La respuesta cubana ante el COVID-19. Complejidades socioeconómicas de un
control sanitario efectivo
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El gobierno cubano, en todos sus niveles, ha tenido un éxito innegable en
sus acciones de control de la pandemia. Eso no es una casualidad, sino
resultado de un sistema de salud universal que está integrado con la producción biotecnológica y la investigación científica. Al mismo tiempo,
la estructura centralizada propia de un modelo de planificación como el
cubano, ha permitido concentrar recursos y distribuirlos con celeridad ante la crisis sanitaria
.
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Sin embargo, estas son condiciones que ya estaban construidas
y que permitieron enfrentar el primer impacto de los efectos del COVID-19. Para el escenario que deberá resistir la economía y el proyecto
social cubano en los meses por venir, se requieren de otras modificaciones. Entre las principales deberá estar la adopción de formas de planificación y de asignación de recursos con características dinámicas, ágiles
y sistémicas, y con sentido de justicia social.
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Además del control efectivo de la epidemia, el manejo aquí brevemente apuntado también ha posibilitado una percepción positiva de
la capacidad organizativa del gobierno, por lo que esta cuestión puede
constituirse en una fortaleza simbólica para consensuar la dirección de
las políticas públicas a ser puestas en marcha, tomando en consideración
y retroalimentándose de los criterios de la sociedad, especialmente de
personas investigadoras y académicas que han abordado el asunto desde
diferentes aristas.
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La respuesta cubana ante el COVID-19 no ha implicado el cierre de
toda la actividad económica del país, sino que se ha basado en un escalonamiento de las restricciones con una lógica territorial, condicionada
y temporal, en un proceso preventivo a tono con su sistema sanitario
universal y gratuito, y orientado a una organización más eficiente y controlada de las actividades económicas y las inversiones.
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En términos sociales, urge la puesta en práctica de soluciones locales, sobre una base de líneas estratégicas fundamentales que, si bien
marcan el camino, habilitan a los poderes municipales para la adopción
de medidas de protección, distribución y redistribución más efectivas
para atender las diversas problemáticas. Será esencial en esta etapa una
determinación precisa de los grupos vulnerables según sus causas —de
salud, económicas, ambientales, etcétera—, así como la participación de
las personas en el diseño, implementación y evaluación de estas medidas.
La transparencia en la gestión legitimará el accionar del poder popular y
su efectividad en la solución de las problemáticas.