fundamentales para formular políticas ambientales sólidas y generar conciencia social sobre las problemáticas ambientales. La educación ambiental, como parte de la Política Nacional de Educación Ambiental, es responsabilidad de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y busca fortalecer métodos interactivos, competencias técnicas y una cultura regional comprometida con el manejo sostenible de la naturaleza. Las CAR también participan en la evaluación de proyectos ambientales escolares.
  - - - Normatividad ambiental sobre el componente Suelo:
        Se mencionan diversas normativas y decretos relacionados con el tema del suelo y el medio ambiente. Estos incluyen el Decreto 1076 de 2015, la Política Nacional para la Gestión Integral Ambiental del Suelo (GIAS) de 2013, la Ley 1551 de 2012, la Ley 1454 de 2011, entre otros. Estas regulaciones abordan aspectos como el aprovechamiento forestal, el ordenamiento territorial, las licencias urbanísticas y la protección de los recursos naturales.
        
        Normatividad ambiental sobre el componente aire:
        La Ley 1931 de 2018 establece directrices para la gestión del cambio climático en decisiones públicas y privadas, con el objetivo de minimizar la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país. La Política Nacional del Cambio Climático de Colombia busca incorporar la gestión del cambio climático en todas las decisiones para un desarrollo resiliente y bajo en carbono. La Ley 1844 de 2017 aprueba el "Acuerdo de París", un tratado internacional sobre el cambio climático. El Decreto 298 de 2016 establece la organización y funcionamiento del sistema nacional del cambio climático. El Conpes 3700 de 2011 busca la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia. La Ley 629 de 2000 aprueba el "Protocolo de Kioto", y la Ley 164 de 1994 aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático".
        
        Normatividad ambiental sobre el componente Fauna y Flora:
        Resolución 1912 de 2017 establece un listado de especies silvestres amenazadas en Colombia y se actualiza periódicamente. Decreto único reglamentario 1076 de 2015 recopila las normas sobre biodiversidad. Decreto 2372 de 2010 reglamenta el sistema nacional de áreas protegidas. Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Ley 165 de 1994 aprueba el Convenio sobre la diversidad biológica. Ley 99 de 1993 crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el sistema nacional ambiental. Ley 84 de 1989 establece contravenciones relacionadas con la protección de los animales. Decreto ley 2811 de 1974 dicta el código nacional de recursos naturales renovables y protección al medio ambiente.
  - - - 5. Políticas ambientales:
        Las políticas ambientales son conjuntos de objetivos, principios y disposiciones generales para la protección del medio ambiente. Se implementan a través de instrumentos y planes. Las políticas son de carácter general y guían las acciones del Estado a largo plazo, mientras que los planes son más específicos y materializan las políticas establecidas. Los programas se desarrollan dentro de los planes y son aún más especializados. Las políticas pueden ser explícitas, formuladas y publicadas en documentos oficiales, o implícitas, adoptadas en otros contextos de la política pública. El país cuenta con varias políticas ambientales nacionales, como la gestión integral del recurso hídrico, prevención y control de la contaminación del aire, producción y consumo sostenible, gestión ambiental urbana, entre otras.
        
        6. Instrumentos jurídicos de planificación y ordenación del territorio:
        El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y gestión de los entes territoriales en Colombia. Busca alcanzar una adecuada organización político-administrativa, favorecer el desarrollo institucional y la identidad cultural, y promover un desarrollo sostenible a nivel financiero, social, ambiental y fiscal. La Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) asesora al Gobierno Nacional y al Congreso en la adopción de políticas y criterios para la organización del Estado en el territorio. El ordenamiento territorial se basa en la función social y ecológica de la propiedad, el interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios. Cada municipio debe contar con un plan de ordenamiento territorial (POT, PBOT o Esquema) que oriente y administre el desarrollo físico del territorio y el uso del suelo, teniendo en cuenta los determinantes ambientales como la conservación, protección del medio ambiente y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
        
        7. Responsabilidad civil y administrativa por daños ambientales:
        El concepto de daño ambiental ha sido difícil de definir y cuantificar. Se refiere a la lesión a los ecosistemas y sus elementos, así como a la violación de los derechos subjetivos de las personas. La responsabilidad por el daño ambiental está respaldada por leyes que establecen el medio ambiente como un bien colectivo. El reclamo de indemnización puede abarcar tanto daños patrimoniales como extrapatrimoniales, como lesiones a la integridad psicosomática. La acción de defensa y la legitimación por activa son importantes en los casos de afectación ambiental para determinar el curso de acción en la reclamación, tanto a nivel administrativo como judicial.
        
        El daño ambiental puede afectar tanto a derechos colectivos como a derechos individuales. La ley 99 de 1993 establece criterios para conceptualizar las tasas retributivas y compensatorias, incluyendo la estimación financiera de los daños y los costos de rehabilitación. Es importante distinguir entre daño y perjuicio, donde el daño se refiere a la lesión y el perjuicio son los resultados que surgen del daño para la víctima. En algunos casos, los daños pueden ser restaurados, pero en otros se calcula un valor económico. La valoración y cuantificación de los daños ambientales puede ser compleja, ya que los costos ambientales no están claramente establecidos. Las sanciones por violaciones ambientales generalmente implican la reparación del daño o una compensación monetaria a través de proyectos similares.
        
        7.1. Consideraciones sobre la responsabilidad por daños ambientales:
        La responsabilidad por daños ambientales se basa en las normas de la responsabilidad civil del riesgo. Los tratados internacionales han contribuido a la estructuración de la responsabilidad ambiental, destacando los principios de prevención, precaución y "quien contamina paga". En cualquier actividad de intervención, es fundamental considerar la definición de actividad de riesgo y aplicar los principios generales de gestión del riesgo.
        
        La sanción administrativa se basa en la responsabilidad objetiva y el principio de prevención, sin considerar la prueba de responsabilidad por dolo o culpa.
        
        7.2. Consideraciones sobre la prueba:
        En los casos de delitos ambientales, la imputación puede resultar complicada debido a la complejidad de los procesos ambientales y la falta de precisión en la determinación de la causa y el efecto del daño. A diferencia de otras ramas del derecho, en el derecho ambiental se parte de indicios y presunciones para establecer la responsabilidad, lo cual puede parecer contradictorio con la presunción de inocencia. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que esta forma de imputación es válida en aras de proteger el medio ambiente como un bien jurídico constitucional. En estos casos, es el imputado quien debe demostrar su inocencia, ya que se presume culpable.
        Autoridades competentes para infracciones ambientales:En el derecho ambiental, surge la controversia sobre quién tiene la competencia para imponer sanciones. Se debe considerar el postulado constitucional que establece la descentralización, democracia y participación en la administración ambiental. El deber de proteger el medio ambiente se ejerce según los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario.
        Principio de Armonía Regional: La planificación requiere acciones coordinadas y articuladas para una gestión ambiental adecuada. El Principio de Armonía Regional establece que los departamentos y municipios deben trabajar de manera coordinada y en conformidad con las normas y directrices de la Política Nacional Ambiental. Esto garantiza un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales.
        Principio de Gradación Normativa:El sistema jurídico de Colombia requiere el cumplimiento de la jerarquía constitucional y legal. El Principio de Gradación Normativa establece que las entidades territoriales deben respetar las normas y políticas emitidas por autoridades de mayor rango o competencia territorial.
        Principio de rigor subsidiario: El principio de descentralización permite a las autoridades locales establecer normas y medidas de policía ambiental más estrictas si el contexto local lo requiere, pero no más flexibles. Si las regulaciones de mayor jerarquía son adecuadas, las autoridades locales no pueden aplicar medidas más restrictivas. Sin embargo, si las regulaciones superiores no son suficientes, las autoridades locales pueden tomar medidas en ejercicio de su autonomía. En Colombia, la ley 1333 de 1999 establece el régimen sancionatorio ambiental, otorgando competencias al Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y otras entidades para imponer sanciones y controlar vertimientos, emisiones y disposición de residuos. Las CAR también tienen la autoridad para otorgar licencias ambientales y promover planes de saneamiento básico y descontaminación. Además, los establecimientos públicos ambientales y el Sistema de Parques Nacionales Naturales tienen competencias similares según la ley.