Tiene por objeto la inacción de un órgano administrativo consecuencia de un retardo, distorsión, omisión o incumplimiento de un trámite, plazo o procedimiento.

El recurso de reclamo debe ser interpuesto ante el Superior Jerárquico inmediato de forma escrita, donde se especifique la omisión, retardo o incumplimiento, cabe agregar, que la norma no expresa un plazo para la interposición de este recurso, permitiendo inferir que puede ser interpuesto en cualquier momento antes de una resolución definitiva.

Cuando los funcionarios responsables del asunto inquieren en retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de un procedimiento, tramite o plazo establecido (art. 3 LOPA).

Debe presentarte el reclamo de forma escrita y razonada ante el superior jerárquico inmediato de los funcionarios responsables de asunto (art. 3 LOPA).

Debe ser resuelto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la interposición del reclamo (art. 3 LOPA).

• No paraliza el procedimiento, no obstaculiza la subsanación de las fallas u omisiones, es decir, no tiene efectos suspensivos.

• Si el superior inmediato encontrare fundado el reclamo, puede subsanar las fallas del inferior e imponer conforme a lo establecido en el art. 100 LOPA, con una multa comprendida entre el 5% y el 50% de su remuneración total correspondiente al mes en que cometió la falta, sin perjuicio de exigir las demás responsabilidades a que hubiera lugar.

Su principal objetivo es presentar una solicitud ante cualquier autoridad o funcionario público en el ámbito de su competencia, de manera genérica y no limitativa (art. 51 CRBV).

La dimensión legislativa (solicitud de aprobación y derogación de leyes) que podría estar implicada en el Derecho de Petición en sus orígenes, encontraría cauces expresos configurados bajo la modalidad de la iniciativa popular legislativa, en el referendo aprobatorio y en el referendo abrogatorio contemplado en el ar t. 204 núm. 7, 73 y 74 de la CRBV

Las reclamaciones en sede administrativa tendrían su cauce en los recursos administrativos derivados de los art. 85 al 99 LOPA

Los funcionarios públicos tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas, por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las personas de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley (art. 9).

Las reclamaciones en sede administrativa tendrían su cauce en los recursos administrativo derivados del enunciado del art. 49 CRBV

La autotutela consiste en que la administración no requiere que un tercero imparcial, el Juez, certifique sus derechos y los haga ejecutivos, dado que, el acto administrativo es un título ejecutivo que no requiere de homologación judicial para producir efectos jurídicos.

La Ley de simplificación de los trámites administrativos fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinario Nº 5.393 de fecha 22 de octubre de 1999, tiene por finalidad racionalizar y optimizar las tramitaciones que realizan las personas ante la Administración Pública a los fines de mejorar su eficacia, eficiencia, pertinencia, utilidad, para así lograr una mayor celeridad y funcionalidad en las mismas

Es aquel poder conferido a la administración para extinguir un acto por razones de oportunidad o conveniencia, bien por razones originarias o sobrevenidas (art. 90 LOPA).

Es aquella figura en virtud de la cual la administración subsana vicios de los actos no afectados de nulidad absoluta, sin presentar límite de tiempo alguno para su ejercicio. La LOPA en su art. 3 establece que “La administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan”.

2.- Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley.

4.- Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento lealmente establecido.

1.- Cuando así este expresamente determinado por una norma constitucional o legal.

3.- Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.

Esta potestad esta concebida como una derivación o especie de la potestad general de convalidación y se contrae exclusivamente a aquellos casos en que existen errores materiales o de calculo que ni implican nulidad absoluta del acto, tal como lo establece el art. 84 LOPA que textualmente dice “La administración podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos administrativos”.

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su Titulo IV, De la revisión de los actos en vías administrativas, de la revisión de oficio, en su art. 83, le confiere a la administración la posibilidad de reconocer de oficio la nulidad absoluta de los actos dictados por ella en cualquier momento.

Es aquel cuya corrección no cambia el sentido de la resolución, dado que el error es deducible, en tal sentido, La LOPA en su art. 84 le permite a la administración corregir aquellos errores en que hubiere incurrido en la configuración de los actos administrativos.