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Tribunales Judiciales Federales, Los tribunales colegiados y unitarios de…

- - - - Tribuna Electoral
        
        Tribunales Colegiados de Circuito
        
        Tribunales Unitarios de Circuito
        
        Juzgados de Distrito
        
        Consejo de la Judicatura Electoral
        
        Jurado Federal de Ciudadanos
        
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        El CJF es en sí una entidad formalmente jurisdiccional, porque forma parte del PJF.
        
        Sus funciones principales son materialmente administrativas y sólo por excepción jurisdiccionales. Entre ellas está nombrar, adscribir o remover magistrados y jueces, así como programar el presupuesto del PJF, con excepción del correspondiente a la SCJN y del Tribunal Electoral.
        
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        Los jueces de distrito se encargan de conocer de los asuntos ordinarios del orden federal, por ejemplo, los delitos federales; asimismo, son autoridad competente en el amparo biinstancial. Su titular es un juez, quien es depositario de la función jurisdiccional en un ámbito territorial determinado, llamado distrito.
        
        Según el art 108 de la LOPJF, los jueces de distrito o jueces federales deben reunir los siguientes requisitos:
        
        Ser ciudadano mexicano por nacimiento,
        
        No haber adquirido otra nacionalidad,
        
        Estar en pleno ejercicio de sus derechos,
        
        Ser mayor de 30 años,
        
        Contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente,
        
        Tener un mínimo de cinco años de ejercicio profesional,
        
        Gozar de buena reputación y
        
        No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año.
        
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        Se integran por un solo magistrado. En términos generales, fungen como la segunda instancia en los asuntos conocidos por los juzgados de distrito.
        
        Sus facultades precisas se enuncian en la LOPJF. De acuerdo con el art 29 de este ordenamiento, les corresponde conocer:
        
        I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado;
        II. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito;
        III. Del recurso de denegada apelación;
        IV. De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo;
        V. De las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo, y
        VI. De los demás asuntos que les encomienden las leyes.
        Los tribunales unitarios de circuito tendrán la facultad a que se refiere la fracción
        XVII. del artículo 11 de esta ley, siempre que las promociones se hubieren hecho ante ellos.
        
        Además de los magistrados, se integran por un secretario de acuerdos, los secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto en términos de lo señalado en el art 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF). Por lo que hace a los tribunales unitarios, éstos tendrán también el número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto.
        
        De acuerdo con la LOPJF, los aspirantes a magistrados deben reunir los requisitos siguientes:
        
        Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos.
        
        Ser mayores de 35 años.
        
        Tener título de licenciado en derecho legalmente expedido.
        
        Haberse destacado por su buena conducta y tener cinco años de ejercicio profesional como mínimo.
        
        El texto del art 97 constitucional dispone que los magistrados de circuito serán nombrados y adscritos por el CJF, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley; es decir, serán inamovibles. La inamovilidad es una garantía que permite a los integrantes del Poder Judicial tener seguridad personal en el ejercicio de su encargo, pudiendo especializarse en beneficio del país; además, es indispensable para la autonomía que requieren en el despacho adecuado de sus funciones.
        
        El mismo precepto autoriza a la SCJN a nombrar uno o algunos magistrados de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.
        
        Podrá solicitar al CJF que investigue la conducta de algún juez o magistrado federal.
        
        Los magistrados nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.
        
        Los magistrados de circuito protestarán al asumir el cargo, ante la SCJN y el CJF.
        
        Los nombramientos y adscripciones de magistrados que realice el CJF podrán ser revisados por el Pleno de la SCJN, únicamente para verificar que hayan sido realizados conforme a las normas que los rigen, según señala el párrafo noveno del art 100 constitucional.
        
        Respecto a la remuneración, son aplicables las mismas reglas que a los ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal Electoral.
        
        Es órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, es la máxima autoridad en materia electoral de nuestro país. Por medio de esta institución, se da certidumbre y definitividad al derecho electoral y a las prácticas democráticas nacionales. Fue creado mediante reforma constitucional publicada en el DOF el 22 de agosto de 1996.
        
        La materia de justicia electoral es ya exclusivamente jurisdiccional, en tanto que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que recaen a los medios de impugnación que se interponen respecto de las elecciones presidenciales, así como de senadores y diputados son definitivas e inatacables, por lo que contra ellas no procede recurso alguno, en el entendido de que el nuevo órgano jurisdiccional actúa como parte del Poder Judicial de la Federación.
        
        Integración del Tribunal Electoral. De acuerdo con el art 99 constitucional, el TEPJF será, con excepción de lo dispuesto en la fracc II del art 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del PJF. Para el ejercicio de sus atribuciones el TEPJF funcionará con una sala superior, así como con salas regionales y sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Además, contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.
        
        La sala superior se integrará por siete magistrados electorales. A su vez, el presidente del TEPJF será elegido por la sala superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.
        
        Designación de los magistrados electorales.** El art 99 constitucional** apunta que los magistrados electorales que integren la sala superior y las regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta de la SCJN. La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.
        
        Respecto a los requisitos de los candidatos, el mismo precepto dispone que los magistrados electorales que integren la sala superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, los cuales no podrán ser menores que los exigidos para ser ministro de la SCJN y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados electorales de la sala superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha sala, según corresponda, en los términos del art 98 de la Constitución.
        
        Por lo que hace a los magistrados electorales que integren las salas regionales, el art 99 señala que deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, los cuales no podrán ser menores que los exigidos para ser magistrado de un tribunal colegiado de circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.
        
        El procedimiento de la designación obedece al carácter eminentemente técnico de la función; los requisitos contribuyen a asegurar la imparcialidad e independencia de los magistrados electorales y, por ende, la autonomía del mismo tribunal.
        
        Remuneración e impedimentos. Las reglas respecto a la remuneración y los impedimentos señalados para los ministros de la SCJN, son igualmente aplicables a los magistrados del Tribunal Electoral. Por un lado, es aplicable el párrafo noveno del art 94, de modo que la remuneración que perciban por sus servicios los magistrados electorales no podrá ser disminuida durante su encargo, cuyo monto deberá establecerse en el presupuesto de egresos. Sus emolumentos deberán ser suficientes, decorosos y adecuados a las altas funciones que tienen encomendadas.
        
        Por otro lado, según el art 101 constitucional, los magistrados de la sala superior del TEPJF no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Tampoco podrán actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del PJF, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro.
        
        Administración, vigilancia y disciplina del Tribunal electoral: El art 99 constitucional dispone que la administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una CCJF, la cual se integrará por el presidente del TEPJF, quien la presidirá; un magistrado electoral de la sala superior designado por insaculación, y tres miembros del CJF.
        
        El mismo precepto establece que el tribunal propondrá su presupuesto al presidente de la SCJN, para su inclusión en el proyecto de presupuesto del PJF; así como también expedirá su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.
        
        Es importante mencionar, que según el mismo artículo, cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis acerca de la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la SCJN, cualquiera de los ministros, las salas o las partes podrán denunciar la contradicción, en los términos que señale la ley, para que el Pleno de la SCJN decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos resueltos.
        
        La organización del TEPJF, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia serán los que determinen la Constitución y las leyes.
        
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      - La composición de la SCJN está definida en el art 94 constitucional, párrafo tercero. Se integra por 11 ministros, que pueden sesionar en Pleno es decir, todos los ministros reunidos o en salas, que son dos.
        
        Las salas se encargan de conocer de las materias civil y penal la primera, y administrativa y laboral la segunda, o sea, el trabajo se distribuye entre ambas en función del carácter del asunto sometido a su consideración. Cada una se conforma por cinco ministros, de tal manera que el presidente de la SCJN no forma sala. Para funcionar, la sala requiere la presencia de por lo menos cuatro ministros.
        
        El Pleno puede funcionar con la presencia de siete ministros, siempre bajo la responsabilidad del presidente.
        
        El procedimiento vigente para designar a los ministros de la SCJN data de las reformas realizadas en 1994. El art 96 constitucional señala que para nombrar a los ministros de la SCJN, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante.
        
        La designación se hará mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere durante dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República.
        
        En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos señalados. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el primer mandatario.
        
        La designación de los ministros se convierte en la práctica en función exclusiva del Ejecutivo, ya que si bien debe someter sus candidatos a la consideración del Senado, después de dos negativas del órgano colegiado está facultado plenamente para nombrar como ministro a quien él elija.
        
        Respecto a su personal interno, la SCJN está facultada para designarlo libremente. El párrafo cuarto del art 97 constitucionall establece que el máximo tribunal impartidor de justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados, sin señalar limitante alguna.
        
        Respecto a la elección del presidente de la SCJN, el párrafo quinto del mismo numeral estipula que cada cuatro años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la SCJN, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.
        
        Cada ministro de la SCJN, al entrar a ejercer su encargo, deberá rendir protesta ante el Senado en los términos siguientes:
        
        Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?.”
        
        Ministro: “Sí, protesto.”
        
        Presidente: “Si no lo hiciereis así, que la Nación os lo demande.”
        
        El art 95 de la Constitución se encarga de enumerar los requisitos que deberán cumplirse para ser electo ministro de la SCJN; así, quien aspire a este elevado cargo necesita:
        
        I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
        
        II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
        
        III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
        
        IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
        
        V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, y
        
        VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.
        
        El mismo artículo recomienda en su parte final que los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
        Esos requisitos pretenden garantizar la idoneidad de los aspirantes a ocupar un puesto en el máximo tribunal del país.
        
        Impedimentos. Un impedimento es una limitación establecida para los ministros; por medio de esas limitaciones la Constitución pretende evitar que éstos se vean inmersos en conflictos de intereses, no sólo durante el tiempo de su encargo sino aún después de éste.
        
        De acuerdo con el art 101 del texto constitucional, no sólo los ministros de la SCJN sino también los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los respectivos secretarios, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y los magistrados de la sala superior del TEPJF no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
        
        El segundo párrafo del referido artículo marca que quienes hayan ocupado el cargo de
        ministro de la SCJN, magistrado de circuito, juez de distrito o consejero del CJF, así como magistrado de la sala superior del TEPJF no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier juicio ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
        
        Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracc VI del art 95 de esta Constitución; es decir, secretario de Estado, Fiscal General de la República, procurador general de justicia de la Ciudad de México, senador, diputado federal, ni gobernador de algún estado o jefe de la Ciudad de México.
        
        Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia. La infracción a lo señalado en este artículo será sancionada con la pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por él, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean.
        
        Al impedir a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación aceptar cualquier desempeño o encargo que pudieran encomendarles otras autoridades, ya sea del orden federal o local, se busca garantizar, de nueva cuenta, no sólo su absoluta imparcialidad en el tratamiento de los asuntos de su competencia, sino también, dada la complejidad de su labor, que se dediquen de manera integral al estudio de dichos asuntos
        
        - Principios básicos
        
        a) En primer lugar, la relevancia del puesto que se adquiere, distintivo para cualquier persona que haya hecho de la práctica del derecho su actividad ordinaria. Ya sea el catedrático, el asesor, el consultor o el litigante, ser distinguido con el nombramiento en cualquiera de los cargos mencionados debe obedecer a merecimientos personales, al haber destacado en el ejercicio de la profesión.
        
        b) En segundo término, no son compatibles el ejercicio del encargo y la dedicación al mismo tiempo a otra actividad, aun cuando no sea remunerada. Es difícil determinar si ciertas comisiones o cargos honoríficos pueden o no influir en el desempeño de la función asignada.
        
        c) Por último, es elemental evitar que el funcionario oficial quede en determinado momento bajo las órdenes de una tercera persona ajena a su función.
        
        La función jurisdiccional no puede, en ninguna circunstancia, admitir que se limite la libertad de que debe gozar el juzgador. A él corresponde decir el derecho, para lo cual necesita forzosamente ser independiente.
        
        Remuneración de los funcionarios judiciales. El párrafo noveno del art 94 dispone que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la SCJN, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros del CJF, así como los magistrados electorales no podrá ser disminuida durante su encargo.
        
        Según el art 75, al aprobarse el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalarse la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley.
        
        Duración de su cargo. El párrafo décimo del art 94 ordena que los ministros de la SCJN durarán en su encargo 15 años, sólo podrán ser removidos de él en los términos del Título Cuarto de la Constitución —es decir, por alguna responsabilidad—, y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber por retiro.
        
        Así mismo, el citado artículo dispone que ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino; de modo que una vez concluido su periodo deberán retirarse, adquiriendo el carácter de jubilados, pudiendo obtener como pensión su sueldo completo.
        Respecto a la jubilación voluntaria, ésta procederá, antes de concluido el periodo constitucional, si el interesado acreditado cumple las condiciones de edad y antigüedad que señalen las normas.
        
        Principio de inamovilidad. Dada la importancia que reviste el cargo de ministro de la SCJN, resulta indispensable la estabilidad en él; la inamovilidad se refiere a que no pueden ser removidos del cargo de manera discrecional, sino sólo en los casos en que la ley expresamente así lo señale.
        
        La inamovilidad judicial de los ministros, mientras dura su encargo, es de carácter absoluto; así, no pueden ser removidos por decisión de alguna otra autoridad, salvo que lleguen a colocarse en uno de los supuestos señalados en el Título Cuarto de la Carta Magna, referente a la responsabilidad de los servidores públicos, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el mismo título.
        Si bien en la actualidad el cargo ya no es vitalicio, subsiste el principio aludido por los 15 años que dura el nombramiento.
        
        Licencias y renuncias. Respecto a las ausencias de los ministros, el texto constitucional establece en el art 98 que cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el art 96 de la Constitución.
        
        Si faltare un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del mismo art 96 de la Constitución.
        Por lo que hace a las renuncias de los ministros de la SCJN, solamente procederán por causas graves, pero serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.
        En cuanto a las licencias de los ministros, el párrafo cuarto del art 98 dispone que cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la SCJN, pero las que excedan de ese tiempo podrá concederlas el Presidente de la República con la aprobación del Senado, sin que ninguna licencia pueda exceder del término de dos años.
        
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  - - - La función de control de la constitucionalidad que realiza le permite elevarse al nivel, y aun por encima de los otros dos poderes, en la defensa del orden constitucional.
        
        De acuerdo con los dos primeros párrafos del art 94 constitucional, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se regula como sigue:
        
        - Capítulo IV
        Del Poder Judicial
        
        CPEUM. Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito.
        La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.
        
        - La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación hace en su art 1o una enumeración más amplia de los órganos que integran este poder, en los términos siguientes:
        
        EI Poder Judicial de la Federación se ejerce por:
        I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;
        II. EI Tribunal Electoral;
        III. Los tribunales colegiados de circuito;
        IV. Los tribunales unitarios de circuito;
        V. Los juzgados de distrito;
        VI. EI Consejo de la Judicatura Federal;
        VII. EI jurado federal de ciudadanos, y
        VIII. Los tribunales de los estados y del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en los casos previstos por el art 107, fracc XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley, deban actuar en auxilio de la Justicia Federal.