En conclusión, el derecho penal es un pilar fundamental para garantizar la convivencia en la sociedad, estableciendo normas que regulan las conductas malignas y determinan las sanciones que se pueden aplicar al respecto. Si se aplica de manera correcta permite la prevención de delitos, la protección de los ciudadanos y la rehabilitación de quienes han infringido la ley. Sin embargo, la eficiencia de este sistema penal no solo depende del Estado, sino también de la colaboración de la sociedad en la promoción de la legalidad y el rechazo a la corrupción.