Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

FUNCIÓN Y ALCANCE DE LA LEY MERCATORIA - Coggle Diagram

- - - - En el marco de la compraventa internacional existe una regulación material uniforme, la contenida en la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías.
      - La Convención parte de establecer, en el Art. 35, una obligación del vendedor, la entrega de las mercancías "conformes", que se traducirá en su responsabilidad por la falta de conformidad.
      - La conformidad de las mercancías objeto de la compraventa se refiere a unos determinados aspectos que el Art. 35.1 de la CV de 1980 se encarga de explicitar, esto es la calidad, la cantidad, el tipo y el envase o embalaje; y corresponde con lo dispuesto respecto de esos extremos en el contrato.
      - La falta de conformidad de las mercancías recibe un tratamiento común cualquiera que sea su causa. La falta de conformidad es un concepto uniforme que abarca todas las diferencias que presenten las mercancías entregadas por el vendedor respecto a lo pactado, igual los defectos en su envase o embalaje y la entrega de un alliud.
    - - La posibilidad de que el comprador denuncie la falta de conformidad material de las mercancías en el marco de la Convención de Viena de 1980 pasa porque el comprador las examine previamente "en plazo más breve posible atendidas las circunstancias".
      - El momento de la transmisión de riesgo es el momento en el que las mercancías tienen que ser conformes como regla general y con independencia de que la falta de conformidad pueda mostrarse con posterioridad al momento en que se transfiera los riesgos.
      - El examen en destino es autorizado a efectos de posibilitar la denuncia de la falta de conformidad de las mercancías. A dichos efectos es posible realizar el examen una vez que se han transferidos los riesgos, por ello en nada altera el momento en que efectivamente se ha producido tal transmisión.
      - La certificación del vendedor respecto del estado de los bienes puedes preconstituir una prueba de su conformidad, y con ello servir a la evitación de litigios; pero tal certificación no puede equivaler a la conformidad de las mercancías, ni privará relevancia en orden a dotar de seguridad a las transacciones comerciales.
  - - - Art 8.1: refuerza el principio de libertad de pactos ya previstos en el artículo 6 del mismo instrumento. dispone el modo en que han de interpretarse las declaraciones de las partes.
        Art 9: permite que se vincule a cualesquiera prácticas y usos del comercio y sanciona la obligatoriedad de los usos "objetivamente aplicables".
      - Art 35.1: refuerza el valor de la autonomía de la voluntad, al convertir al contrato en la primera fuente para la determinación de las características que han de cumplir o las cualidades que han de tener las mercancías que se entreguen por el vendedor para ser consideradas conformes.
      - No es obligado que se realice una incorporación expresa en el contrato para que determinados usos o prácticas se entiendan también parte de tal contrato, en atención a la voluntad de las partes; además, los usos también complementan las disposiciones reguladoras del tratamiento de la denuncia de la falta conformidad, como la que dispone que dicha denuncia ha de efectuarse por parte del comprador en un plazo razonable.
      - La Lex Mercatoria contribuye a remediar el carácter necesariamente general y abstracto de las normas uniformes convencionales e imprime una mayor agilidad a la contratación, al permitir que las partes prescindan de elaborar un acuerdo expreso y detallado en torno a la cantidad o calidad de las mercancías.
    - - Art 7 de la CV de 1980: la obligación del operador jurídico de interpretar los términos de la Convención atendiendo a su internacionalidad y procurando una interpretación uniforme y conforme al principio de buena fe en el comercio internacional y también establece que si el operador jurídico encuentra una laguna praeter legem en la regulación de la Convención y no obtienen un modo de colmarla a partir de la interpretación analógica.
      - El empleo de los principios generales en materia de conformidad de las mercancías ha comportado que cuando no ha sido posible derivar del contrato las condiciones que han de cumplir las mercancías objeto de compraventa y la aplicación de las condiciones tácticas no ha permitido alcanzar ninguna conclusión al respecto, la determinación de la conformidad se haya efectuado en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la CV de 1980.
      - Los Principios Unidroit pueden ayudar a interpretar cuando la falta de conformidad de las mercancías constituye un incumplimiento esencial a efectos de que el vendedor pueda declarar resuelto el contrato. En efecto, si el carácter esencial o no del incumplimiento viene determinándose de manera principal atendiendo a criterios económicos.
- - - - El vacío legal existente respecto de los contratos internacionales de inspección de mercancías viene siendo colmado a través de las condiciones generales que las sociedades certificadoras emplean en la contratación de sus servicios. Dichos contratos son contratos de adhesión en los que el principal se encuentra ante la consabida tesitura de "tomar o dejar" la contratación en los términos establecidos por la sociedad certificadora, sin poder negociar las condiciones.
      - En las propias condiciones generales ese carácter "take-it-or-leave-it" de los términos preestablecidos se encuentra reforzado por la declaración en ellas contenida de la imposibilidad de altera lo dispuesto en las condiciones si no es a través de acuerdo, que en todo caso se exige que sea por escrito y se sujeta expresamente a una autorización cualificada.
      - En el marco del contrato internacional de inspección las condiciones generales cumplen con la totalidad de las funciones que tradicionalmente desempeñan en el tráfico jurídico. Pero no se dirigen de manera principal a proporcionar una regulación diferente a la contenida en un ordenamiento estatal que pueda carecer de respuestas adecuadas para la relación cuando tiene carácter internacional, sino que pretenden remediar la absoluta carencia de regulación, imprimiendo la necesaria seguridad jurídica al contrato.
      - Existe una diferencia fundamental entre las normas materiales uniformes internacionales y la normas materiales uniformes privadas extraestatales, cual es que mientras aquellas operan al margen de las normas estatales en su ámbito de aplicación, a salvo de la intervención de éstas en la integración de sus lagunas y en su interpretación, así como en la posible aplicación de las normas internacionalmente imperativas. De esta manera, al igual que la admisibilidad y licitud de las "cláusula inspección" final and binding vendrá determinada por la ley aplicable al contrato de compraventa internacional en el que se inserta, la determinación de la eficacia y validez sustancial de las condiciones generales de las sociedades certificadoras se determinarán en aplicación de la ley rectora del contrato internacional de inspección de mercancías.
    - - La importancia de los usos, costumbres y prácticas del sector de la inspección y certificación de mercancías se hace patente en el hecho de que las propias condiciones generales de los contratos de inspección se refieran a ellos de forma expresa, en relación con determinados aspectos del cumplimiento de las obligaciones. De esta forma, pasan a constituir parte del contenido contractual por efecto del reconocimiento de la autonomía de la voluntad de las partes.
      - Es habitual que los usos, prácticas o costumbres integren el contrato, en primer lugar, respecto de la forma en que la sociedad certificadora ha de realizar la inspección de las mercancías en caso de que el principal no haya dado instrucciones precisas al respecto. En segundo, suelen incluirse en lo que respecta a las conclusiones que dicha sociedad alcance en orden a la emisión del correspondiente certificado.
      - La penetración en el contrato de inspección de los usos que desempeñan una función eminentemente ordenadora, esto es, la de los usos "objetivamente aplicables" al margen de la autonomía de la voluntad de los contratantes. sólo puede tener lugar a través de lo dispuesto en la ley aplicable al contrato. La inexistencia de una norma que disponga la aplicabilidad "objetiva" de determinados usos, con base en una ficticia voluntad tácita de las partes, como la presente en la Convención de Viena de 1980, impide que tales usos sean integrados en el contrato de inspección u otra ley aplicable, como ocurre en relación con la lex loci executionis.
      - Si las partes acordasen de forma expresa la aplicabilidad de los Principios Unidroit al contrato de inspección, no sólo se integrarían los "usos objetivos" con carácter general, además, determinadas cuestiones no reguladas por las condiciones generales de las sociedades certificadoras serían también objeto de tratamiento por normas materiales especiales, limitando con ello la intervención de normas estatales y dotando de una mejor regulación a la situación transnacional, en ocasiones precisamente por mor de la toma en consideración de dichos "usos objetivos".
- - - - El Derecho uniforme presenta lógicas limitaciones que la lex mercatoria no es capaz de superar, y respecto de las cuales han de intervenir necesariamente los Derechos estatales. De hecho, la aplicación más importante de las normas estatales tiene lugar en lo que respecta a la integración de las lagunas que presentan las normas materiales, ya sean de fuente convencional, ya privadas, entendiendo el término “laguna” en un sentido amplio.
      - A la hora de delimitar el Derecho aplicable a las lagunas intra legem, las normas convencionales no pueden sino efectuar una remisión genérica a las “normas de DIPr”; pero en ello no cabe ver una peculiaridad sustancial de algunas normas materiales extraestatales, como las condiciones generales de las sociedades inspectoras, cuando incluyen cláusulas de designación de la lex contractus157.
      - La aplicación de los Principios sí permitiría entender que las condiciones generales se incorporan implícitamente al contrato, si tal incorporación representa un uso difundido y regularmente observado por las partes en el sector económico concernido. La aplicación de este instrumento de lex mercatoria puede salvar, de esta manera, una aplicación de la ley estatal que resulta claramente contraria al sentido que adopta la respuesta a la inclusión tácita de las condiciones generales en otras transacciones comerciales internacionales, que tienen una respuesta específicamente elaborada al efecto.
    - - Si existe un diferencia de entidad entre el modo en que intervienen las normas estatales en el marco de una relación regulada por normas materiales convencionales y la forma en que lo hacen cuando la relación se rige por determinadas normas materiales pertenecientes a la lex mercatoria, dicha diferencia radica en la obligación de contención que aquéllas suelen disponer a la hora de dar aplicación al Derecho estatal, tanto en la interpretación de dichas normas, cuanto en la integración de las lagunas que puedan presentar.
      - En consecuencia, no puede considerarse “cuestión de validez” a los efectos de acudir a las acciones dispuestas en los ordenamientos internos para la anulación del contrato; únicamente será posible el recurso a los remedios dispuestos para la falta de conformidad en la propia Convención166. Semejante “interpretación contenida”, sin embargo, no se hallará en el marco de la concreción de las cuestiones reguladas por las condiciones generales de las sociedades certificadoras, de forma tal que las normas estatales verán aumentadas sus posibilidades de aplicación también en atención a la calificación estatal que el operador jurídico en concreto pueda realizar en relación con las cuestiones reguladas o excluidas.