Contempla permisos simplificados para explotación de pequeña escala, con límites de producción reducidos, uso de herramientas manuales o equipos básicos, beneficios tributarios preferenciales, acceso a capacitación técnica, programas de formalización y apoyo estatal, todo orientado a transformar esta actividad en una práctica legal, segura y sostenible, reconociendo su valor económico y social en las comunidades mineras.