Virus, neoliberalismo y necropolítica en Los Andes. —Un contrapunto
ecuatoriano-peruano

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La activación estatal en medio de la crisis provocada por el nuevo coronavirus no alcanzó a operar como incentivo suficiente para asegurar

el autocuidado (permanecer en casa) y evitar el temprano desborde de

las instituciones de salud pública, largamente castigadas por décadas de

ortodoxia fiscal (Perú) y por la severidad del retorno al ajuste estructural

(Ecuador).

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Las trayectorias de acción estatal limitan la efectividad de las opciones públicas de los gobiernos de turno en la coyuntura. En el cuadro

de la hegemonía neoliberal en la región, dos cuestiones son claves al respecto: la fragilidad de las capacidades estatales para garantizar derechos

y la centralidad de la economía informal como mecanismo para reducir

costos laborales y ganar en competitividad nacional. Ambos problemas

operaron, de modo decisivo, a contramano del compromiso de los estados con la protección de la vida de sus poblaciones

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La élite gobernante peruana pareció, en la coyuntura examinada,

más dispuesta a honrar dicho compromiso que su par ecuatoriana. El

expresidente Vizcarra y su gabinete activaron cursos de acción pública

imprevistos por la senda ortodoxa del país (estímulo fiscal y políticas

contracíclicas), y con cierta vocación tecnocrática más o menos apegada

a las recomendaciones de la OMS.

En Ecuador, aún peor, el gobierno penalizó directamente a las grandes mayorías al acelerar el programa de recorte del gasto público y la reducción de burocracia y salarios en plena pandemia. El gobierno técnico

de la crisis sanitaria operó desde la ortodoxia fiscalista del Ministerio de

Finanzas y la invisibilidad de cualquier discurso de salud pública en el

gabinete ministerial.

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El peso del lobby empresarial en las decisiones públicas hizo entrar

al gobierno en la dicotomía salud vs economía, optando siempre por la

actividad del mercado. Así, el presidente Moreno hizo de la crisis sanitaria la ocasión para retomar la iniciativa política y aprobar leyes proclives

a la reforma estructural (liberación del precio de los combustibles), que

meses antes había sido rechazada masivamente por la población. La

“doctrina del shock” ha sido entendida por Naomi Klein como la utilización política de las crisis a fin de impulsar, a gran escala, medidas que

profundizan la desigualdad, enriquecen a las élites y debilitan al resto.