“un notorio ropaje de liberalismo intervencionista y de autoritarismo; de un estado anárquico que ha asegurado el predominio de una exigua minoría que detenta todo el poder político y económico; en fin, de un “estado convencional de derecho” que, atinadamente y con propiedad(…)”,, en razón a su falta de autonomía en los diversos órdenes, pero en particular, para dirigir proyectos legislativos acordes con una necesaria pero inexistente política criminal estatal, se haya “(…) caracterizado por las siguientes notas”2 : 1) La inexistencia de un sistema jurídico y la presencia de una pluralidad de normas incoherentes entre sí, que ocasionan una inseguridad e incertidumbre en el derecho. 2) La incoherencia real de su normatividad, traducida en el desfase existente entre los postulados de derecho y la realidad social que vive el país. 3) La actividad del órgano legislativo, el poder judicial y la administración pública, carecen de consenso y eficacia, y por tanto de legitimidad. 4) La absoluta desorganización de la administración pública, que en razón de ello no pueden garantizar la vigencia de los derechos fundamentales consagrados en la carta política de 1991.
