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UNIDAD 8: POTESTADES ADMINISTRATIVAS - Coggle Diagram

- - - - Vinculación negativa de la Administración
        
        La Administración podrá hacer todo lo que la ley no le prohíbe, aúñ cuando lo sea en el marco que la misma fije, y por ello la Administración dispondría de plena discrecionalidad en todos aquellos que la ley no haya regulado
      - La tesis de la vinculación positiva de la Administración a la ley
        
        La Administración solo puede ejercer poderes juridicos mediando una previa atribución legal y en los terminos que de la misma resulten, incluso los poderes discrecionales de la Administración han de estar previstos y encontrar justifiación, por tanto en una normativa habilitante pues sin ésta no hay ni hay poder alguno susceptible de ser ejecitado
        
        La Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho, toda actuación administrativa debe responder una visión normativa habilitante, la constitución, la ley o normas reglamentarias
      - La atribución de potestades a la Administración ha de ser expresa, y por excepción pueden inferirse del ordenamiento en su conjunto pero teniendo limites, estos poderes son derivados ya que son poderes expresamente atribuidos o reconocidos por la ley a la Administración, sin interpretaciones expansivas.
        
        La atribución de la potestad debe ser especifica con un contenido concreto , no son admisibles poderes indeterminados, un poder ilimitado pone en cuestión el sistema jurídico basado en la separación de poderes y en el papel y función que la constitución reserva a la Administración.
        
        El principio de proporcionalidad, las propias técnicas al servicio del control de discrecionalidad administrativa ayudan a concretar la correción de la acción administrativa, tanto desde la consideración de la potestad de la que se hace hecho uso como desde la de su ejercicio mismo.
  - - - Consiste en afirmar que toda acción singular del poder debe estar justificada en una ley previa, debido a que la legitimidad del poder procede de la voluntad del pueblo
- - - - La realidad a la que se tiene que enfrentar la Administración obliga a que el legislador también le atribuya potestades más flexibles, que le permitan intervenir con eficacia en la defensa de los intereses generales. En estos casos se atenúa la vinculación positiva de la Administración a la ley, ya que ésta no impone en una relación automática.
        
        La potestad reglamentada constriñe a la Administración a la constatación del supuesto de hecho legalmente definido de manera completa y a aplicar la consecuencia que también agotadoramente ha previsto la ley, la potestad discrecional introduce en el proceso aplicativo una estimación subjetiva de la Administración, al permitirle decidir entre una pluralidad de opciones o alternativas.
        
        Esa estigmación subjetiva de la Administración no debe llevar a confusión alguna entre lo que es potestad discrecional, de una parte y autonomía de la voluntad, de otra, esta supone libertad de actuación en o no prohibido por la ley, mientras que aquella supone cierta libertad de actuación cuando así lo autoriza la ley. Ambas reconocen un margen de libertad, pero la autonomía de la voluntad se reconoce por vía general, salvo en los casos prohibidos, sin embargo la potestad discrecional se concede para cada caso concreto o lo que es lo mismo se otorga por la ley en atención a supuestos concretos y determinados.
        
        La distinción entre el ejercicio de potestades discrecionales por la Administración y la autonomía de la voluntad enlaza con toda la problemática surgida con ocasión del intento doctrinal de trasladar la dogmática civil sobre el negocio jurídico a la teoría de los actos administrativos.
        
        Basta constatar que todo acto de ejercicio de poder en el campo del Derecho Público es al mismo tiempo y necesariamente un acto debido a diferencia de la autonomía privada y a su concreción, el negocio jurídico que no está limitada de un modo semejante.
        
        La distinción entre potestad reglada y potestad discrecional es una distinción que con el tiempo ha perdido la trascendencia e importancia práctica que históricamente tuvo desde la consideración del control jurisdiccional de la actuación de la Administración.
        
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- - - - La potestad discricional se atribuye por relación a determinados supuestos que la norma legal caracteriza o define, es obvio que el ejercicio de la potestad solo será posible si concurren dichos supuestos. La administración podrá decidir en uno u otro sentido, dentro del margen que le permite la discrecionalidad. Sin embargo, de no mediar el presupuesto necesario, que no es otro que la concurrencia del hecho o hechos susceptibles de ser subsumidos o reconducidos al supuesto legal, la decisión administrativa carecerá de toda cobertura y deberá ser anulada. Y en consecuencia siempre estará al alcance de los órganos jurisdiccionales verificar objetivamente la existencia del supuesto de hecho que legitima el ejercicio de la potestad discrecional, es importante dejar claro es que ningún impedimento conceptual existe para que pueda someterse a fiscalización la existencia o no del presupuesto que justifica el ejercicio de la potestad.
        
        Esta técnica se ha desarrollado sobre todo en el ordenamiento jurídico francés por medio de la labor jurisprudencial del conseil d'etat, el cual distingue 3 modalidades, la exactitud material de los hechos, la apreciación de la legalidad en relación a las circunstancias de hecho y la corrección de la calificación jurídica que de esos hechos haya observado la Administración.
    - - A diferencia de la discrecionalidad propiamente dicha, en la que se admite una pluralidad de soluciones todas ellas adecuadas a Derecho, los conceptos jurídicos indeterminados utilizados en las descripciones normativas de los supuestos de hecho, ejemplo: utilidad pública, urgencia, orden público, amenaza de peligro, interés general, etc.
        Abocan necesariamente a una única solución justa. Quiere decirse que la norma que usa conceptos indeterminados no está otorgando a la Administración un poder discrecional. Dificilmente podrá ser tal en efecto, si afirmamos que la aplicación del concepto indeterminado solo admite una solución ajustada a Derecho. Y de ahí que la decisión administrativa sea susceptible de plena fiscalización por la jurisdicción
        
        Sucede, no obstante que en los conceptos jurídicos indeterminados junto a una zona de certeza positiva y otra de certeza negativa, coexiste una zona de incertidumbre en la que resulta muy difícil discernir si esa subsunción es factible.
        La ponderación de determinados conceptos muy raramente puede conducir a una respuesta única y precisa. Es justamente en ese nivel de incertiumbre en el que la Administración goza de un margen para decidir lo cual dificulta extraordinariamente cuando noimpide que su decisión llegue a ser sustituida por la apreciación del juez o tribunal.
        
        El criterio de la pluralidad de soluciones frente a la solución única a fin de deslindar la discrecionalidad propiamente dicha de lo que son meros conceptos jurídicos indeterminados, debe ser matizado.
        La idea de única solución justa aplicada a los conceptos jurídico-intederminados, aunque formalmente sea correcta, en la práctica no siempre resulta posible u operativa. Por tanto una vez descartado que la decisión administrativa adoptada sea contraria a la certeza positiva o en su caso la certeza negativa del concepto, dificilmente el juez o tribunal que revise la decisión podrá sustituir el criterio de la Administración por el suyo propio. En este nivel sigue siendo efectivo la vieja idea de que los jueces no pueden controlar las decisiones de la Administración sobre la base de criterios de mera oportunidad, criterios que solo a la administración corresponde concretar
        
        El uso que la Administración haya hecho del margen de apreciación que le permite la incertidumbre que conlleva todo concepto jurídico indeterminado, podrá ser enjuiciado y sujeto a revisión en función de los elementos de prueba existenter y en la medida en que los mismos permitan demostrar que la solución adoptada no es la apropiada al interés público por existir otra más adecuada, la discrecionalidad se justificará únicamente en la presunción de razonabilidad con que la Administración la ha utilizado por su contacto con lo hechos por sus medios técnicos por la multiplicidad de aspectos y valores que han tenido que integrar en la decisión
    - - CUnado la Administración se aparta del fin legalmente previsto para el ejercicio de la potestad incurre en una infracción del ordenamiento jurídico que se ha dado en denominar desviación del poder. La especificidad de la desviación radica en que la potestad se ejerce para alcanzar o servir a un fin distinto al que la justifica y legitima.. Por eso aunque el acto formalmente se ajuste a Derecho, el ejercicio desviado de la potestad determinará su invalidez, actuando como una técnica de control último y complementeario de las actuaciones administrativas, sean éstas regladas o discrecionales.
        
        La desviación de poder debe intervenir de forma subsidiaria para hacer frente a actos administrativos exteriormente acordes con las reglas dde competencia y de procedimiento y con las de derecho material aplicado, pero que internamente suponen una contravención del sentido telelólogico de la actividad administrativa desarrollada, una distorsión de la normal finalidad del acto, una no utilización de la potestad administrativa de forma objetiva acorde con la finalidad perseguida, una finalidad torcida o la persecución de una finalidad espuria, un próposito de satisfacer extraños al bien público, siendo preciso demostrar que el acto impugnado ajustado a la legalidad extrínseca no responde en su motivación interior al sentido teleologico de la actividad administrativa.
        
        La desviación de poder no es un vicio de moralidad, sino un estricto vicio de legalidad.
        Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, inluso la desviación de poder.
        
        La adecuación a Derecho de la causa de revocación del nombramiento alegada por la Administración, aquella revocación de la comisión debe ser explícita, explicada y deberse a una causa legal.
        
        La desviación es muy díficil de probar plenamente, pero fácil de advertir.
        Por ello que se exige la prueba suficiente que no tiene que ser necesariamente prueba directa pudiendo bastar con una indiciaria.
      - La desviación de poder es el hecho a una autoridad administrativa que realizando un acto de su competencia con observancia de las normas prescritas y no concurriendo en violación formal de ley, usa de su poder con fines y por motivos distintos del bien del servicio.
    - - El ejercicio de una potestad discricional propiamente dicha no exime a la Administración de observar los principios constitucionales y generales del Derecho a los que todos lo s poderes públicos se hallan sometidos en su actuación (principiios de igualdad, de proporcionalidad, de seguridad juríðica, interdicción de la arbitrariedad, etc) .
        
        El control que permiten estos principios es fundamentalmente un control negativo.
        Los mismos no siempre permiten determinar si la actuación administrativa se corresponde con la exigida por el ordenamiento jurídico, y ellos, sencillamente porque no hay una única actuación posible.
        
        El contorl a través de los principios generales se ciñe a comprobar si la actuación discrioncal los infringe o no, es decir si resulta discriminatoria o desproporcionada o arbitraria, etc.
        En suma al vincular negativamente no agotan ni eliminan el margen de decisión de que goza la Administración, solo lo limitan sin predeterminar positivamente la decisión que dentro del mismo pueda adoptar.