Incentivar la práctica social, técnica – científica y especializada en el Derecho, para asesorar, defender, solucionar o mediar con criterio ético y humanista los problemas jurídicos y sociales de índole constitucional, civil, protección, penal, penitenciario, laboral, mercantil, administrativo, tributario, internacional y público en el contexto político y social.
