La inspección de personas, en el ámbito penal, se refiere a la revisión física de una persona con el fin de buscar elementos de prueba, sustancias ilegales, armas u otros objetos relacionados con un delito. Esta práctica puede llevarse a cabo por las autoridades competentes, como la policía, en el contexto de una investigación criminal o durante el proceso de detención.
Fundamento legal: La inspección de personas debe estar respaldada por una base legal apropiada. Por lo general, las autoridades deben contar con una orden judicial, una autorización legal específica o una justificación razonable para llevar a cabo la inspección
Límites y proporcionalidad: La inspección debe ser llevada a cabo dentro de los límites establecidos por la ley y de manera proporcional al objetivo perseguido. Esto implica que la inspección debe estar justificada por la existencia de indicios razonables de que la persona inspeccionada puede tener en su poder elementos de prueba o objetos relacionados con un delito.
Respeto a los derechos fundamentales: Durante la inspección de personas, se deben respetar los derechos fundamentales de la persona inspeccionada, como el derecho a la intimidad, la dignidad y la integridad personal. Las autoridades deben actuar de manera respetuosa y garantizar que la inspección se realice de la forma menos invasiva posible.
Registro y documentación: Es importante que se documente adecuadamente la inspección de personas, registrando los detalles relevantes de la misma, incluyendo la justificación, las circunstancias, los objetos o sustancias encontrados, y cualquier otra información pertinente. Esto garantiza la transparencia y la posibilidad de presentar dicha información como prueba en un juicio, si es necesario.