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1. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2. POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE…

- - - - La maternidad
      - La asunción de obligaciones familiares
      - El estado civil
      - Razón de sexo
- - - - Incluir la variable de sexo en las estadísticas, encuestas.
      - Establecer en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten conocimiento de las diferencias, roles, condiciones de mujeres y hombres.
      - Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables.
      - Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables puedan ser explotadas.
      - Explotar los datos.
      - Revisar las definiciones estadísticas existentes.
- - - - La educación superior, las Administraciones fomentarán la enseñanza sobre el significado de la igualdad. Con tal finalidad, promoverán:
        
        La inclusion
        
        La creación de postgrados específicos
        
        Realización de estudios en la materia
    - - Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa.
      - Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica.
      - Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública.
      - Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural.
      - Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres.
      - Todas las acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres.
    - - Las Administraciones públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones:
        
        La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación.
        
        El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales.
        
        La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
        
        La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género.
        
        La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
        
        La obtención y el tratamiento desagregados por sexo, CUANDO SEA POSIBLE, de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria.
    - - ANUALMENTE el Consejo de Ministros debe determinar los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deban incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.
- - - - Compromiso de la Administración General del Estado de prevenir el acoso sexual y el acoso por razon de sexo.
      - La instrucción a todo el personal
      - El tratamiento reservado de las denuncias de acoso sexual
      - La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja.
    - - El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
- - - - EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
        
        Capítulo I, Medidas en el ámbito educativo. Principios y valores del sistema educativo:
        
        La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia resolución pacífica de conflictos.
        
        Educación Primaria desarrollar capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos.
        
        La ESO contribuirá a desarrollar la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres según la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género.
        
        El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres según la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género.
        
        La Enseñanza para las personas adultas incluirá actividades en la resolución pacífica de conflictos.
        
        Las Universidades incluirán y fomentarán.
        
        Además adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para:
        
        La educación en el respeto de los derechos y libertades.
        
        La educación en la prevención de conflictos.
        
        La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar.
        
        El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de mujeres y hombres.
      - EN EL ÁMBITO DE LA PUBLICIDAD Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
        
        Capítulo II se regulan las medidas en el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación.
        
        Publicidad ilícita
        La publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio se considerará ilícita.
        
        Titulares de la acción de cesación y rectificación
        La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad estarán legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita.
        
        Medios de comunicación
        Los medios de comunicación fomentarán la protección igualdad entre hombre y mujer.
      - EN EL ÁMBITO SANITARIO
        
        Capítulo III se regulan las medidas en el ámbito sanitario.
        
        Las Administraciones sanitarias promoverán la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia en el del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
        
        Se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario.
        
        Se remitirá al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial, el informe anual emitido por la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
        
        Un año desde la entrada en vigor deberá constituirse una comisión contra la violencia de género en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud según la LOPICVG.
- - - - 1 . Información (artículo 18).
        Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal,
      - 2 . Derecho a la atención integral. (artículo 19).
        La atención multidisciplinar implicará especialmente:
        
        Información a las víctimas.
        
        Atención psicológica.
        
        Apoyo social.
        
        Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
        
        Apoyo educativo a la unidad familiar.
        
        Formación preventiva en los valores de igualdad.
        
        Apoyo a la formación e inserción laboral.
      - 3. Derecho a la atención sanitaria (Artículo 19 bis)
        Así como a sus hijos e hijas con especial atención psicológica y psiquiátrica.
      - 4. Asistencia jurídica. (artículo 20).
        Derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas.
    - - La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precise por razón de su discapacidad para su reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
      - Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas a la Seguridad Social.
      - Las ausencias o faltas motivadas por la violencia de género se considerarán justificadas y serán remuneradas.
      - Trabajadoras por cuenta propia que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección se les considerará en situación de cese temporal y se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses.
    - - Derechos de las funcionarias públicas (Capítulo III)
        
        Derechos económicos
        
        Ayudas sociales.
        
        Las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo.
        
        El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo.
        
        2 . Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores.
- - - - Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato
      - Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades.
    - - Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
      - Igualdad de oportunidades: la adopción de medidas de acción positiva con respecto a las personas con discapacidad.
      - Discriminación directa: La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
      - Discriminación indirecta
      - Discriminación por asociación
      - ACOSO: conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
      - ACOSO SEXUAL: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
      - Medidas de acción positiva
      - Vida independiente
      - Normalización
      - Inclusión social
      - Accesibilidad universal
      - Diseño universal o diseño para todas las personas
      - Ajustes razonables
      - Diálogo civil: el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad según el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
      - Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad según el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
    - - Art. 3:
        
        El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
        
        La vida independiente.
        
        La no discriminación.
        
        El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
        
        La igualdad de oportunidades.
        
        La igualdad entre mujeres y hombres.
        
        La normalización.
        
        La accesibilidad universal.
        
        Diseño universal o diseño para todas las personas.
        
        La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
        
        El diálogo civil.
        
        El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad
        
        La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
  - - - Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
      - La acreditación del grado de discapacidad tendrá validez en todo el territorio nacional.
    - - Telecomunicaciones y sociedad de la información.
      - Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
      - Transportes.
      - Bienes y servicios a disposición del público.
      - Relaciones con las administraciones públicas, incluido el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de aquellas.
      - Administración de justicia.
      - Participación en la vida pública y en los procesos electorales.
      - Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico.
      - Empleo.
- - - - Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
      - Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
      - Recuperación profesional.
      - Rehabilitación y habilitación profesionales.
  - - - Emitir un dictamen técnico normalizado sobre las deficiencias.
      - La orientación para la habilitación y rehabilitación.
      - La valoración y calificación de la situación de discapacidad.
      - La valoración y calificación de la situación de discapacidad será revisable en la forma que reglamentariamente se determine.
  - - - Habilitación o rehabilitación médico-funcional.
      - Atención, tratamiento y orientación psicológica.
      - Educación.
      - Apoyo para la actividad profesional.
  - - - Los centros de educación especial crearán las condiciones necesarias para facilitar la conexión con los centros ordinarios
      - Los hospitales infantiles, de rehabilitación y aquellos que tengan servicios pediátricos permanentes deberán contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los alumnos de edad escolar ingresados en dichos hospitales.
      - Las personas que cursen estudios universitarios, cuya discapacidad les dificulte gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter general.
      - Se realizarán programas de sensibilización, información y formación continua de los equipos directivos.
  - - - El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las entidades locales, regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad.
      - Se incluirán disposiciones sobre, al menos, los siguientes aspectos:
        
        Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos.
        
        Condiciones más favorables en el acceso.
        
        Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas.
        
        La adopción de normas internas en las empresas. Planes y calendario para la implantación de las exigencias de accesibilidad.
        
        Recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad.
        
        Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación establecerán, para cada ámbito o área, medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones.
      - Medidas de acción positiva
        
        Medidas para facilitar el estacionamiento de vehículos.
        
        Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte
        
        Reserva de viviendas para personas con discapacidad y condiciones de accesibilidad
        
        Otras medidas públicas de accesibilidad:
        
        Las administraciones públicas habilitarán en sus presupuestos las consignaciones necesarias para la financiación de las adaptaciones.
        
        Fomentarán la adaptación de los inmuebles de titularidad privada.
        
        Administraciones de urbanismo deberán considerar, y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas.
        
        Los ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a dichos fines
  - - - DISCRIMINACION DIRECTA: cuando una persona con discapacidad sea tratada de manera menos favorable.
      - DISCRIMINACION INDIRECTA: cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral del empresario, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad.
      - Se entenderán NULOS Y SIN EFECTO los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de discriminación tanto directa o indirecta desfavorables por razón de discapacidad, en los ámbitos del empleo, en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo. Y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.
    - - Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluido los servicios de empleo con apoyo.
      - Empleo protegido, en centros especiales de empleo y en enclaves laborales.
      - Empleo autónomo.
  - - - Los servicios de orientación e información: deben facilitar a las personas con discapacidad y a sus familias el conocimiento de las prestaciones y servicios a su alcance, así como las condiciones de acceso a los mismos.
      - Los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades y promoción de la autonomía personal.
      - Los servicios de atención domiciliaria:
        Tendrán como cometido la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico.
      - Los servicios de vivienda, ya sean servicios de atención residencial, viviendas tuteladas, u otros alojamientos de apoyo para la inclusión.
      - Los servicios de centro de día y de noche.
      - Los servicios de residencias.
  - - - Órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la AGE, para la definición y coordinación de las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.
      - Corresponderá al Consejo la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
    - - El órgano del Consejo Nacional de la Discapacidad, encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
    - - Derecho a la protección de la salud.
      - Derecho a la atención integral.
      - Derecho a la educación.
      - Derecho a la vida independiente.
      - Derecho al trabajo.
      - Derecho a la protección social.
      - Derecho de participación en los asuntos públicos.
- - - - El incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la sección 1.ª del capítulo V del Título I, y en el Título II.
      - El incumplimiento de las disposiciones que impongan la obligación de adoptar normas internas en las empresas.
      - Obstaculizar la acción de los servicios de inspección.
    - - Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad.
      - La imposición abusiva de cualquier forma de renuncia total o parcial a los derechos de las personas por motivo de o por razón de su discapacidad.
      - El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades.
      - La obstrucción o negativa a facilitar la información solicitada por las autoridades competentes o sus agentes.
      - El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas sobre accesibilidad de los entornos.
      - La negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste razonable.
      - El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las previsiones efectuadas en la disposición adicional tercera.
      - La coacción, amenaza, ejercida sobre la persona con discapacidad, que hayan entablado cualquier clase de acción legal para exigir el cumplimiento del principio de igualdad.
      - Consideración de infracción grave la comisión, en el plazo de tres meses y por tres veces, de la misma infracción leve.
    - - Las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por motivo de o por razón de su discapacidad.
      - Las acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional para las personas con discapacidad.
      - Conculcar deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes.
      - Generar deliberadamente situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o psíquica o la salud de las personas con discapacidad.
      - Las conductas calificadas como graves cuando sus autores hayan actuado movidos
      - El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre accesibilidad en la planificación de los entornos, a disposición del público.
      - El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre accesibilidad que impida.
      - Tendrá también la consideración de infracción muy grave, la comisión de tres infracciones graves en el plazo de un año.
  - - - Mínimo: de 301 a 6k euros.
      - Medio: de 6k a 18k
      - Maximo: de 18k a 30k
    - - Minimo: de 30k a 60k
  - - - El órgano con rango de Dirección General.
      - La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
      - La persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- - - - El carácter público de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
      - La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia.
      - La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada.
      - La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia.
      - La valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de EQUIDAD para garantizar la igualdad real.
      - La personalización de la atención.
      - El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención.
      - La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible.
      - La permanencia de las personas en situación de dependencia.
      - La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
      - La participación de las personas en situación de dependencia.
      - La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema.
      - La participación de la iniciativa privada en los servicios de atención a la situación de dependencia.
      - La participación del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.
      - La cooperación interadministrativa.
      - Integración de las prestaciones establecidas en esta Ley en las redes de servicios sociales de las CCAA.
      - La inclusión de la perspectiva de género.
      - Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente.
  - - - A disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales.
      - A recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y continuada relacionada con su situación de dependencia.
      - A ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación.
      - A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos.
      - Participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar.
      - A decidir, sobre la tutela de su persona y bienes.
      - A decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial.
      - Al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales.
      - Al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales.
      - A iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho que reconoce la presente Ley en el apartado 1 de este artículo.
      - A la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación de esta Ley.
      - A no sufrir discriminación por razón de orientación o identidad sexual.
- - - - Nivel de protección mínimo establecido por la AGE.
      - El nivel de protección que se acuerde entre la AGE y la Administración de cada una de las CCAA art. 10.
      - El nivel adicional de protección que pueda establecer cada CCAA.
    - - Instrumento de cooperación para la articulación de los servicios sociales y la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia.
      - Funciones Consejo, (además de las que expresamente le atribuye esta Ley):
        
        Acordar el Marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la Ley.
        
        Establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de los servicios previstos.
        
        Acordar las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas.
        
        Adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios.
        
        Facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes.
        
        Establecer los mecanismos de coordinación para el caso de las personas desplazadas en situación de dependencia.
        
        Informar la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia
        
        Servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las Administraciones Públicas.
    - - El Gobierno determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado de su dependencia, como condición básica.
    - - En el seno del Consejo Territorial del Sistema, la AGE y las CCAA acordarán el marco de cooperación interadministrativa, que se desarrollará mediante los correspondientes Convenios entre la AGE y cada una de las CCAA.
    - - Planificar los servicios de promoción de la autonomía personal.
      - Gestionar los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia.
      - Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria.
      - Crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios.
      - Asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención.
      - Inspeccionar sobre requisitos y estándares de calidad de los centros.
      - Evaluar periódicamente el funcionamiento del Sistema en su territorio respectivo.
      - Aportar a la Administración General del Estado la información necesaria para la aplicación de los criterios de financiación.
  - - - Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual
      - Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal
    - - Podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas:
        
        Por una parte, a la promoción de la autonomía personal.
        
        Por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
    - - Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal.
      - Servicio de Teleasistencia.
      - Servicio de Ayuda a domicilio:
        
        Atención de las necesidades del hogar.
        
        Cuidados personales.
      - Servicio de Centro de Día y de Noche:
        
        Centro de Día para mayores.
        
        Centro de Día para menores de 65 años.
        
        Centro de Día de atención especializada.
        
        Centro de Noche.
    - - Residencia de personas mayores en situación de dependencia.
      - Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad.
    - - Las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal.
      - Las CCAA establecerá el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
    - - Prestación económica vinculada al servicio.
        
        Caracter periodico.
      - Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
        
        Excepcionalmente.
      - Excepcionalmente.
  - - - Grado I. Dependencia moderada:
        
        Ayuda para actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día.
      - Grado II. Dependencia severa:
        
        Ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día.
      - Grado III. Gran dependencia:
        
        Ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día.
  - - - A instancia del interesado y de sus representantes legales.
      - De oficio.
      - Con motivo del cambio de residencia a otra CCAA.
    - - Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.
      - Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo.
- - - - Funciones: informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el funcionamiento de dicho Sistema.
    - - 6 representantes de la Administración General del Estado.
      - 6 representantes de las administraciones de las CCAA.
      - 6 representantes de las Entidades locales.
      - 9 representantes de las organizaciones empresariales más representativas.
      - 9 representantes de las organizaciones sindicales más representativas.
  - - - El Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
      - El Consejo Estatal de Personas Mayores.
      - El Consejo Nacional de la Discapacidad.
      - El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.