La consolidación supone, entonces, dos características generales. En primer lugar, asumir que las tareas de constitución del régimen han sido resueltas: la central, que la legitimidad del régimen derive de procesos electorales confiables y limpios; además, que el régimen mismo sea estable, y que se garanticen a plenitud los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, aun cuando pueda haber carencias en la satisfacción de algunos derechos sociales (en contraste con la posición del PNUD).
