Es el instrumento jurídico firmado y ratificado por todos los 33 países de la América Latina y el Caribe cuya finalidad es prohibir: el ensayo, uso, fabricación, producción, adquisición o emplazamiento, por cualquier medio, de toda arma nuclear, directa o indirectamente, dentro de dicha región.
México es uno de los pocos países que tiene capacidad técnica para fabricar armas nucleares, sin embargo, ha renunciado a ellos y se comprometió a utilizar su tecnología nuclear únicamente con fines pacíficos tras el Tratado de Tlatelolco de 1968.