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T5 - FUENTES DEL DERECHO FINANCIERO Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO FINANCIERO
PRINCIPIO DE GENERALIDAD
Este principio establece que todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a través de impuestos, garantizando que no haya excepciones arbitrarias en la imposición fiscal. Busca evitar privilegios fiscales y asegurar que la carga tributaria se distribuya de manera equitativa entre todos los contribuyentes
PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONOMICA
Este principio implica que la carga tributaria debe ser proporcional a la capacidad económica de cada contribuyente. Esto se traduce en que aquellos con mayores recursos deben contribuir en mayor medida al financiamiento del Estado, promoviendo la justicia fiscal y la equidad en el sistema tributario
PRINCIPIO DE IGUALDAD
Este principio garantiza que todos los ciudadanos sean tratados de manera igual ante la ley, sin discriminación en la aplicación de las normas tributarias. La igualdad ante la ley es un pilar fundamental del Estado de derecho y se extiende a la imposición y recaudación de tributos
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD
Este principio establece que los tipos impositivos deben aumentar conforme aumenta la capacidad económica del contribuyente. La progresividad en la tributación busca asegurar que los ciudadanos con mayores ingresos contribuyan en mayor medida, promoviendo una distribución más equitativa de la carga fiscal
PRINCIPIO DE CONFIRCATORIEDAD
Este principio prohíbe que los tributos sean tan elevados que resulten en la confiscación de la propiedad o ingresos de los contribuyentes. La confiscatoriedad protege a los ciudadanos de cargas fiscales excesivas que puedan afectar su capacidad de subsistencia y su patrimonio
PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY
establece que solo la ley puede crear, modificar o suprimir tributos. Esto garantiza que las decisiones fiscales sean tomadas por el poder legislativo, asegurando un control democrático sobre la imposición tributaria y evitando abusos por parte del ejecutivo
PRINCIPIO DE PREFERENCIA DE LEY
Este principio implica que, en caso de conflicto entre normas, prevalecerán las disposiciones legales sobre las administrativas. Esto asegura que las decisiones fiscales se basen en normas de mayor jerarquía, promoviendo la seguridad jurídica y la estabilidad en el sistema tributario
FUENTES DEL DERECHO FINANCIERO
NORMAS DE RANGO LEGAL
Las normas de rango legal son fundamentales en el derecho financiero, ya que establecen el marco jurídico que regula la actividad financiera del Estado y de otros entes públicos. Esto incluye la Ley General Presupuestaria, que regula la elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto del Estado. También es importante la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece principios de estabilidad presupuestaria y límites al déficit y la deuda pública
DISPOSICIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO
son emitidas por las autoridades administrativas y complementan las normas legales. Incluyen reglamentos que desarrollan aspectos específicos de la ley, órdenes ministeriales que regulan la gestión de los recursos públicos y resoluciones que establecen procedimientos para la recaudación de tributos y la ejecución del gasto. Estas normas son esenciales para la aplicación práctica de las leyes y para asegurar la correcta administración de los recursos públicos
FUENTES NO ESCRITAS
Incluyen principios generales del derecho, costumbres y prácticas que, aunque no están codificadas, son reconocidas en la práctica del derecho financiero. Estas fuentes pueden influir en la interpretación y aplicación de las normas legales y administrativas, aportando flexibilidad y adaptabilidad al sistema jurídico
CONVENIOS INTERNACIONALES Y DERECHO DE LA UE
Los tratados y acuerdos internacionales, así como la normativa de la Unión Europea, tienen un impacto significativo en el derecho financiero nacional. Estos convenios pueden establecer obligaciones para los Estados en áreas como la fiscalidad, la cooperación económica y la regulación financiera. La normativa de la UE busca armonizar las políticas fiscales entre los Estados miembros, promoviendo la transparencia y la equidad en la tributación.