La Constitución establece que los poderes públicos Ayuntamientos, CC.AA., estado, Europa…) están obligados a garantizar la defensa delos consumidores y usuarios, protegiendo su seguridad, salud e intereses económicas. Asimismo, deberán promover la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentando sus organizaciones. Todo esto se desarrolla a través de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.