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SEGUNDA PARTE Nota explicativa de la secretaría de la CNUDMI acerca de …

- - - - Consciente del hecho de que en la Comisión están representados los diferentes sistemas jurídicos, sociales y económicos del mundo, junto con los diferentes niveles
        de desarrollo,
        
        Convencida de que la amplia adopción de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva
        York el 10 de junio de 19581, ha supuesto un logro importante para la promoción de la seguridad jurídica, especialmente en el ámbito del comercio internacional
        
        Teniendo en cuenta las diferentes interpretaciones de los requisitos de forma
        que establece la Convención y que obedecen en parte a diferencias de expresión entre los cinco textos igualmente auténticos de la Convención
  - - - Considerando que, al interpretar la Convención, ha de tenerse en cuenta la necesidad de promover el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales
        
        Recomienda que el párrafo 2) del artículo II, de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958, se aplique reconociendo que las circunstancias que describe no son exhaustivas;
        
        Recomienda que el párrafo 1) del artículo VII de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958, se aplique de forma que permita a toda
        parte interesada acogerse a los derechos que puedan corresponderle, en virtud de
        las leyes o los tratados del país donde se invoque el acuerdo de arbitraje, para
        obtener el reconocimiento de la validez de ese acuerdo de arbitraje.
- - - - 4) La revisión de la Ley Modelo aprobada en 2006 introdujo el artículo 2A para facilitar la interpretación del instrumento por medio de principios internacionalmente aceptados y promover una comprensión uniforme de sus disposiciones. Otras enmiendas sustantivas se refieren a la forma del acuerdo de arbitraje y a las medidas cautelares.
- - - - Las leyes nacionales pueden defraudar las expectativas de las partes en un arbitraje, imponiendo restricciones no deseadas. La Ley Modelo busca prevenir estas frustraciones.
    - - La falta de legislación adecuada y la disparidad entre las leyes nacionales dificultan el arbitraje internacional, ya que las partes deben enfrentarse a normas y procedimientos desconocidos. Esto puede resultar costoso e imposibilitar el acceso a información precisa sobre la ley aplicable.
        
        La falta de seguridad respecto a la legislación local puede afectar negativamente al proceso arbitral y a la elección del lugar del arbitraje. Adoptar la Ley Modelo facilitaría la elección de lugares y agilizaría el proceso, ya que ofrece soluciones aceptables para partes de diferentes países.
- - - - El artículo 1 de la Ley Modelo establece que se aplica al "arbitraje comercial internacional", definiéndolo como aquel en el cual las partes en un acuerdo de arbitraje tienen establecimientos en diferentes países. La Ley Modelo también se extiende a casos en los que el lugar del arbitraje, el lugar del cumplimiento del contrato o el lugar del objeto del litigio se encuentran fuera del país de las partes, o cuando las partes acuerdan que el asunto del acuerdo de arbitraje se refiere a más de un país. Esto brinda a las partes una amplia libertad para someter su disputa al régimen legal establecido por la Ley Modelo.
        
        La Ley Modelo no contiene ninguna definición estricta de lo que se entiende
        por el término “comercial”
        
        13, La Ley Modelo se aplica generalmente en el territorio de un Estado, pero existen excepciones que permiten su aplicación en otros estados. Estas excepciones incluyen artículos relacionados con el reconocimiento del acuerdo de arbitraje, las medidas cautelares y el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.
        
        La Ley Modelo utiliza el criterio territorial para determinar la aplicabilidad de sus disposiciones. Esto se debe a que la mayoría de los sistemas legales utilizan el lugar del arbitraje como base para aplicar su legislación. Además, el criterio territorial es importante para funciones de asistencia y supervisión por parte de los tribunales estatales. Sin embargo, el criterio territorial no restringe la capacidad del tribunal arbitral para reunirse en cualquier lugar conveniente.
        
        Como lo demuestran recientes modificaciones de las leyes de arbitraje, existe
        una tendencia a limitar la intervención judicial en el arbitraje comercial internacional.
        
        La Ley Modelo establece la intervención de los tribunales en casos como el nombramiento y recusación de árbitros, la competencia del tribunal arbitral, la nulidad del laudo arbitral, la asistencia en la práctica de pruebas, el reconocimiento del acuerdo de arbitraje y la ejecución de medidas cautelares y laudos. Estas funciones deben ser asignadas a un tribunal judicial designado o, en algunos casos, a otra autoridad competente.
        
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    - - El capítulo II de la Ley Modelo trata del acuerdo de arbitraje, incluido su
        reconocimiento por los tribunales judiciales.
        
        En 1985, la Ley Modelo estableció que un acuerdo de arbitraje debía constar por escrito. Sin embargo, en 2006 se revisó el artículo 7 para adaptarlo a las prácticas contractuales internacionales. Se introdujeron dos opciones: la primera mantiene la estructura detallada del texto original, ampliando el concepto de forma escrita para incluir cualquier medio que deje constancia del acuerdo. La segunda opción omite cualquier requisito de forma. Ambas opciones tienen como objetivo garantizar el reconocimiento de la validez del acuerdo de arbitraje según la Convención de Nueva York. Los Estados promulgantes pueden elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y al contexto legal de cada país.
        
        En 2006, la Comisión aprobó una recomendación sobre la interpretación de ciertos artículos de la Convención de Nueva York. Esta recomendación busca promover una interpretación uniforme de la Convención y abordar las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico y las leyes nacionales más favorables en cuanto al requisito de forma del acuerdo de arbitraje, los procedimientos arbitrales y la ejecución de los laudos. Se insta a los Estados a aplicar el párrafo 2) del artículo II de la Convención de Nueva York y se les anima a adoptar el artículo 7 revisado de la Ley Modelo, que proporciona un régimen más favorable para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales.
        
        Los artículos 8 y 9 de la Ley Modelo abordan la relación entre el acuerdo de arbitraje y el recurso a los tribunales. El artículo 8 establece que el tribunal judicial remitirá a las partes al arbitraje si se presenta una reclamación que está cubierta por un acuerdo de arbitraje, a menos que el acuerdo sea nulo, ineficaz o imposible de ejecutar. Esta disposición solo es aplicable a los tribunales del Estado que haya incorporado la Ley Modelo a su derecho interno, pero su adopción facilita el reconocimiento y la efectividad de los acuerdos de arbitraje a nivel internacional.
        
        En el artículo 9 se enuncia el principio de que ninguna medida cautelar que dicten los tribunales judiciales en virtud de su derecho procesal (por ejemplo, embargos previos al laudo) será incompatible con un acuerdo de arbitraje. Esta disposición se destina en última instancia, a los tribunales de cualquier Estado, en cuanto establece la compatibilidad del acuerdo de arbitraje con toda medida cautelar que se conceda, independientemente del lugar del arbitraje.
      - 3. Composición del tribunal arbitral
        
        El capítulo III de la Ley Modelo contiene disposiciones detalladas sobre el nombramiento, la recusación, la terminación del mandato y la sustitución de un árbitro. Estas disposiciones tienen como objetivo superar las dificultades derivadas de leyes o normas inadecuadas. El criterio adoptado en la Ley Modelo reconoce la libertad de las partes para establecer el procedimiento arbitral y, en ausencia de disposiciones específicas, establece normas supletorias que permiten que el arbitraje avance de manera eficaz hasta la resolución de la controversia.
        
        En caso de dificultades en el proceso de nombramiento, recusación o terminación del mandato de un árbitro, la Ley Modelo prevé la asistencia de los tribunales estatales u otras autoridades competentes designadas por el Estado. Se establecen plazos cortos para recurrir a estos tribunales y las decisiones tomadas son inapelables, con el objetivo de reducir el riesgo y las consecuencias de tácticas dilatorias.
        
        4. Competencia del tribunal arbitral
        
        El artículo 16 de la Ley Modelo incorpora los principios de "Kompetenz-Kompetenz" y de separabilidad de la cláusula compromisoria. Esto significa que el tribunal arbitral tiene la autoridad para decidir sobre su propia competencia, incluyendo cualquier objeción sobre la existencia o validez del acuerdo de arbitraje, sin necesidad de recurrir a un tribunal estatal. La cláusula compromisoria se considera como un acuerdo independiente y su nulidad no afecta automáticamente al resto del contrato. Además, se establece que las excepciones relacionadas con la competencia de los árbitros deben presentarse lo antes posible.
        
        El artículo 16 de la Ley Modelo establece que la competencia del tribunal arbitral para decidir sobre su propia competencia está sujeta a supervisión judicial. Si el tribunal arbitral se declara competente, se prevé una supervisión judicial inmediata para evitar demoras. Se establecen salvaguardias procesales, como un plazo breve para recurrir al tribunal estatal (30 días), la inapelabilidad de su decisión y la facultad del tribunal arbitral para continuar las actuaciones y emitir un laudo mientras la cuestión se encuentra pendiente ante el tribunal estatal.
        
        En 2006, la Comisión aprobó el capítulo IV A de la Ley Modelo, que trata sobre las medidas cautelares y las órdenes preliminares. Este capítulo reemplaza el artículo 17 del texto original de 1985. Se establecen las condiciones para otorgar medidas cautelares y se introduce un régimen de reconocimiento y ejecución de estas medidas, similar al que se aplica a los laudos en los artículos 35 y 36 de la Ley Modelo.
        
        La sección 2 del capítulo IV A de la Ley Modelo regula las órdenes preliminares y las condiciones para su otorgamiento. Una orden preliminar permite mantener el statu quo mientras el tribunal arbitral emite una medida cautelar, la cual aprobará o modificará dicha orden. Una parte puede solicitar una medida cautelar y una orden preliminar sin notificar a las demás partes. El tribunal arbitral tiene la facultad de emitir una orden preliminar sin notificación previa si considera que notificarla podría frustrar la medida solicitada. Se establecen disposiciones para proteger los derechos de la parte afectada por la orden preliminar, incluyendo la notificación inmediata y la oportunidad de hacer valer sus derechos lo antes posible.
        
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  - - - El artículo 18 consagra los principios básicos de que deberá tratarse a las
        partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad para hacer valer
        sus derechos.
        
        El párrafo 2 del artículo 26 establece que un perito nombrado por el tribunal arbitral deberá participar en una audiencia en la que las partes podrán hacerle preguntas y presentar sus propios peritos si lo consideran necesario. Esto garantiza la equidad en la presentación de pruebas. Además, el párrafo 3 del artículo 24 establece que toda la información y pruebas presentadas por una parte deben ser compartidas con la otra parte, incluyendo los peritajes y documentos utilizados por el tribunal para tomar su decisión. Asimismo, se debe notificar a las partes con suficiente antelación sobre las audiencias o reuniones del tribunal para que puedan estar presentes.
        
        El artículo 19 reconoce a las partes la libertad para convenir el procedimiento que ha de seguir el tribunal arbitral en sus actuaciones, con sujeción a algunas disposiciones imperativas al respecto, y faculta al tribunal arbitral, a falta de acuerdo
        entre las partes, a dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado.
        
        La autonomía de las partes para determinar las normas de procedimiento reviste
        especial importancia en los casos internacionales, pues permite a las partes seleccionar o adaptar las normas según sus deseos y necesidades concretos, sin verse obstaculizadas por los conceptos tradicionales, y posiblemente contradictorios, del derecho interno aplicable y sin el riesgo mencionado más arriba de frustración o
        sorpresa
        
        Además de las disposiciones generales del artículo 19, en otras disposiciones de la Ley Modelo se reconoce la autonomía de las partes y, a falta de acuerdo entre ellas, se faculta al tribunal arbitral para decidir sobre determinados asuntos.
        
        Las actuaciones arbitrales pueden continuar en ausencia de una de las partes con tal de que se hayan hecho las notificaciones debidas.
        
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    - - El artículo 28 trata de los aspectos del arbitraje relativos al derecho sustantivo.
        A tenor del párrafo l), el tribunal arbitral decide el litigio de conformidad con las
        normas de derecho elegidas por las partes.
        
        Conforme al párrafo 3) del artículo 28, las partes pueden autorizar al tribunal
        arbitral a que decida el litigio ex aequo et bono o como amigable componedor.
        
        En sus normas sobre el pronunciamiento del laudo (artículos 29 a 31), la Ley Modelo se centra en el supuesto de que el tribunal arbitral esté integrado por más de un árbitro.
        
        El párrafo 3 del artículo 31 establece que el laudo debe indicar el lugar del arbitraje y se considerará que el laudo se dictó en ese lugar. Esto significa que el laudo final es un acto jurídico y no necesariamente se lleva a cabo en un único lugar físico. Las deliberaciones, conversaciones y correspondencia entre los árbitros pueden tener lugar en diferentes ubicaciones, y no es necesario que los árbitros se reúnan en persona en un solo lugar para firmar el laudo.
        
        El laudo arbitral debe dictarse por escrito con indicación de su fecha. Debe también ser motivado, a menos que las partes hayan convenido en otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los “términos convenidos” por las partes
      - 7. Impugnación del laudo
        
        Los recursos de impugnación de un laudo varían ampliamente de un sistema legal a otro, lo que dificulta la armonización de la legislación de arbitraje internacional. Algunos reglamentos obsoletos establecen procedimientos paralelos para impugnar tanto un laudo como una decisión judicial, con diferentes plazos y una larga lista de motivos para presentar el recurso. Sin embargo, la Ley Modelo ha mejorado en gran medida esta situación al establecer motivos uniformes de impugnación del laudo y plazos claros para presentar el recurso
        
        La Ley Modelo establece que solo se permite un tipo de recurso contra un laudo, excluyendo cualquier otro recurso previsto en la legislación procesal nacional. Este recurso se conoce como "petición de nulidad" y debe presentarse dentro de los tres meses posteriores a la recepción del laudo. Sin embargo, el artículo 34 no impide que una parte intente obtener el control judicial a través de excepciones en el proceso de ejecución. Es importante destacar que el artículo 34 se refiere específicamente a una acción ante un tribunal judicial estatal, pero las partes pueden acordar recurrir a un tribunal arbitral de segunda instancia si así lo establecen en su contrato.
        
        La Ley Modelo mejora la legislación al enumerar exhaustivamente los motivos por los que un laudo puede ser declarado nulo. Estos motivos incluyen la incapacidad de las partes para celebrar el acuerdo de arbitraje, la invalidez del acuerdo, falta de notificación adecuada, el laudo aborda cuestiones no sujetas al arbitraje, violación del acuerdo o de la Ley Modelo en la composición del tribunal o procedimiento, y el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo va en contra del orden público.
        
        La Ley Modelo establece una similitud entre los motivos de nulidad de un laudo y los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución de una sentencia arbitral de acuerdo con la Convención de Nueva York. Esta similitud es similar a la existente entre la Convención de Nueva York y la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional. La Ley Modelo va más allá al limitar directamente los motivos de nulidad, lo que establece una mayor claridad y restricción en este aspecto.
        
        La Ley Modelo establece que los motivos de nulidad de un laudo y los motivos de denegación de reconocimiento y ejecución de un laudo son casi idénticos. Sin embargo, existe una diferencia práctica: la petición de nulidad debe presentarse ante un tribunal del Estado donde se dictó el laudo, mientras que la ejecución del laudo puede solicitarse ante un tribunal de cualquier Estado. Esto puede implicar diferencias en cuanto a los motivos relacionados con el orden público y la arbitrabilidad, dependiendo de la ley aplicada por el tribunal en el Estado donde se declare la nulidad o donde se ejecute el laudo.
        
        8. Reconocimiento y ejecución de los laudos
        
        El octavo y último capítulo de la Ley Modelo se refiere al reconocimiento y
        a la ejecución de los laudos. Sus disposiciones reflejan la importante decisión de rango normativo de que las mismas normas regirán todos los laudos arbitrales, con independencia de que se hayan dictado en el país de su ejecución o en otro Estado
        
        La Ley Modelo establece una distinción entre laudos "internacionales" y "no internacionales" en lugar de la tradicional distinción entre laudos "extranjeros" y "nacionales". Esta distinción se basa en motivos de fondo en lugar de las fronteras territoriales, ya que el lugar del arbitraje tiene poca importancia en los casos internacionales. Por lo tanto, el reconocimiento y la ejecución de los laudos, ya sean "extranjeros" o "nacionales", deberían regirse por las mismas disposiciones.
        
        Al estipular normas sobre el reconocimiento y la ejecución que siguen el modelo de las disposiciones pertinentes de la Convención de Nueva York, la Ley Modelo complementa el régimen de reconocimiento y ejecución creado por esa exitosa Convención sin entrar en conflicto con él.
        
        Según el párrafo 1) del artículo 35, todos los laudos arbitrales, sin importar el país en el que se hayan dictado, deben ser reconocidos como vinculantes y pueden ser ejecutados de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2) del artículo 35 y el artículo 36. En el contexto de los casos internacionales y con el objetivo de superar las restricciones territoriales, el requisito de reciprocidad no se incluye para el reconocimiento y la ejecución de los laudos.
        
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