Ordenamiento Ecológico
Antecedentes de las políticas de Ordenamiento Territorial en México
1940-1970
Luego de los primeros esfuerzos del gobierno federal para incorporar la cultura de la planeación a las acciones dirigidas a fortalecer el desarrollo de las actividades económicas y la construcción de infraestructura con el fin de combatir el rezago social (la Ley General de Planeación de 1930, los dos planes sexenales de los presidentes Cárdenas y Ávila Camacho), es a partir del decenio de 1940 y durante los siguientes treinta años que se implementaron políticas de planeación con enfoque territorial encaminadas a dar respuesta a los problemas derivados de la aplicación del modelo de desarrollo socioeconómico basado en la sustitución de importaciones adoptado por el gobierno mexicano a partir de la posguerra.
1970-1990
A partir de la década de 1970, las políticas territoriales en México dieron un importante giro y comenzaron a tener una orientación y alcance nacional. En 1976 se decretó la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), que tuvo modificaciones en 1981 y 1993, en la cual por primera vez apareció el concepto de ordenamiento territorial en relación con los asentamientos humanos y se estableció como objetivo lograr una “distribución sustentable de la población y las actividades económicas”, con lo cual se integraron a dicha ley los aspectos ambientales. La institución encargada de dar seguimiento a lo señalado por la LGAH fue la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), la cual, desde la Dirección General de Ecología Urbana, diseñó y coordinó la elaboración de los Ecoplanes, que se convirtieron en los primeros instrumentos de gestión ambiental en el país (Rosete, 2006).
En 1982, la SAHOP se transformó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), la cual sumó a las atribuciones de coordinar las políticas de Ordenamiento Territorial en los asentamientos humanos del país, las referentes a la protección al ambiente y el Ordenamiento Ecológico (OE) (Rosete, 2006), concepto que aparece por primera vez en la Ley Federal de Protección al Ambiente (Semarnat, 2006, citado por Wong, 2010).
En 1983 la protección ambiental en el país se elevó a rango constitucional, y se creó la Subsecretaría de Ecología, dependiente de la Sedue. En ese mismo año se decretó la Ley de Planeación (LP), la cual estableció la creación de un sistema de planeación a nivel nacional, con las competencias respectivas en cada secretaría de Estado y señaló la obligación del titular del poder ejecutivo de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo al inicio de su administración (Sánchez, 2011).
1995–2012
Durante el periodo comprendido entre 1995 y 2000, y luego de las reformas realizadas a la LGEEPA en 1996, el Ordenamiento Ecológico del Territorio fue consolidándose como un instrumento integral de planeación territorial impulsado por el INE; asimismo, en dicho periodo se continuó con la elaboración de ordenamientos ecológicos estatales (se decretaron los OE de Guanajuato y Baja California) y se decretaron los primeros ordenamientos ecológicos regionales y locales –algunos de ellos de áreas costeras– en los estados de Baja California Sur, Baja California, Coahuila y Jalisco (Semarnat, 2012b).
En 1999, por iniciativa de la Sedesol, se constituyó el Grupo Interinstitucional de Ordenamiento Territorial (GIOT) conformado por el Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat, el Consejo Nacional de Población (Conapo) de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Sedesol, con el fin de impulsar tanto la elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial (PEOT) como los ordenamientos municipales, con un enfoque integral y de desarrollo sustentable;
En 2000, la Semarnap se transformó en Semarnat, concentrando sus esfuerzos exclusivamente hacia la política ambiental y de manejo de los recursos naturales del país, transfiriendo las funciones relativas a la política pesquera a la competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), (Rosete, 2006).
En 2001 la política de Ordenamiento Territorial a cargo de la Sedesol quedó integrada al Plan Nacional de Desarrollo a través del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Paralelamente, en la oficina de la Presidencia de la República se crearon los Fideicomisos Mesorregionales cuyo objetivo era apoyar económicamente el desarrollo de proyectos de infraestructura y actividades productivas en las cinco mesorregiones definidas por dicha oficina con el fin de fortalecer el desarrollo regional:
Situación actual de la política de Ordenamiento Territorial: avances y resultados
Instrumentos de largo alcance para hacer planeación territorial integral con un enfoque de sostenibilidad
El Ordenamiento Ecológico Territorial (OET), que es el instrumento de política ambiental para regular el uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
El Ordenamiento Territorial (OT), que es considerado un instrumento de política territorial integral y una estrategia de desarrollo socioeconómico la cual, mediante la articulación de políticas sectoriales, busca promover patrones sustentables de ocupación y aprovechamiento del territorio.
Problemas actuales de las políticas de Ordenamiento Territorial y desafíos a futuro
• La incorporación de la cultura de la planeación en los diferentes niveles de gobierno.
• La conciencia de la necesidad de una planeación territorial del desarrollo con enfoque integral y sustentable y, en concordancia con lo anterior, la necesidad de articular tanto las políticas sectoriales como las instituciones en los distintos niveles de gobierno, en lo cual se han realizado pasos importantes.
• El fortalecimiento del marco teórico-conceptual general del OT y el OET, y el diseño de guías metodológicas para la elaboración de Programas de Ordenamiento Territorial y Ordenamiento Ecológico Territorial a distintas escalas. Ambos esfuerzos han sido logrados mediante la colaboración conjunta entre el sector público y el sector académico.
• La existencia de mejores bases de datos georreferenciadas y cartografía para ordenamientos a escalas nacional, estatales y macrorregionales.
• Una mayor experiencia profesional y técnica en la elaboración de Ordenamientos Territoriales y Ecológico-Territoriales.
• Una mayor valoración de los Ordenamientos Territoriales y Ecológicos Territoriales como referentes para la toma de decisiones.