INFORME MUNDIAL 2020. MEXICO/HUMAN RIGHTS WATCH
Las violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad en México han continuado durante el gobierno de AMLO, siendo la impunidad la principal característica de todos estos abusos. Aún y todo esto, AMLO creó la Guardia Nacional constituida principalmente por militares y ordenó su accionar contra la migración irregular. Los problemas se incrementan enfatizando el abuso contra migrantes, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos sin omitir limitaciones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
En México el uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculadas al narcotráfico a provocado en aumento de las violaciones generalizadas de los derechos humanos. Las quejas contra el ejercito han aumentado. El Código Militar de Procedimientos Penales y al Código de Justicia Militar otorga facultades extraordinarias a los militares para violar los derechos humanos. La utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública es inconstitucional y violatorio de las obligaciones internacionales de México.
Sistema de justicia penal. El sistema de justicia penal mexicano no proporciona, habitualmente, justicia para las victimas de delitos violentos y violaciones de los derechos humanos. El 98% de los delitos en México se quedan sin resolver. Las excusas incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y, principalmente, la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos.
Ejecuciones extrajudiciales. En noviembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por los reportes de ejecuciones extrajudiciales en México y la impunidad en la que habitualmente quedan estos casos.
Derechos de mujeres y niñas. En 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) manifestó preocupación por la persistencia de patrones de violencia “generalizada” contra mujeres, incluida la violencia sexual. No obstante, el derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen estándares internacionales.
Tortura. En México es habitual que se torture a detenidos para obtener información y confesiones. Las victimas son detenidas arbitrariamente y suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o centros de detención ilegales. Las confesiones así obtenidas se usan como pruebas en procesos penales. Aún con la formulación de leyes, Mecanismo Nacional para
Prevenir la Tortura (MNPT), vinculado con la CNDH, los casos se incrementan y la solución no llega. Hasta noviembre de 2019, la FGR todavía no había cumplido el requisito establecido en la ley
de contar para diciembre de 2017, con infraestructura para un registro nacional de tortura.
Desapariciones forzadas. Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido una problemática generalizada. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones. Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas básicas de investigación para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas desaparecidas que investiguen por su cuenta. Es decir, desde el primer contacto con la autoridad se topan con negligencia y corrupción. Según estadísticas oficiales, hasta agosto se habían hallado 4.874 cuerpos en 3.024 fosas clandestinas en todo el país entre 2006 y 2019. A pesar de la creación de distintas instancias para la implementación de búsqueda de desaparecidos, SNB, las cosas no avanzan como debieran para encontrar a las victimas. Se creó la evaluación
forense nacional para abordar obstáculos en la identificación y el almacenamiento de cuerpos.
No existe información confiable sobre la cantidad de ejecuciones extrajudiciales. La mayoría delos homicidios nunca son judicializados. Las autoridades gubernamentales se limitan a registrar la cantidad de homicidios, pero no las circunstancias de estos hechos. Aunque la Secretaría de Defensa ha señalado que en 2014 dejó de registrar la cantidad de civiles muertos, organizaciones de la sociedad civil manifestaron en 2019 que declaraciones emitidas por el secretario indicaban que esa información existe, pero que la secretaría se ha negado a divulgarla y no ha proporcionado una explicación fundamentada.
Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. Periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones tanto por parte de autoridades gubernamentales como de grupos delictivos. Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. Es común que los defensores de derechos humanos sufren intimidación, criminalización y violencia en México. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca se investigan ni se juzgan.
En 2012, el gobierno federal creó el Mecanismo Nacional de Protección, responsable de dictar medidas de protección para periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, y coordinar su implementación. Entre octubre de 2012 y marzo de 2019, 800 periodistas y defensores solicitaron medidas de protección, y se concedieron 678 de estos pedidos. En julio, la Oficina de la ACNUDH manifestó preocupación por la falta de recursos suficientes para el mecanismo, así como la ausencia de procedimientos claros y los problemas en la coordinaciónde las medidas de protección.
En agosto, la Suprema Corte determinó que las víctimas de violación sexual no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a servicios de aborto, y que los proveedores de servicios de salud no necesitaban verificar que se hubiera cometido un delito para practicar el aborto.
Las mujeres y las niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género. Según datos oficiales, entre enero y julio de 2019, hubo a nivel nacional 540 femicidios, que el derecho mexicano define como la privación de la vida de una mujer debido a su género. Hasta abril de 2018, un registro oficial había contabilizado a 9522 mujeres y niñas desaparecidas
Orientación sexual e identidad de género. La Ciudad de México y otros 18 estados mexicanos han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. En otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar un recurso de amparo para que se les permita contraer matrimonio. En 2015, la Suprema Corte determinó que la definición única de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer es violatoria de la Constitución. En mayo, la Suprema Corte resolvió que se debía autorizar a una pareja del mismo sexo de Aguascalientes a inscribir a su hijo, una decisión que protege el interés superior del niño y reivindica lo principios de igualdad y no discriminación
Migrantes y solicitantes de asilo. Migrantes que atraviesan el territorio de México frecuentemente sufren abusos y violaciones de derechos humanos. En algunos casos, se ha señalado que estarían implicadas autoridades gubernamentales. Entre enero y septiembre de 2019, la CNDH recibió 599 quejas de abusos contra migrantes, en su mayoría contra miembros de la policía federal. Los solicitantes de asilo son enviados de regreso, muchos hacia condiciones peligrosas e inhabitables, y con obstáculos importantes a la posibilidad de obtener representación legal y una audiencia justa. E.U. ha presionado a México para que contenga el paso de migrantes hacia el norte y México ha obedecido de forma lacaya.
Los centros de detención de migrantes gestionados por el gobierno están desbordados, y los migrantes allí detenidos experimentaban condiciones inhumanas.
Con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 2018 la agencia de refugiados de México otorgó la condición de refugiados a casi 5.000 personasprocedentes de Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala.
La CNDH dictó medidas de protección a favor de un albergue en los estados mexicanos norteños de Sonora y Coahuila, luego de que miembros de la Guardia Nacional intentaran ingresar para revisar el estatus migratorio de las personas que estaban allí, en contravención a lo establecido por el derecho mexicano.
Derechos de las personas con discapacidad. En sus observaciones finales sobre México de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad concluyó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves deficiencias, como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.
En julio, en respuesta a un caso presentado por cinco personas transgénero en Querétaro, un juez federal determinó que las personas trans deben tener la posibilidad de cambiar sus nombres e identificadores de género en los certificados de nacimiento, a través de un procedimiento administrativo sencillo ante el Registro Civil.
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el órgano de alto nivel que coordina las acciones para implementar los derechos de las personas con discapacidad a nivel federal y con las autoridades de los estados.
Actores internacionales clave. Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Comité contra la Tortura de la ONU. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU. Comité de la ONU contra las
Desapariciones Forzadas. Comité de Derechos Humanos de la ONU. Desde 2007, Estados Unidos ha destinado casi USD 2.900 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida para colaborar con el país en la lucha contra la delincuencia organizada.
CONCLUSIONES. Los Derechos Humanos son fundamentales para vivir con dignidad y respeto. Pero para que logremos esto es necesario, primeramente, conocerlos y ante una injusticia hacerlos valer por que de lo contrario no servirían de nada. Los Derechos Humanos son compartidos por todas las personas con independencia de su lugar de nacimiento, raza, religión, preferencias sexuales, ideología, etc., por todo esto es importante luchar para que el gobierno mexicano acate todas las disposiciones internacionales a las que se ha comprometido. No basta con reformas constitucionales aprobadas y publicadas, hay que exigir la dedicación y compromiso de funcionarios públicos, jueces, organizaciones sociales, etc. y todos nosotros para lograr que la justicia llegue a todos sin ningún tipo de discriminación. El punto medular es el control de las fuerzas armadas que son las principales violadoras de los derechos humanos de nuestro país, es necesario someterlas al contexto institucional con un marco jurídico que las haga responder ante las autoridades civiles y de ninguna manera solo ante las autoridades militares. Desafortunadamente, el gobierno actual le ha otorgado poder y recursos como nunca antes a los militares. Revertir esto será nuestro gran reto en los años por venir, para comenzar a implementar de manera eficaz y total el respecto de los Derechos Humanos.