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LA RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE SUS AUTORIDADES Y…

- - - - Las Administraciones de las Comunidades Autónomas
      - las Entidades que integran la Administración Local
      - La Administración General del Estado
      - Sector Público Institucional
- - - - que pueda evaluarse y cuantificarse económicamente
        
        La evaluabilidad del daño implica la posibilidad de traducir en términos económicos monetarios el valor del daño sufrido.
      - que sea individualizable
        
        Es decir, se predica con respecto a una persona o grupo de personas e implica un sacrificio especial.
      - real y efectivo
        
        que implica una pérdida: patrimonial (daño emergente), así como pérdida de ganancia (lucro cesante),
        
        El carácter efectivo del daño es lo que permite su valoración real en términos económicos para proceder a la indemnización individualizada.
      - antijurídico
        
        Debe ser una lesión que el particular no tenga la obligación de soportar, por lo que tiene carácter ilícito o contrario al ordenamiento que obliga a la Administración a responder.
    - - regula estos principios de la responsabilidad, especifica que debe existir relación causa-efecto entre la actividad administrativa y lesión producida.
  - - - Es la persona que tiene derecho a ser indemnizada por sufrir un perjuicio que no tiene obligación de soportar. La jurisprudencia ha interpretado que el término “particulares” incluye tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas distintas de la Administración, e incluso el Tribunal Supremo ha admitido a otras entidades administrativas distintas de la causante del daño (en concreto a los Ayuntamientos).
    - - son las Administraciones Públicas. El daño se imputa exclusivamente a las Administraciones Públicas, ya actúe de forma directa o indirecta a través de otras entidades públicas o privadas, lo que obliga a matizar la responsabilidad de los colaboradores externos que no pueden considerarse como parte de la Administración
  - - - El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo
      - En los casos de lesión consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que lo declare como tal.
- - - - Iniciación
        
        Ordenación
        
        Instrucción
        
        Finalización
        
        Ejecución
        
        De forma general, los actos serán inmediatamente ejecutivos
        
        En cuanto a terminación normal con la resolución, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá (en el ámbito de la Administración General del Estado, se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros) o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo, pronunciándose sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización. Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular
        
        Además, se puede dar la terminación anormal cuando acaba sin acto o resolución final, y puede producirse por desistimiento, renuncia, caducidad, imposibilidad material de continuarlo, causas sobrevenidas o por silencio administrativo
        
        En los casos de terminación convencional de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización
        
        Cuando las indemnizaciones reclamadas superen cierta cuantía, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma
        
        En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial
        
        En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable
        
        Por otro lado, el trámite de audiencia, en el caso de daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento
        
        que son las medidas que conduzcan a su fin y que constituyan el expediente administrativo del acto, tal y como se ha desarrollado previamente
        
        De igual modo, los interesados podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, solo cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. En la solicitud deberán especificar las lesiones producidas y el momento en que se produjo, la presunta relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial
        
        En el inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos, se deberá individualizar la lesión producida y el momento en que se produjo, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público y su evaluación económica
        
        Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. El acuerdo de iniciación se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente (…)
    - - artículo 96 de la Ley 39/2015
        
        se puede llevar cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen
        
        Cuando sea en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. Debiendo ser resuelto en 30 días a contar desde que se notifique al interesado la tramitación simplificada
  - - - Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del resultado dañoso
      -  El procedimiento para la exigencia de dicha responsabilidad, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados