Se carece de un marco legal que defina el derecho a la alimentación, y la creación de un sistema en torno a este derecho que determine su estructura, marco normativo, modelo de gobierno multinivel con participación de la sociedad civil, funciones, responsabilidades, mecanismos de articulación nación y entidades territoriales, financiamiento, instancias e instrumentos de monitoreo y seguimiento, y vías administrativas y judiciales para la reivindicación del mismo.