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DERECHO DE LOS TRATADOS, Gonzalez Arellano Aura Adriana - Coggle Diagram

- - - - Propuesta de enmiendas
      - Distribución de propuestas de enmienda
      - Aprobación de enmiendas
      - Consentimiento de las partes en obligarse por las enmiendas
      - Entrada en vigor de las enmiendas
      - Efectos de las enmiendas: 2 enfoques
        
        Sólo a los Estados que hayan aceptado formalmente la enmienda
        
        En algunos casos, a todos los Estados partes en el tratado.
      - Estados que pasan a ser partes después de la entrada en vigor de una enmienda.
- - - - Es una declaración unilateral
        
        Es habitualmente individual, aunque nada impide una formulación conjunta por varios Estados u OI.
        
        Se caracteriza por su dependencia de un tratado, sea en su formulación o en la producción de efectos jurídicos.
        
        Dada su naturaleza unilateral, su contenido no esté pactado de antemano.
        
        La reserva negociada es una especie de opción en la cual se prevé su contenido y los sujetos facultados a prevalerse de ella.
      - Es una declaración formal, que se hace por escrito
        
        Se comunica por su autor o el depositario a los demás sujetos contratantes y facultados para llegar a ser partes en el tratado con el propósito de informarles y dar pie a su reacción.
        
        Todos los actos relacionados a la reserva (objeción, aceptación expresa, retirada de la reserva) se han por escrito y se comunican a los sujetos por las mismas vías (arts. 23, 1, 4 y 78.a).
        
        Las comunicaciones por correo electrónico o telefax han de ser confirmadas por nota diplomática o notificación al despositario.
        
        La reserva y sus actos se entenderán hechos cuando hayan sido recibidos por el sujeto al que fueron transmitidos (art. 78.b).
      - Manifestación del consentimiento al momento de su formulación
        
        La reserva se formula en el momento de la manifestación del consentimiento del sujeto al obligarse por el tratado (arts. 2.1.d y 19.1) o en la notificación de sucesión del nuevo Estado (art. 2.1.j).
        
        Es común que las reservas se integren en el mismo instrumento donde consta la voluntad del Estado y se comuniquen al perfeccionar dicho consentimiento.
        
        Reservas embrionarias
        
        Es la reserva formulada al autenticar el texto del tratado.
        
        Las disposiciones de Viena exigen que sea confirmada formalmente por su autor al manifestar el consentimiento en obligarse, considerando la fecha de esa confirmación determinante de su régimen jurídico (art. 23.2).
        
        Ofrece una cobertura jurídica a las reacciones de los demás, pues su aceptación u objeción no requieren confirmación una vez que la reserva se ha formalizado (art. 23.3).
        
        Reservas tardías
        
        Si el tratado permite la formulación de reservas tras la manifestación del consentimiento, suele circunscribirla a las expresamente autorizadas o en relación con las no previstas, a la aceptación de los demás tratantes.
        
        La Secretaría del Consejo de Europa es hostil porque sienta un precedente peligroso, pero el Secretario General de Naciones Unidas es más permisivo, siempre que medie la aceptación unánime de los demás contratantes.
        
        Con la objeción de una reserva tardía que rompa la unanimidad entre los contratantes, el tratado entrará o seguirá en vigor al Estado u OI que haya solicitado la reserva.
      - Vinculación a los tratados multilaterales
        
        Al adoptarse el texto de un tratado bilateral de común acuerdo, las reservas son en este momento impensables. Su formulación posterior, con ocasión de la manifestación y perfeccionamiento del consentimiento, revelaría la ruptura del acuerdo preexistente sobre el texto del tratado, lo que constituiría una oferta de renegociación que, de ser aceptada, permitiría la conclusión del tratado y, de no serlo, la impediría.
      - Su objeto es excluir o modificar los efectos jurídicos
        
        De ciertas disposiciones del tratado en relación con su autor, siempre que ellos sea posible.
        
        Encuentra un límite en el ius cogens internacional y en la misma compatibilidad de la reserva con el objeto y el fin del tratado (art. 19.c).
        
        La vinculación a ciertas disposiciones del tratado destierra las reservas generales, redactadas en términos "vagos o amplios para que pueda apreciarse el sentido y el ámbito de aplicación exactos".
        
        Lo más común es la declaración mediante la que un Estado proclama la superioridad de su Derecho interno, religión, cultura o valores sobre los compromisos derivados del tratado.
        
        Por ejemplo: los Estados islámicos a tratados de derechos humanos.
        
        La CDI propone integrar las reservas transversales, dirigidas a la totalidad del tratado pero circunscritas a aspectos específicos del mismo, a circunstancias determinadas o excluyendo o modificando la aplicación del tratado a un determinado territorio.
        
        Reservas de exclusión
        
        Tienen por objeto descartar la aplicación de cláusulas determinadas de un tratado, algunos de sus párrafos o apartados.
        
        No ha de pretender la exclusión de partes enteras del tratado.
        
        La CDI incorpora reservas aceptadas de antemano y no susceptibles de objeción. Pero en la práctica hay tratados con cláusulas de exclusión y de prohibición de reservas.
        
        Reservas de modificación
        
        Tienen por objeto limitar o reducir los efectos jurídicos de disposiciones determinadas de un tratado (o del tratado en su conjunto con respecto a ciertos aspectos específicos).
        
        Aspira a facilitar la participación en el tratado marginando o suavizando obligaciones.
        
        La declaración unilateral para asumir obligaciones que ensanchan el alcance del tratado no es una reserva. Tampoco la declaración que agrega nuevos elementos al tratado.
        
        Sí es una reserva la declaración que tiene por objeto cumplir una obligación en virtud del tratado de una manera diferente pero equivalente a la impuesta por el tratado.
      - Su denominación
        
        La denominación que se dé a una declaración unilateral formulada a un tratado no prejuzga en uno u otro sentido su condición de reserva (art. 2.1.d CV).
        
        Es el efecto que la declaración persigue, y no el nombre que reciba, lo que determina su naturaleza y régimen jurídico.
        
        Si un Estado llama reserva a su declaración, es lógico esperar que los demás reaccionen frente a ella como a la reserva corresponde (aceptándola u objetándola); pero no lo será en caso contrario.
  - - - La aceptación expresa por un Estado de la reserva prohibida formulada por otro permita establecer entre ambos las bases de un acuerdo modificativo del tratado en la medida en que éste sea posible.
      - En la práctica, el problema es de calificación. Hay prohibiciones cuya aplicación es poco menos que mecánica (por ej., las identificadas por el número de los artículos) por ser, en la terminología reciente de la CDI, manifiestamente inválidas pero otras obligan a estimaciones subjetivas, como las que rechazan las reservas de carácter general.
    - - Sea con carácter general o puntual, no se exige la aceptación ulterior de los demás contratantes, a menos que el tratado disponga otra cosas (art. 20.1).
      - La Convención no ofrece base para hablar de reservas implícitamente autorizadas. Las reservas no prohibidas han de ser compatibles con el objeto y fin del tratado y, por lo tanto, su tratamiento es el de las reservas no previstas por el tratado.
      - La autorización expresa de reservas no implica que los contratantes se hayan despojado de la facultad de objetarlas y estén obligados a pasar por todas ellas, primero porque estas reservas no escapan a la exigencia de compatibilidad con el objeto y fin del tratado.
  - - - máximo, si el autor de la objeción manifiesta inequívocamente la intención de impedir la entrada en vigor del tratado en sus relaciones con el reservante (art. 20.4);
      - mínimo, de no expresar tal intención, en cuyo caso las disposiciones concernidas “no se aplicarán entre los dos Estados en la medida determinada por la reserva” (art. 21.3).
- - - - Art. 44: se ocupa de la cuestión sobre si la invalidez de un tratado o la continuación de su validez es sólo con relación al tratado considerable en su integridad o se puede hacer valer respecto de ciertas disposiciones.
        
        Numeral 1: precisa que el derecho de las partes para hacer valer la denuncia, el retiro o suspensión de la aplicación del tratado aplica respecto a la totalidad de las disposiciones del tratado, excepción hecha de aquellos casos que el tratado establezca cláusulas especiales; presunción.
        
        Numeral 2: establece como regla el principio de la integridad de las disposiciones del tratado y como excepción el de la divisibilidad de las mismas, surte efectos respecto a la totalidad del tratado.
        
        Numeral 3: establece las condiciones que debe cumplir la causa de nulidad, terminación, de retiro de una de sus partes o de la aplicación de las disposiciones del tratado para que en sus efectos jurídicos pueda separarse de las otras cláusulas. Tres condiciones:
        
        Cuando la causa afecta a cláusulas claramente separables “del resto del tratado”.
        
        Siempre que la aceptación de la cláusula no haya “constituido para la otra parte o las otras partes en el tratado la base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado”.
        
        Si la “continuación del cumplimiento del resto del tratado es injusta”.
        
        Numeral 4: casos de dolo (art. 49) y de corrupción del representante de un Estado (art. 50) tienen una regulación especial, el Estado víctima de dolo o corrupción puede optar entre anular el tratado integralmente o solo aquellas cláusulas que se relacionen con el dolo o corrupción.
        
        Numeral 5: no se admitirá división de las disposiciones del tratado para los casos de coacción sobre el representante del Estado, sobre un Estado por la amenaza o uso de la fuerza o de aquellos tratados que contengan disposiciones que se encuentren en contradicción con una norma imperativa de Derecho Internacional o de “Jus cogens”.
      - Art. 45: un Estado no podrá hacer valer una causa de nulidad, terminación, retiro o suspensión por violación a las normas o obligaciones, error, dolo, corrupción, cuando a convenido de manera expresa en que no obstante incidir tales causas de invalidez.
        
        Inciso b: consentimiento expreso o tácito → silencio calificado -“aquiescencia”- en el DCI. Se tiene que comprobar que la conducta del Estado se puede reputar como una manifestación de su consentimiento para que el tratado siga en vigor o continúe su aplicación.
        
        Establece que la prohibición para que un Estado parte que lo ha consentido haga valer la nulidad de un tratado con fundamento en las causas relativas a violaciones a las disposiciones del sistema jurídico nacional de las partes concernientes a la competencia para celebrar tratados (art. 46), restricción específica en los poderes para manifestar consentimiento (art. 47), error (art. 48), dolo (art. 49) y corrupción (art. 50). Por la gravedad de la coacción sobre el representante de un Estado (art. 51) o sobre el Estado (art. 52) y de la violación de normas jus cogens (art. 53).
        
        Por la aceptación tácita o expresa de la violación de las disposiciones de un tratado (art. 60), de la imposibilidad subsiguiente de su cumplimiento (art. 61) y de un cambio fundamental en las circunstancias (art. 62) también quedará un Estado parte impedido para hacer valer la terminación o suspensión del acuerdo.
- - - - Violación del Derecho interno concerniente a la competencia para celebrar el tratado (art. 46)
        
        Requisitos para que se cumpla:
        
        1. Que afecte a normas de importancia fundamental. Para los Estados es la Constitución, las leyes del bloque de constitucionalidad y las leyes especiales sobre los tratados. Para las OI es su tratado constitutivo. Solo serán las normas internas vigentes al concluirse el tratado, no las anteriores ni posteriores.
        
        Que la norma concierna a la competencia para celebrar tratados. Para los Estados son las que prescriben la autorización parlamentaria y para las OI las que delimitan su capacidad convencional.
        
        Que la violación del Derecho interno sea manifiesta. Es decir, la que resulte evidente a todos.
      - Inobservancia de restricción específica del plenipotenciario (art. 47)
        
        Las restricciones específicas de los poderes de un representante para manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado podrán ser alegadas si con anterioridad a dicha manifestación han sido puestas en conocimiento de los demás negociadores.
        
        Es el supuesto en que el representante manifiesta el consentimiento desdeñando las instrucciones recibidas.
        
        Se prescinde de las extralimitaciones del plenipotenciario en relación con actos previos a la manifestación del consentimiento.
        
        Las restricciones reservadas, no notificadas a los otros negociadores, son irrelevantes internacionalmente. Se trata de proteger la seguridad de las transacciones internacionales.
    - - El error (art. 48)
        
        “un hecho o una situación cuya existencia diera por supuesta (quien la invoca) en el momento de la celebración del tratado” y ha de quedar reflejada en éste (art. 48.1).
        
        Condiciones para que un error de hecho sea válido:
        
        El hecho o situación supuestamente existente al celebrarse el tratado fue base esencial del consentimiento, es decir, el consentimiento no se habría prestado de no mediar el error.
        
        El error no fue imputable, por acción u omisión, al sujeto que lo alega; no ha de resultar de su negligencia o ignorancia culpable.
        
        En la práctica estos problemas suelen ser resueltos mediante negociación.
        
        No ha de confundirse con la pura equivocación material en la redacción del texto del tratado (art. 48.3), caso en el que procede una corrección (art. 79).
        
        Un error material deja de serlo desde el momento en que uno de los contratantes no está dispuesto a corregirlo.
      - El dolo (art. 49)
        
        Supone que el sujeto que lo alega ha manifestado su consentimiento inducido por la conducta fraudulenta de otro negociador.
        
        Sus elementos constitutivos son:
        
        Un elemento material: una conducta fraudulenta que engloba “toda declaración falsa, toda presentación inexacta de los hechos y otros procedimientos engañosos”.
        
        Un elemento psicológico: la intención o propósito de equivocar, de provocar el error de otro u otros negociadores.
        
        Un resultado: la maniobra fraudulenta induce efectivamente a quienes la padecen a un error que es determinante en la expresión de un consentimiento que, de no mediar aquélla, no se habría manifestado.
        
        No hay dolo cuando una parte, conocido el error —por él no inducido— en que incurre otra, se limita a explotarlo o aprovecharlo, o cuando el error ha sido originado por informaciones inexactas suministradas de buena fe. En el dolo se está sancionando la intención maliciosa de inducir a error al otro sujeto.
      - La corrupción del representante (art. 50)
        
        El afectado podrá alegar esa circunstancia como vicio de su consentimiento.
        
        “Solamente los actos concebidos con el propósito de ejercer una influencia fundamental en la disposición del representante para concertar el tratado pueden alegarse como vicio del consentimiento que se supone manifiesta el representante en nombre de su Estado”, pero no “cualquier pequeño favor o cortesía” de que pueda ser objeto con motivo de la celebración de aquél.
        
        Exigencias para que la corrupción opere como causa de nulidad:
        
        Los actos han de proceder, directa o indirectamente, de otro sujeto negociador; no basta con probar que un representante ha sido corrompido si este hecho no puede, de una u otra forma, imputarse a otro Estado (u Organización) negociador (a);
        
        Los actos se realizan con la intención de ganar la voluntad del representante para concertar el tratado. La naturaleza y cuantía de tales actos serán indiciarios de esa intención, debidamente contextualizados;
        
        Como consecuencia de tales actos se consienten obligaciones que, de no mediar corrupción, no se habrían consentido. Ha de advertirse que quién alega la corrupción no ha de probar, para que surta efectos, una relación de causalidad con la manifestación de voluntad en obligarse por el tratado.
        
        En el ámbito de las inversiones extranjeras y los contratos públicos entre Estados y corporaciones foráneas, especialmente en países en desarrollo, algunos de ellos fallidos esta corrupción es frecuente.
      - La coacción sobre el representante (art. 51)
        
        "la manifestación del consentimiento de un Estado o una OI en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico”.
        
        Índole de los comportamientos que pueden considerarse coactivos.
        
        El artículo 51, al referirse a una coacción mediante actos o amenazas, aspira a comprender «todas las formas de intimidación o violencia», incluyendo las que afectan a la integridad física y a la libertad como las que se ciernen sobre la carrera, el patrimonio, la situación social o familiar de la víctima, tal vez sometida al chantaje.
        
        Los actos y amenazas con que se pretende coaccionar al representante han de dirigirse contra él como persona y no como órgano del Estado (o de la OI).
        
        Abarca los actos realizados en cualquier etapa de la formación del tratado siempre que hayan podido influir en la posterior manifestación del consentimiento.
        
        Se distancia de la corrupción por lo que hace a la imputación de los actos en que ambas se concretan. El artículo 51, a diferencia del 50, no exige que la autoría directa o indirecta de la coacción corresponda a otro sujeto negociador; la coacción puede provenir de cualquiera.
    - - Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios del Derecho Internacional (DI) incorporados en la Carta de Naciones Unidas.
      - Es una consecuencia lógica de la prohibición de la amenaza y del empleo de la fuerza en las relaciones internacionales y su alcance se vincula al de dicha prohibición, en la fecha de conclusión del tratado.
      - No se requiere que el uso o la amenaza de la fuerza sean imputables a otro sujeto negociador para que la causa opere.
      - Las situaciones más problemáticas son con los protectorados de facto.
        
        Las autoridades locales conservan formalmente todas sus competencias, pero las ejercen al dictado de los agentes del protector.
        
        En circunstancias extremas más que de nulidad podría hablarse de inexistencia del acuerdo por privación sustancial de la capacidad de obrar de los órganos estatales.
      - Cuando la relación es clientelar la coacción no es necesaria, basta con corromper las instituciones y quienes las encarnan. Es difícil de probar en sede judicial lo que socialmente es comúnmente admitido.
      - Esta causa de nulidad no afecta a la imposición de obligaciones a un Estado agresor como consecuencia de medidas adoptadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas (art. 75).
    - - “es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de Derecho Internacional general”.
      - La Convención de Viena proclama el límite que encuentra la libertad de los sujetos a la hora de fijar el contenido de sus obligaciones jurídicas.
      - El acuerdo de Münich, suscrito el 30 de septiembre de 1938 por Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, como una manifestación prototípica de nulidad por su incompatibilidad con normas imperativas del DI. Se aceptaba la incorporación a Alemania de la región de los Sudetes, habitada mayormente por alemanes pero que pertenecía a Checoslovaquia.
  - - - han convenido expresamente que el tratado es válido,
      - se han comportado de tal manera que debe considerase que han dado su aquiescencia a la validez del tratado o renunciado a alegar su nulidad (art. 45).
  - - - Quien sostenga que un tratado es nulo debe notificarlo por escrito a las demás partes señalándoles causa y razones (arts. 65.1 y 67.1).
        
        Esta iniciativa puede ser espontánea o derivada de la necesidad de dar una respuesta a una exigencia de cumplimiento del tratado (art. 65.5)
        
        La declaración constará en un instrumento solemne firmado por el Jefe del Estado, Presidente del Gobierno o Ministro de Asuntos Exteriores y se comunicará a las demás partes. De no cumplir este requisito, se podrá invitar al comunicante a que presente sus plenos poderes (art. 67.2).
      - Transcurridos tres meses (salvo casos de especial urgencia) desde la recepción de la notificación sin que ninguna de las partes haya formulado objeciones, el notificante podrá adoptar la medida propuesta, haciéndolo constar en un instrumento que será comunicado a las demás partes (arts. 65.2 y 67.2 CV).
      - De formularse objeción, surgirá una controversia a la que las partes deberán buscar, en los doce meses siguientes, una solución a través de los medios de arreglo pacífico enumerados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas (arts. 65.3 y 66.1)
      - Si transcurrido este plazo no se encuentra una solución el procedimiento a seguir variará según la causa de nulidad que se alegue:
        
        Si es por su oposición con una norma de «ius cogens» cualquiera de las partes en la controversia podrá, mediante solicitud escrita, someterla a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, salvo que de común acuerdo decidan acudir al arbitraje (art. 66.a).
        
        Si la controversia versa sobre otra causa de nulidad, cualquiera de las partes en la controversia podrá iniciar el procedimiento de conciliación, regulado en el Anexo de la Convención, presentando a tal fin una solicitud al Secretario General de NU (art. 66. b).
  - - - El principio de divisibilidad se impone siempre que se trata de una violación de una norma de Derecho interno relativa a la competencia para celebrar tratados, de una inobservancia de las restricciones del representante para manifestar el consentimiento y de un error, a condición de que:
        
        dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que respecta a su aplicación;
        
        se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptación de esas cláusulas no ha constituido para la otra parte o partes una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto;
        
        la continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta. De ser así se impone la nulidad parcial, limitada a las disposiciones afectadas por la causa apreciada (art. 44).
      - *En los supuestos de dolo y corrupción del representante el principio de divisibilidad, cumplidas estas condiciones, no es obligatorio, sino facultativo. La víctima será quien decida si se acoge a él o prefiere una nulidad total.
    - - el tratado nulo lo es ab initio y no sólo desde la fecha en que se ha alegado la causa de nulidad. Así se desprende del art. 69.1 cuando afirma que “las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica”.
      - La producción de efectos ex tunc corresponde a la lógica de unas causas que están vinculadas a la existencia de defectos o vicios del tratado en su origen.
      - El problema se plantea cuando la alegación y declaración de nulidad se producen en un momento en el que el tratado ya está en ejecución o ha sido total o parcialmente ejecutado.
      - En estos supuestos las reglas son:
        
        la eliminación de las consecuencias de los actos ejecutados con base en el tratado nulo y el restablecimiento de la situación anterior a su realización han de llevarse a cabo sólo en la medida de lo posible (art. 69.2.a);
        
        la restitutio ad pristinum es, salvo en el supuesto del artículo 53 (ius cogens) en que constituye un deber, un derecho, cuyo alcance puede ser negociado por las partes no culpables (es decir con exclusión del sujeto que provocó el dolo, la corrupción o la coacción, art. 69.3).
      - Añádase que los actos ejecutados de buena fe antes de la alegación de la causa no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad (art. 69.2.b); esto es, de ellos no puede derivarse una reparación.
    - - la nulidad se circunscribirá a las relaciones entre quien la invoca y las otras partes (art. 69.4), lo que permite salvar, en principio, la supervivencia de los tratados multilaterales.
      - si la nulidad viene producida por la coacción sobre el sujeto o la oposición del tratado con una norma de ius cogens, su apreciación afectará a todas las partes en el tratado.
- - - - Referencias: Remiro Brotóns, Antonio, et al., “Las reservas”, en Derecho Internacional, Tirant Lo Blanch, España, 2010, pp. 284-307. Remiro Brotóns, Antonio, et al., “Tema 10. Patología y revisión de los Tratados” en Derecho Internacional, Tirant Lo Blanch, Valencia-España, 2010, pp. 311-320. Rojas Amandi, Víctor, “Capítulo VIII. Invalidez de los Tratados” en Derecho de los Tratados, Tirant Lo Blanch, México, 2014, pp. 212-247. Sección de tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU, Manual de tratados, pp. 12-16 y 26-28.